Alvin Bernard, exoficial del Departamento de Policía de Miami Gardens, se declaró culpable el pasado domingo ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida de haber falsificado información para obtener $63,900 en fondos de alivio pandémico a los que no tenía derecho, según anunció el Departamento de Justicia.

Bernard, de 38 años y residente de Miami Gardens, era al mismo tiempo oficial de policía en activo y único gerente de Vanity Properties LLC, una empresa a nombre de la cual presentó una solicitud de préstamo ante la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) dentro del programa de Préstamos por Daño Económico por Desastre (EIDL), creado por la Ley CARES para asistir a negocios afectados por la pandemia.

En esa solicitud, Bernard declaró que Vanity Properties había generado $127,881 en ingresos brutos durante los 12 meses anteriores al 31 de enero de 2020, cifra que los registros judiciales demuestran que era falsa: la empresa no había generado esos ingresos.

Con base en esa información fraudulenta, la SBA aprobó y transfirió electrónicamente los $63,900 a la cuenta bancaria de la empresa.

Los solicitantes del programa EIDL debían certificar, bajo pena de perjurio, que los datos presentados —incluidos los ingresos del negocio— eran verídicos y precisos.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones fue contundente al valorar el caso: «Alvin Bernard era un oficial de policía jurado para defender la ley, pero mintió para obtener fondos de alivio federal destinados a negocios perjudicados por la pandemia.

Su declaración de culpabilidad lo hace responsable de abusar de la confianza pública y robar de un programa financiado por los contribuyentes estadounidenses».

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Bernard no solo enfrenta una pena máxima de dos años de prisión federal, sino que también acordó renunciar al cuerpo policial, entregar su certificación como agente del orden del estado de Florida y abstenerse de forma permanente de solicitar cualquier recertificación.

El caso fue investigado conjuntamente por el FBI Miami, la Oficina del Inspector General de la SBA para la Región Este y la Oficina de Campo de Miami del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Este proceso se suma a una serie de condenas por fraude con fondos COVID-19 en el sur de Florida que han involucrado específicamente a funcionarios públicos y agentes del orden, entre ellos empleadas del Departamento de Policía de Miami y de Miami-Dade.

El Distrito Sur de Florida ha sido uno de los más activos del país en la persecución de este tipo de fraudes, y el Departamento de Justicia ha subrayado en reiteradas ocasiones que los funcionarios públicos implicados reciben especial atención por el agravante de abuso de confianza.

En julio, un hombre residente en Coral Springs fue condenado a 20 años de prisión federal por lavar cientos de miles de dólares obtenidos fraudulentamente de programas de ayuda por la pandemia de COVID-19, dinero que terminó financiando la conspiración que culminó con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021.

Según la investigación, Harricharan utilizó fondos provenientes del Programa de Protección de Nóminas (PPP) y del Programa de Préstamos para Desastres por Daños Económicos (EIDL), creados bajo la Ley CARES para auxiliar a pequeñas empresas durante la pandemia, para financiar parte del complot contra el mandatario haitiano.