En un pronunciamiento, el grupo, integrado por activistas y organizaciones sociales de varios países, calificó esa política de «acto genocida» y afirmó que sus consecuencias amenazan la vida de la población cubana, al provocar escasez de combustibles, interrupciones del servicio eléctrico y dificultades para acceder a agua potable, medicamentos y alimentos.
El documento denunció que las restricciones impuestas por Washington también afectan el funcionamiento del sistema de salud cubano, al impedir la adquisición de insumos médicos y limitar el acceso al combustible necesario para operar equipos hospitalarios.
Según la Coalición, esas medidas constituyen una violación del derecho internacional y tienen un impacto directo sobre las condiciones de vida del pueblo cubano.
La organización llamó a la comunidad internacional, a los movimientos sociales y a las personas solidarias a condenar la política estadounidense y respaldar los esfuerzos en favor del levantamiento del cerco impuesto desde hace más de seis décadas.
Asimismo, advirtió sobre lo que consideró una política de injerencia de Estados Unidos en América Latina y señaló que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela enfrentan presiones por mantener modelos de desarrollo y políticas exteriores independientes.
El pronunciamiento destacó además el papel de Cuba en la cooperación internacional, en particular en el ámbito de la salud, y recordó la participación de brigadas cubanas de rescate y asistencia tras los recientes terremotos ocurridos en Venezuela.
La Coalición reiteró su demanda del cese de toda agresión económica, informativa y militar contra La Habana y reafirmó su apoyo a las causas de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al tiempo que llamó a fortalecer los esfuerzos para consolidar a América Latina y el Caribe como una zona de paz.
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Fundación Robert A. Paneque
