Las últimas operaciones policiales destapan redes que cobraban hasta 10.500 euros por empadronamientos, contratos y certificados falsos para obtener permisos de residencia. Los investigadores analizan si también aprovecharon la regularización para captar y engañar a inmigrantes.
Dos operaciones policiales distintas separadas por unos días y cientos de kilómetros, han terminado dibujando el mismo negocio. En Vizcaya y Guipúzcoa, la Policía Nacional ha desarticulado una organización que falsificaba empadronamientos, extractos bancarios y certificados de formación para tramitar permisos de residencia.
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En Almería, la Guardia Civil ha hecho lo propio con una red que inventaba contratos laborales y relaciones de trabajo que jamás existieron. El método cambia, pero el resultado es idéntico: migrantes que pagan miles de euros por un atajo administrativo que, tarde o temprano, puede estallarles en las manos.
Empadronamiento y cursos que nunca sucedieron
La red vasca, con 19 detenidos entre Vizcaya y San Sebastián, se apoyaba en gestorías y bufetes de abogados que sabían perfectamente lo que estaban firmando. El paquete completo costaba entre 5.000 y 10.000 euros e incluía empadronamientos ficticios en domicilios que la organización ya tenía localizados de antemano, además de certificados de cursos de formación y extractos bancarios manipulados.
Los investigadores han contabilizado 118 episodios de falsedad documental y al menos 42 permisos de residencia concedidos gracias a ellos. Algunos bufetes, según la investigación, incluso permitían tramitar el permiso sin que el solicitante pisara España: bastaba con enviar por correo una fotocopia del pasaporte y algún justificante médico.
Contratos que existían solo en el papel
En Almería, Murcia y varios puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga, la fórmula era otra: simular relaciones laborales para dar de alta a trabajadores en la Seguridad Social sin que hubiera detrás ninguna empresa real.
El precio por expediente rondaba los 4.500 a 10.500 euros, y el fraude a la Seguridad Social superaría ya los 100.000 euros, con el riesgo añadido de que esas altas ficticias abrieran la puerta a prestaciones y subsidios indebidos. La Guardia Civil ha detenido a un captador y sigue investigando a los administradores de la empresa, localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y a un gestor laboral con despacho en Almería.
El mismo organigrama, distinto disfraz
Lo que conecta ambos casos no es solo el precio, siempre entre 4.500 y 10.500 euros por persona, sino la estructura. En los dos operativos aparecen captadores que buscan a los migrantes, gestores que producen la documentación falsa y asesores o abogados que le dan barniz de legalidad al conjunto.
Es una cadena de producción con roles fijos, no un timo improvisado. Y en el caso vasco, los investigadores apuntan a algo más: posibles vínculos entre la organización y la llegada de pateras desde Argelia, lo que convertiría el fraude documental en la última fase de un negocio que empezaría mucho antes, en el propio viaje.
Un patrón que se repite por todo el mapa
Vizcaya y Almería no son casos aislados. Meses antes, la Policía Nacional había desarticulado en Zaragoza una red mucho mayor: 61 personas detenidas entre Zaragoza, Barcelona, Huesca y Teruel, con una organización que habría beneficiado a más de 5.000 migrantes en situación irregular.
Ahí el catálogo de precios estaba aún más segmentado que en los otros dos casos: entre 600 y 900 euros por un empadronamiento fraudulento, entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato de trabajo ficticio, y 500 euros más por el transporte de los migrantes y la entrega de la documentación.
La organización incluso recurría a un método con nombre propio: el ‘look-a-like’, mediante el cual una persona con rasgos físicos similares se presentaba en las oficinas administrativas en lugar del verdadero interesado, de modo que ni siquiera hacía falta que el migrante hubiera pisado suelo español.
El negocio, además, se ha vuelto oportunista. Cuando el Gobierno anunció este año una regularización extraordinaria, las mismas redes de tráfico de personas reorientaron su oferta: según fuentes policiales, empezaron a repartir documentación falsa «en origen», antes incluso de que los migrantes emprendieran el viaje, para que pudieran acreditar una presencia en España que nunca existió.
El resultado, detectado en las llegadas de pateras a la costa española, es que centenares de migrantes desembarcaron ya con papeles falsificados y facturas preparadas para acogerse a la regularización masiva. El fraude documental deja así de ser solo una respuesta a la demanda de quienes ya están en España: se convierte en un anzuelo que las mafias lanzan fuera de las fronteras, cada vez que detectan una ventana administrativa que se abre.
¿Están engañando las mafias a los inmigrantes con la regularización?
La normativa del real-decreto 316/2026 es clara. Al proceso de regularización extraordinaria, ya cerrado, solamente pudieron acceder todas aquellas personas que ya viviesen en España en situación irregular o hubiesen solicitado asilo antes del 1 de enero de 2026, siempre y cuando hubiesen pasado cinco meses seguidos en el país al presentar la solicitud.
Además, los solicitantes debían demostrar dicha presencialidad mediante padrones, informes médicos o documentos escolares, además de conseguir un certificado de antecedentes de los cinco años anteriores y otro de vulnerabilidad, que acreditase la condición del solicitante por parte de los servicios sociales. El plazo para registrarse se clausuró el pasado 30 de junio con cifras de admitidos a trámite -que no expedientes aprobados- que superan el millón de solicitantes.
El periódico ‘La Razón’ publicó siete días más tarde que la Policía había detenido a 18 personas con nacionalidad india y pakistaní en las localidades barcelonesas de Vic y L’Hospitalet de Llobregat.
Sus fuentes consultadas, que aseguran que provenían de terceros países como Finlandia o Dinamarca, interpretaron que podrían haberse trasladado hasta España al conocer las noticias de la regularización. «La organización criminal desarticulada se dedicaban a tratar de sortear el proceso de la regularización de extranjeros con ciudadanos de India», afirma este periódico.
‘Euronews’ ha podido confirmar por parte de fuentes policiales que la operación se produjo hace dos semanas, pero no cuándo comenzó su viaje o entraron ilegalmente en España, y si tienen indicios de que fueron engañados por dicha mafia migratoria para realizar un trámite para el que no cumplían los requisitos.
Desde el Ministerio del Interior no han querido ofrecer su versión de los hechos y aseguran que no disponen de más información, por lo que aún se desconoce si los migrantes optaron por entrar en España a sabiendas de que no iban a poder regularizarse o, efectivamente, fueron engañados por la organización que presuntamente les trasladó desde Escandinavia.
La mayoría de los inmigrantes en situación irregular en España han llegado por vías legales. Un grueso de ellos ha llegado por avión mediante un visado de turista: el Instituto Nacional de Estadística registra que las vías más utilizados por los inmigrantes para entrar en España desde 2005son la aérea (404.505) y mediante un coche (78.133).
Además, Funcas estimaba a principios de año que más del 90% de inmigrantes ilegales que se encontraban en España en ese momento eran de orígen latinoamericano, como el grueso de las nacionalidades que se han apuntado al proceso de regularización. Son Colombia (304.319), Marruecos (156.272), Venezuela (138.647), y Perú (103.398), seguidas en el ránking por Honduras, Paraguay, Argelia, Senegal, Pakistán, Argentina y otros solicitantes.
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