El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ordenó a sus oficinas consulares trabajar este sábado y este domingo para cumplir el ultimátum del Tribunal Supremo: entregar antes del miércoles 28 de octubre, a las 15:00, la relación nominal —con nombre y apellidos— de las 163.020 personas nacionalizadas por la ley de nietos cuyo derecho a votar el 29 de noviembre quedó suspendido cautelarmente, según un reporte de EFE.

El jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó dos autos requiriendo a los ministros José Manuel Albares (Exteriores) y Félix Bolaños (Presidencia) que facilitaran ese listado, bajo amenaza de multas coercitivas de 1,000 euros, reiterables hasta que se ejecute la resolución, y con la posibilidad de deducir testimonio para exigirles responsabilidad penal.

El alto tribunal calificó de «incomprensible» que, transcurridos 43 días desde su primera resolución, la Administración no hubiera entregado aún esa lista. «Esta relación nominal que, incomprensiblemente para esta Sala, no ha sido facilitada aún, es fundamental para la correcta conformación del Censo Electoral de referencia», señaló el tribunal en uno de sus autos.

La Sala fue aún más directa al advertir que «estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración».

Ante la presión judicial, Exteriores suspendió permisos y vacaciones del personal consular, autorizó todas las solicitudes de refuerzo planteadas por las oficinas y movilizó a funcionarios de las embajadas. Fuentes del ministerio trasladaron a la agencia EFE que «es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con el plazo» y calificaron la tarea de «urgente y prioritaria».

El listado debe llegar también a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral para que puedan conformar correctamente el censo del 29-N.

La revisión es especialmente compleja porque los expedientes de quienes se nacionalizaron entre 2022 y 2024 deben examinarse de forma manual, uno por uno. Solo los tramitados en 2025 y 2026 —unas 70,000 personas— están integrados en el sistema digital y ya figuran en el censo. Hasta el 21 de octubre, los consulados habían revisado 31,390 expedientes, apenas el 19% del total, y emitido únicamente 91 certificados acreditativos del exilio familiar.

Cuba es uno de los países más afectados por esta situación. El Consulado General de España en La Habana es uno de los más saturados del mundo en este proceso: recibió más de 107,000 solicitudes de nacionalidad solo durante 2025, y se estima que más de 350,000 cubanos iniciaron trámites desde que la ley entró en vigor en octubre de 2022.

Es importante aclarar qué está en juego para los cubanos nacionalizados: la medida del Supremo no anula la nacionalidad española ni revoca los pasaportes. Restringe exclusivamente el derecho a votar el 29-N desde el exterior a través del censo de residentes ausentes. Los cubanos con nacionalidad española que viven en España pueden votar sin ninguna limitación.

Para quienes residen en Cuba, la única vía de participar en las elecciones es que el consulado les expida una certificación que acredite que su antepasado español se exilió por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual. No basta la mera presunción de exilio que aplicó la instrucción ministerial de 2022. Con solo 91 certificados emitidos sobre más de 31,000 expedientes revisados, las posibilidades prácticas de votar desde la isla son muy reducidas para la mayoría.

El propio ministro Albares reconoció el 19 de octubre que sería «muy difícil» verificar a tiempo los expedientes, y la Dirección General de Asuntos Consulares estimó que el proceso tardaría «por lo menos hasta enero» en completarse.

El Tribunal Constitucional inadmitió días antes, por 10 votos frente a dos, el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al considerarlo prematuro mientras la vía ordinaria ante el Supremo permaneciera abierta. La suspensión cautelar, acordada en septiembre y ratificada en octubre, sigue plenamente vigente.

Con las elecciones generales a 35 días y el plazo judicial venciendo a mitad de semana, el Gobierno afronta una carrera contrarreloj en la que el derecho al voto de más de 163,000 nuevos españoles —muchos de ellos cubanos— depende de si los consulados logran completar una revisión que, según sus propias estimaciones, requeriría meses.