El preso político y miembro activo del Partido Republicano de Cuba, Yosvany Rosell García Caso rechazó una propuesta para abandonar Cuba junto a su familia como vía para recuperar la libertad, según denunció su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.
De acuerdo con el testimonio de Rodríguez Sánchez, agentes de la Seguridad del Estado abordaron al opositor holguinero y le plantearon la posibilidad de salir de prisión mediante un parole humanitario que permitiría su traslado a Estados Unidos acompañado por sus familiares.
Rosell, condenado a 15 años de cárcel por sedición tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín, se negó a aceptar la propuesta.
Su respuesta fue transmitida públicamente por su esposa: “Que se vayan ellos”.
Según Rodríguez Sánchez, el día en que Rosell recibió la propuesta las autoridades penitenciarias alteraron el horario habitual de su llamada familiar. El preso político acostumbraba a comunicarse alrededor de las 9:00 de la mañana, pero esa vez pudo hacerlo cerca de las 11:00.
Durante la conversación informó a su esposa de lo ocurrido y dejó claro que no estaba dispuesto a abandonar Cuba como condición para recuperar la libertad.
“¿Por qué abandonar su patria?”, cuestionó Rosell en el mensaje difundido por Rodríguez Sánchez. El opositor sostuvo que quienes deberían marcharse son los responsables de la situación que atraviesa el país.
Su esposa respaldó públicamente la decisión.
“Que se vayan ellos, nosotros no tenemos por qué irnos”, afirmó Rodríguez Sánchez, quien defendió el derecho de su familia a permanecer en Cuba y aspirar a un futuro distinto para sus hijos.
La familia resumió su posición con otra declaración: “Nos negamos a salir de Cuba”.
Cinco años preso por el 11J
Yosvany Rosell García Caso, herrero de profesión y padre de tres hijos, fue detenido después de participar en las manifestaciones del 11J en Holguín y posteriormente condenado a 15 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Durante sus años en prisión ha protagonizado varias huelgas de hambre y su familia ha denunciado reiteradamente problemas de salud, aislamiento, restricciones en las comunicaciones y dificultades para recibir atención médica.
Uno de los episodios más graves comenzó el 23 de octubre de 2025, cuando Rosell inició una huelga de hambre que se extendió durante 40 días. Su deterioro obligó a trasladarlo al Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín.
El caso llegó posteriormente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 21 de enero de 2026, la CIDH aprobó la Resolución 7/2026 y concedió medidas cautelares a favor de Rosell al considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para su vida, integridad personal y salud.
El organismo solicitó medidas para protegerlo, garantizar condiciones de reclusión compatibles con los estándares internacionales y facilitarle atención médica adecuada.
Las denuncias sobre su situación han continuado durante 2026. En mayo, su esposa informó que permanecía aislado e incomunicado en la Prisión Provincial de Holguín. Organizaciones independientes también han documentado presiones y amenazas contra presos políticos recluidos en ese centro penitenciario.
La salida del país como condición
La denuncia de Rodríguez Sánchez vuelve a colocar sobre la mesa el uso de la salida de Cuba como fórmula para resolver casos de presos políticos.
Un episodio reciente fue el de Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, quien llegó a Estados Unidos en julio después de cinco años encarcelado. Otero Alcántara había rechazado anteriormente propuestas de abandonar Cuba a cambio de una excarcelación anticipada.
Su llegada a Miami se produjo después de recibir autorización de entrada a Estados Unidos mediante parole humanitario.
La situación de los presos políticos continúa siendo uno de los principales puntos de presión sobre el régimen. En abril, Human Rights Watch informó que más de 700 permanecían físicamente encarcelados, mientras cientos de personas estaban sometidas a arresto domiciliario u otras restricciones.
La organización también señaló que la excarcelación de 2,010 reclusos anunciada por el régimen en abril dejó fuera a los presos políticos identificados por organizaciones independientes.
Para Yosvany Rosell, sin embargo, una eventual excarcelación acompañada de la obligación de abandonar su país no constituye una salida aceptable.
Cinco años después de las protestas del 11J y mientras continúa cumpliendo una condena de 15 años, su respuesta a la propuesta transmitida por la Seguridad del Estado fue breve: “Que se vayan ellos”.
