El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió este miércoles el memorando de política PM-602-0201, que amplía el escrutinio sobre el historial financiero y familiar de quienes solicitan la naturalización, con implicaciones directas para miles de cubanos en Florida.

El documento es de aplicación inmediata —incluyendo casos pendientes— y ordena a los oficiales evaluar tres conductas: si el solicitante recibió ayudas públicas de forma que ciudadanos promedio considerarían una evasión intencional de la autosuficiencia, si dejó de mantener económicamente a sus dependientes, o si incumplió las obligaciones contraídas al firmar un Affidavit of Support (formularios I-864, I-864EZ o I-864A).

El memo aclara que recibir legalmente Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o asistencia en efectivo (TANF) no es por sí solo un obstáculo para la ciudadanía.

Sin embargo, si un oficial concluye que el solicitante redujo deliberadamente sus ingresos o dejó de trabajar para mantenerse elegible, esa conducta puede pesar negativamente en la evaluación del buen carácter moral, incluso si fue técnicamente legal.

El fraude en la obtención de beneficios —declarar ingresos falsos, usar múltiples identidades o no reportar cambios que afecten la elegibilidad— sí puede constituir una barrera condicional a la naturalización, aun sin condena formal.

Este memorando de USCIS puede afectar a miles de personas en proceso de naturalización. Sigue todos los cambios en las políticas migratorias en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.

El riesgo más inmediato: manutención de hijos en Cuba

El punto más sensible para la comunidad cubana es la obligación de mantener a los dependientes. El incumplimiento voluntario es una barrera condicional al buen carácter moral aunque no exista orden judicial y aunque el dependiente viva fuera de Estados Unidos, como ocurre con hijos que permanecen en la isla.

El memo establece además que si un dependiente recibe beneficios públicos, ese hecho puede interpretarse como indicio de que el solicitante no cumple su deber de manutención.

Este punto golpea directamente una práctica estructural de la diáspora cubana: las remesas enviadas sin recibos bancarios —a través de viajeros o intermediarios informales— son difíciles de documentar ante USCIS. El caso de un residente con 26 años en Estados Unidos al que le negaron la ciudadanía por no poder acreditar que el dinero llegaba directamente a su hijo ilustra ese riesgo.

El abogado de inmigración Willy Allen III había advertido en agosto de 2025 que «el mantenimiento de los niños es una de las dos razones principales por las que a hombres no les dan la ciudadanía americana enseguida cuando aplican».

Ante la falta de recibos, Allen sugirió alternativas: «Todavía hay cartas de soporte, fotos, cualquier otra cosa que pueda mostrar que esa persona está recibiendo el dinero», y señaló que quien llevó el dinero físicamente puede redactar una carta certificando la entrega.

Patrocinadores del parole: qué riesgo enfrentan

Quienes firmaron un I-864 para traer a un familiar como residente permanente y ese familiar recibió ayudas públicas mientras el compromiso estaba vigente pueden ver ese incumplimiento evaluado negativamente al solicitar su propia ciudadanía.

Los formularios I-134 e I-134A —usados en el programa de parole humanitario que trajo a decenas de miles de cubanos entre 2022 y 2025— no generan la misma obligación legal de reembolso que el I-864, pero el memo advierte que el incumplimiento de esos compromisos también puede pesar contra el carácter moral del patrocinador.

Este escenario se suma a la alarma generada a finales de 2025, cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos comenzó a enviar cartas a patrocinadores exigiendo el reembolso de las ayudas recibidas por sus patrocinados.

Un endurecimiento que lleva más de un año

El PM-602-0201 es el último eslabón de una cadena de medidas. En agosto de 2025, USCIS amplió la evaluación del buen carácter moral a un análisis holístico que exige demostrar afirmativamente contribuciones positivas a la comunidad. En agosto de 2026, una alerta de política eliminó la obligación de emitir avisos previos antes de denegar una solicitud, y otra autorizó a los oficiales a entrevistar a vecinos y empleadores de los solicitantes.

USCIS también anunció que revisará el Formulario N-400 para recopilar información adicional sobre uso de beneficios y manutención de dependientes, sin fecha definida para ese cambio. Ante este panorama, los expertos recomiendan consultar a un abogado de inmigración antes de presentar la solicitud.