Holguín.-Un grupo de ambiciosos receptadores da vida a quienes saquean el aceite dieléctrico de los transformadores. Ambos elementos de esa nefasta cadena delictiva deben ser extirpados sin contemplación. Solo así será posible poner fin a un mal que, lamentablemente, tiende al incremento en esta provincia.
Los datos lo confirman. De acuerdo con Eduardo Gutiérrez Estrada, especialista principal de Seguridad y Protección en la Empresa Eléctrica Holguín, hasta la fecha en el territorio se reportan 28 casos de sustracción del lubricante.
Uno de los más recientes ocurrió en Levisa, Mayarí. El saldo fue la afectación de los residentes en esa localidad y en comunidades cercanas a Nicaro y Cabonico.
En Moa, de un transformador ubicado en una subestación del lugar, los delincuentes extrajeron 3 000 litros del lubricante, dejando a alrededor de 2 000 personas sin servicio eléctrico.
Otro de esos golpes nefastos sufrieron, en junio pasado, 69 familias del barrio Las Torres, en Urbano Noris.
Reynaldo Castellanos Pérez, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial de Holguín, precisó que en estos momentos existen casos de delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en procesos de Instrucción y en poder del Tribunal, estos últimos en espera de la realización del juicio oral. Todos, dijo, ajustados al debido proceso y las garantías correspondientes.
Por su impacto, comentó, se procesan con la máxima severidad que establece el Código Penal, que en el Artículo 125 tipifica a la extracción de aceite dieléctrico como delito de sabotaje, al afectar infraestructuras críticas del país. Las penas van de siete a 15 años de prisión, y pueden llegar hasta los 30 o a cadena perpetua, si el hecho causa daños graves o accidentes.
Asimismo, en su mayoría se trabajan por el Órgano Provincial de la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado.
Aunque el debido proceso y las garantías que este ofrece impiden que una persona sea privada arbitrariamente de su libertad, y para ello se establecen plazos y verificaciones inviolables, eso no es, en ningún caso sinónimo de impunidad.
Una publicación de la Unión Eléctrica Nacional (UNE) confirma que la totalidad de los condenados, entre enero de 2025 y marzo de 2026, por delitos contra el SEN, recibió sentencias superiores a los 10 años de cárcel.
Sin embargo, no siempre se habla de lo sucedido y de lo que debe suceder con los receptadores del aceite extraído, personajes que aparecen en la primera línea de este comentario. Pues bien, las autoridades de Holguín, al amparo de la legalidad y con el empleo de los organismos capacitados para hacerlo, planean emprender verificaciones de vehículos, sobre todo camiones, de manera que si se les comprueba que utilizan aceite dieléctrico o trasiegan con él, serán confiscados.
De ser aplicada, la medida devendrá severo golpe para los que hasta ahora priorizan sus intereses sin importar el mal que causan al SEN y a miles de compatriotas y, ¿por qué no?, se alinean con quienes han tendido el cerco energético a Cuba.
La integralidad de la batalla contra las acciones vandálicas no puede descuidar el restablecimiento de cercas perimetrales de los bancos de transformadores, el sellado de las válvulas de estos y el incremento de los recorridos y chequeos a las subestaciones, entre otras medidas establecidas por la UNE.
Por supuesto que es indispensable que el pueblo, el mayor afectado, también responda con mayor vigilancia a nivel comunitario.
