Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Fede Gayardo
El Gobierno de Estados Unidos amplió su ofensiva de sanciones contra funcionarios y entidades cubanas al incorporar al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y a otras nueve instituciones vinculadas a sectores estratégicos de la economía nacional.
Las nuevas medidas, anunciadas por el Departamento de Estado, también alcanzan a la Terminal de Contenedores de Mariel, empresas del sector energético, organizaciones relacionadas con las misiones médicas y una firma procesadora de remesas.
En total, la nueva ronda de sanciones incluye a dos funcionarios cubanos y nueve entidades, en lo que representa el quinto paquete de medidas adoptado por Washington desde la firma de la Orden Ejecutiva 14404, el pasado 1 de mayo, como parte de la política de endurecimiento impulsada por la Administración de Donald Trump.
El Departamento de Estado explicó que José Ángel Portal Miranda fue sancionado por supervisar las instituciones encargadas de administrar las misiones médicas cubanas en el exterior, un programa que Washington considera un “sistema de trabajo forzado”.
Desde hace varios años, el Gobierno estadounidense sostiene que el Estado cubano retiene entre el 50 y el 95 % de los salarios que pagan los países receptores a los profesionales de la salud enviados al extranjero.
Junto al ministro también fue incluida la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), empresa responsable de gestionar las brigadas médicas internacionales y considerada una de las principales fuentes de ingresos en divisas para el país. Según las autoridades estadounidenses, actualmente decenas de miles de médicos cubanos prestan servicios en más de 50 naciones.
Las sanciones alcanzan además a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), organismo encargado de seleccionar y organizar el envío de profesionales de la salud al exterior, así como a su directora, Gretza Sánchez Padrón.
Otro de los objetivos de las nuevas medidas fue la Terminal de Contenedores de Mariel, la principal infraestructura portuaria de Cuba. El Departamento de Estado argumentó que la instalación fue sancionada después de que el control de sus operaciones pasara, a mediados de junio, a Coral Marítima S.A., una decisión que Washington interpreta como un intento de eludir las sanciones previamente impuestas al conglomerado militar GAESA.
En el ámbito energético, la lista incorpora al Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), considerado el brazo científico de la ya sancionada Unión Cuba-Petróleo (Cupet). También fueron designadas la Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y EINARBO S.A., dedicada a la importación de gas y lubricantes y con operaciones comerciales en mercados como México e India.
Las nuevas restricciones también alcanzan al sector financiero. El Departamento de Estado incluyó a Ceiba Investments Limited, firma radicada en Guernsey que mantiene inversiones inmobiliarias en Cuba y cuya subsidiaria en Panamá asumió activos de una empresa mixta vinculada a GAESA tras sanciones anteriores. A esa lista se suma Orbit S.A., una procesadora de remesas que, según Washington, opera bajo el control del conglomerado militar cubano.
Con estas designaciones, Estados Unidos continúa ampliando una estrategia iniciada hace varios meses. El 18 de mayo fueron sancionados nueve altos funcionarios del Gobierno cubano, entre ellos Roberto Morales Ojeda, Esteban Lazo y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, además de la Dirección de Inteligencia, la Contrainteligencia Militar y varios mandos de las Fuerzas Armadas.
A principios de junio, la Administración estadounidense anunció otro paquete de medidas que incluyó al presidente Miguel Díaz-Canel; a miembros de su familia; a Alejandro Castro Espín; a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR); al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y a la empresa Amistur Cuba S.A.
Poco después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó a Cupet a su lista de entidades sancionadas. Esa decisión tuvo consecuencias inmediatas sobre varios proyectos energéticos, entre ellos la paralización de las operaciones de la compañía australiana Melbana Energy en Cuba y la suspensión, por parte de la estadounidense Vanguard Energy, de un envío de 250.000 barriles de combustible destinado a la Isla.
La semana pasada, Washington abrió además un nuevo frente de presión en Panamá, país considerado durante años una plataforma para operaciones internacionales de empresas cubanas. En esa ocasión, las medidas estuvieron dirigidas contra redes de influencia presuntamente vinculadas a GAESA y al coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del general Raúl Castro.
Fuera del ámbito económico, el secretario de Estado, Marco Rubio, revocó recientemente el estatus legal en Estados Unidos de un exfuncionario cubano relacionado con el ICAP y ordenó su deportación. Asimismo, advirtió que otros ciudadanos extranjeros vinculados con esa organización podrían enfrentar procedimientos similares.
Un día antes del anuncio de las nuevas sanciones, Rubio aseguró que Washington mantendrá su estrategia hacia Cuba con una combinación de firmeza y paciencia.
Las nuevas sanciones llegan apenas un día después de la publicación del informe “Cuba: The Capital of 21st Century Communism”, elaborado por el Departamento de Estado. El documento, de cerca de un centenar de páginas, sostiene que el Gobierno cubano ha promovido durante décadas una red de influencia política dentro de Estados Unidos mediante el respaldo a diversos movimientos de izquierda y presuntas operaciones de infiltración en instituciones estadounidenses.
La respuesta de La Habana no tardó en llegar. El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y utilizó un conocido refrán popular para responder al informe. «Cree el ladrón que todos son de su condición», escribió en X, en una alusión directa a Marco Rubio y a las conclusiones del documento difundido por Washington.
