Las autoridades de Sancti Spíritus anunciaron este sábado que a partir del 1 de agosto comenzarán a «reprimir» en la vía a los triciclos eléctricos que operen sin legalizar, en un giro que expone la contradicción del régimen cubano que toleró durante años un sector completamente informal y ahora amenaza con sancionarlo.

Así lo confirmó José Lorenzo García, delegado del Ministerio de Transporte (Mitrans) en la central provincia, en declaraciones al periódico oficial Escambray.

«Hoy, la inmensa mayoría están ilegales. A partir del primero de agosto pretendemos comenzar a controlarlos en la vía, con una organización de los triciclos por rutas porque muchas piqueras son también ilegales», dijo.

El funcionario fue explícito sobre las consecuencias para quienes no se regularicen. «A partir del primero de agosto, al que esté en la vía sin legalizar, sin la pegatina de permiso especial, se le va a reprimir», enfatizó.

El proceso de legalización se realiza municipio por municipio e incluye ciertas flexibilidades: los conductores que no acrediten tres años de experiencia al volante recibirán un permiso especial provisional hasta completar ese requisito.

La afiliación al sistema de Transporte es voluntaria, aunque las autoridades buscan persuadir a los operadores para que se incorporen a piqueras con tarifas fijadas por los gobiernos municipales. También se permitirá el servicio puerta a puerta con precios diferenciados.

García reconoció que muchos triciclos son operados por personas que ni siquiera son sus propietarios y que numerosos conductores trabajan sin licencia.

«En ningún país del mundo tú puedes estar violando el fisco, sin aportar nada al presupuesto del Estado», señaló.

La paradoja es difícil de ignorar. El gobierno cubano promovió los triciclos eléctricos como alternativa ante el colapso del transporte público y la escasez crítica de combustible, pero los dejó operar sin ningún marco regulatorio efectivo durante años.

En Sancti Spíritus, el derrumbe fue especialmente severo: en mayo de 2026 se suspendieron casi todas las rutas intermunicipales e interurbanas por falta de diésel, manteniéndose únicamente una salida diaria a La Habana. Ante ese vacío, los triciclos privados se convirtieron en la única alternativa real de movilidad, cobrando tarifas que el propio delegado califica de «astronómicas».

El patrón ya se había repetido en Matanzas, donde en junio las tarifas se duplicaron de un día para otro, llegando a 300 pesos por trayecto. El gobierno local solo intervino para fijar precios regulados, tras la indignación masiva de los usuarios.

El marco legal que respalda la regularización actual es la Instrucción No. 1 de 2026 del Mitrans, que permite otorgar Licencias de Operaciones de Transporte de forma excepcional y temporal -con vigencia de un año y hasta el 31 de diciembre de 2026-, a poseedores de triciclos eléctricos, usando el número de chasis como referencia cuando el vehículo carece de matrícula.