El Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río impuso una sanción de 12 años de privación de libertad al ciudadano Yoelvys Álvarez Gavilán, declarado responsable del delito de sabotaje contra el parque fotovoltaico La Barbarita, ubicado en el municipio de Consolación del Sur, en esa provincia occidental.
Según la calificación delictiva presentada durante la vista oral, los hechos consistieron en la sustracción de tornillos y otros componentes necesarios para el funcionamiento correcto de este tipo de instalaciones, lo que afectó la operación de una infraestructura destinada a la generación de electricidad a partir de fuentes renovables.
Durante el proceso, la Fiscalía advirtió sobre el impacto negativo de estas conductas para la economía nacional y para la calidad de vida de la población, al tratarse de actos que lesionan recursos e instalaciones estratégicas para el país.
La Barbarita es el primero de los cuatro parques fotovoltaicos construidos en Pinar del Río como parte del programa nacional orientado a elevar la generación eléctrica mediante el aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Estas obras responden a la estrategia trazada hasta 2030 para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Las autoridades judiciales señalaron que los atentados contra estas instalaciones ocasionan daños en sus estructuras y pueden comprometer la generación de energía, con riesgos adicionales para la seguridad de las personas.
Tales acciones están tipificadas como delito de sabotaje en el artículo 125 de la Ley No. 151 del Código Penal, que establece sanciones de 7 a 15 años de privación de libertad para quien atente contra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Fuentes consultadas refieren que entre 2025 y el primer semestre de 2026 se realizaron en el país más de 460 investigaciones penales vinculadas con hechos contra el SEN, principalmente por delitos de sabotaje, daño, robo con fuerza en las cosas, hurto y recepción.
El caso juzgado en Pinar del Río forma parte de las acciones de enfrentamiento a las conductas que atentan contra la infraestructura energética del país, considerada un sector estratégico para el desarrollo económico y social de la nación.
(Con información de Radio Guamá)Otros artículos del autor:
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