El viceprimer ministro Oscar Pérez Oliva-Fraga fue al congreso de la CTC a defender un nuevo recorte que golpeará de frente a los cubanos: los subsidios universales tienen los días contados porque, según dijo, la economía “no lo resiste”. La frase confirma el tamaño del colapso financiero que el régimen intenta repartir ahora entre trabajadores, jubilados y familias ya castigadas por salarios hundidos y apagones.
La explicación oficial llegó envuelta en el discurso de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen, pero el fondo es más crudo. Pérez Oliva-Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, admitió que el modelo estatal no tiene capacidad para sostener el gasto que durante años presentó como parte de su promesa social. Lo que hoy vende como ajuste inevitable es, en realidad, la factura acumulada de un sistema improductivo y dependiente del subsidio permanente.
Durante su intervención, el funcionario habló de 92,000 millones de pesos destinados a subsidiar el sistema empresarial, con cerca de la mitad de esa suma absorbida por las tarifas eléctricas. También reconoció que para mantener ese nivel de gasto harían falta productividad y eficiencia que el país no alcanza. La confesión desnuda la realidad: el aparato económico del régimen no genera riqueza suficiente ni para sostener su propia maquinaria.
El paso siguiente ya está claro. El Gobierno pretende que las empresas estatales sobrevivan sin apoyo financiero directo y se “autogestionen”, una fórmula que traslada el costo del fracaso oficial hacia la calle, las fábricas y los bolsillos vacíos. En una Cuba marcada por la crisis energética, esa decisión significa más presión sobre una sociedad que ya carga con apagones, inflación y escasez persistente.
La otra pieza del plan es concentrar la asistencia en quienes el régimen considere vulnerables, mediante la plataforma SOBERANÍA. Díaz-Canel empujó la misma línea al pedir “crear riqueza” para sostener las reformas, un lenguaje que choca con décadas de propaganda contra la lógica elemental de producir para poder repartir. El castrismo termina abrazando a medias la economía que siempre demonizó, pero sin soltar el control político ni la opacidad que lo sostienen.
El anuncio tiene antecedentes, aunque también un historial de incumplimientos. En 2020, Marino Murillo ya había hablado de eliminar subsidios excesivos durante el Ordenamiento Monetario, una medida que nunca se aplicó plenamente. Ahora el régimen vuelve sobre la misma receta en un país más empobrecido, con menos capacidad para absorber otro ajuste impuesto desde arriba.
El golpe al subsidio universal coincide con otro viraje de fondo: la canasta básica dejará de ser universal y quedará reservada para jubilados, familias con niños enfermos crónicos y personas en situación de vulnerabilidad. Las ayudas sociales también se ajustarán según los ingresos familiares, en una economía donde el salario mínimo es de 3,210 pesos mensuales y una persona necesita bastante más para cubrir lo básico. El recorte no corrige el desorden; lo descarga sobre los de abajo.
Lo que queda al descubierto es un régimen que ya no puede sostener ni su propio aparato redistributivo, pero sigue exigiendo obediencia y sacrificio sin ofrecer libertades, transparencia ni salida real. El ajuste se anuncia como técnica económica, aunque su costo será político y social: más abandono, más desigualdad y menos escudo para una población que lleva demasiado tiempo pagando los errores del poder.
Fundación Robert A. Paneque
