Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se presentarán en la mañana de este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para enfrentar formalmente los nuevos cargos de conspiración para cometer tortura, que la Fiscalía federal presentó en su contra en días recientes.

La comparecencia está programada para las 11:00 a.m. (hora del Este) en la sala 26A del edificio Daniel Patrick Moynihan, ubicado en el 500 Pearl Street, en Manhattan, bajo la presidencia del juez Alvin K. Hellerstein, según informaron Telemundo 51 y NTN24.

El tribunal confirmó que la audiencia será abierta al público y a los medios de comunicación, pero únicamente de forma presencial y por orden de llegada. De ser necesario, se habilitará una sala alterna para quienes no consigan asiento en la corte principal.

Las autoridades advirtieron que no se permitirá el ingreso de dispositivos electrónicos al recinto.

Durante la sesión, el juez leerá formalmente los cargos y ambos acusados tendrán derecho a declararse culpables o no culpables, en línea con la posición que ya adoptaron frente a las acusaciones originales de narcotráfico.

Los nuevos cargos: un aparato de represión documentado

La acusación sustitutiva, presentada el 8 de octubre, añade el cargo de conspiración para cometer tortura a los delitos previos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Según el Departamento de Justicia, el aparato estatal venezolano habría sometido durante más de dos décadas a opositores políticos, militares y ciudadanos estadounidenses a descargas eléctricas, asfixia, golpizas, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas contra familiares, incluidos menores.

La acusación identifica nueve víctimas, tres de ellas con ciudadanía estadounidense.

El documento judicial detalla que Maduro daba instrucciones directas durante los interrogatorios.

Según los fiscales, el exdictador ordenaba «¡Sáquenles más información!» y «aprieten más», y en ocasiones sugería técnicas específicas: «no los dejen dormir o échenles agua», todo ello, según la acusación, «riéndose después de oír el relato del abuso de los presos».

El texto también señala que «Maduro Moros sugirió secuestrar a 5 ó 7 miembros de las Fuerzas Armadas y sacarles la información mediante tortura».

A Cilia Flores, en su condición de exprocuradora general, se le atribuye haber contribuido a diseñar el sistema represivo y haber ordenado torturas para proteger actividades ilegales de miembros de su familia.

La acusación sustitutiva, además, extiende a Flores el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que inicialmente solo recaía sobre Maduro.

Las penas que enfrentan y los antecedentes del caso

De ser declarados culpables de todos los cargos, ambos enfrentarían penas mínimas obligatorias acumuladas de 50 años de prisión.

El cargo de conspiración para cometer tortura tiene una pena máxima de 20 años, mientras que los de narcoterrorismo y tráfico de cocaína contemplan hasta cadena perpetua. 

Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura el 3 de enero de 2026, durante la operación militar estadounidense denominada «Resolución Absoluta» en Caracas.

La defensa ha intentado sin éxito aliviar las condiciones de detención. La pasada semana el juez Hellerstein rechazó la solicitud de arresto domiciliario para Cilia Flores por razones médicas, tras determinar que existe un «riesgo de fuga extremo». 

Los abogados alegaban problemas cardíacos y pérdida de más de 11 kilogramos de peso de la acusada.

La voz de las víctimas

Demóstenes Quijada, exprisionero político venezolano, valoró la trascendencia de la audiencia en declaraciones recogidas por NTN24: «[La audiencia] se constituye en la consolidación de la esperanza de muchos, de decenas de miles que hemos sido víctimas de la agresión y la tortura por parte de la dictadura en Venezuela».

Quijada también destacó que, aunque los cargos se centran en ciudadanos estadounidenses, «la justicia de Estados Unidos también ha manifestado abiertamente que están absolutamente conscientes de que decenas de miles de venezolanos hemos sido víctimas de esta violación de derechos humanos».

El juicio principal está programado para el 1 de junio de 2027.

Antes, el 17 de noviembre de este 2026, el juez Hellerstein abordará la solicitud de la defensa para desestimar todos los cargos bajo la figura de la inmunidad soberana, petición a la que la Fiscalía se ha opuesto.