La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, una norma que redefine la estructura de los organismos estatales cubanos para adecuarla a la Constitución vigente.
La iniciativa fue presentada por el secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, quien explicó que responde al mandato del artículo 146 constitucional y sustituye al Decreto-Ley 147, vigente desde 1994.
El cambio más relevante es la reducción de 27 organismos a 21: veinte ministerios y el Banco Central de Cuba. Desaparece la categoría de instituto, por lo que entidades como el INDER y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos pasan a integrarse en la nueva estructura ministerial.
Entre las fusiones destacan el Ministerio de la Agricultura y Alimentación, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, el Ministerio de Industrias y Construcción, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, y el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos.
Según el funcionario, la reorganización busca simplificar la gestión pública, reducir cargas burocráticas y eliminar duplicidades entre organismos con competencias similares. El proyecto pasó por una consulta pública que recogió 242 observaciones, de las cuales 139 fueron aceptadas total o parcialmente.
Los 20 ministerios de la nueva estructura son:
Agricultura y Alimentación
Comercio e Inversión Extranjera
Cultura
Deportes y Recreación
Economía y Finanzas
Educación
Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Energía y Minas
Industrias y Construcción
Información y Comunicación Social
Comunicaciones
Justicia
Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos
Relaciones Exteriores
Salud Pública
Trabajo y Seguridad Social
Turismo
Fuerzas Armadas Revolucionarias
Interior
Transporte
Durante el debate parlamentario, varios diputados cuestionaron la separación de las funciones de ciencia y medio ambiente, antes concentradas en el CITMA. La vice primera ministra Inés María Chapman Waugh defendió que la reorganización se sustentó en diagnósticos técnicos y análisis de impacto. La implementación será gradual y marcará la próxima etapa del proceso.
