El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró al menos 31 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante agosto, dentro de un mes marcado por 168 acciones represivas en la isla. La cifra confirma que el régimen mantiene bajo presión a quienes profesan una fe o ejercen su derecho a creer sin tutela política.
La organización señaló que estos casos reflejan una represión sistemática contra la libertad de religión y de creencias. Entre los hechos reportados figuran el interrogatorio a Marilín Alayo, esposa del pastor exiliado Alain Toledano; la prohibición de viajar a La Habana impuesta a Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo, del Centro de Estudios Convivencia; y el interrogatorio al Soberano Gran Comendador de la Masonería cubana, José Ramón Viñas Alonso.
El OCDH también recordó que en 2024 se documentaron 966 actos contra la libertad religiosa. La magnitud de ese registro deja al descubierto una línea de acoso persistente contra iglesias, ministros y comunidades que el régimen trata como un problema político antes que como un ejercicio legítimo de libertad.
La denuncia incluye además la existencia de más de 60 iglesias, ministerios o congregaciones cristianas sin reconocimiento legal, entre ellas “Viento Recio”, en Las Tunas; “Dios sacude a Cuba y a las Naciones” y “Emmanuel”, en Santiago de Cuba; y “Palabra de Fuego Bendición Sagrada”, en Camagüey. La falta de reconocimiento legal se convierte así en otro mecanismo de control sobre la vida religiosa en el país.
El propio observatorio advirtió que las religiones siguen bajo sospecha en Cuba, con una Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista y unidades especiales de contrainteligencia dedicadas a tratar a líderes religiosos, infiltrar comunidades y vigilarlas. Ese andamiaje contradice cualquier pretensión de tolerancia y confirma el afán del régimen por someter hasta la conciencia de los creyentes.
Un informe reciente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ya había descrito la situación como precaria y señaló que el régimen usa un marco legal represivo para controlar estrictamente a las instituciones religiosas y criminalizar actividades consideradas contrarias a su ideología. La advertencia coincide con lo que ocurre sobre el terreno: en Cuba, la fe también entra en la lista de blancos del poder.
Fundación Robert A. Paneque
