La línea invisible entre la necesidad y la tragedia
La crisis energética que golpea a Cuba no es un fenómeno espontáneo ni una fatalidad climática. Es el resultado de una política de asedio sostenida durante más de seis décadas, recrudecida en los últimos años con medidas que buscan asfixiar la economía y la vida cotidiana de los cubanos.
El bloqueo petrolero, las sanciones financieras y la persecución de buques y empresas que comercian con la Isla han creado un escenario donde el acceso al combustible se ha convertido en una odisea diaria. Ante ese panorama, el Gobierno cubano tomó una decisión que respondió a una necesidad concreta: permitir que el sector privado importe combustible para autoconsumo.
Fue una bocanada de aire en medio de la asfixia, una medida que busca sumar capacidades y aliviar, aunque sea parcialmente, la presión sobre el sistema energético estatal.
Sin embargo, esa válvula de escape ha abierto una puerta que exige responsabilidad. La comercialización y el almacenamiento de combustible por parte de actores no estatales no es un asunto menor. Cada litro de gasolina o diésel almacenado en un local inadecuado es una bomba de tiempo.
Y la historia reciente lo confirma. Un incendio en el municipio de Centro Habana, provocado por la explosión de tanques de gasolina guardados en una vivienda, dejó dos personas heridas, una de ellas con quemaduras de tercer grado. El fuego, que se originó en la azotea de un inmueble, pudo haber tenido consecuencias mucho peores.
Los vecinos relataron que los bomberos enfrentaron dificultades iniciales para instalar sus equipos, y el pánico se apoderó de la cuadra. No fue un hecho aislado. El pasado octubre, el Cuerpo de Bomberos de Cuba volvió a alertar sobre los peligros del uso de tanques plásticos IBC para almacenar combustible, tras un siniestro reciente en Manzanillo, Granma.
Los contenedores IBC, esos tanques de plástico con capacidad de entre 300 y mil litros, fueron diseñados para transportar líquidos industriales, incluidos productos químicos. No están exentos de riesgos, y menos cuando se utilizan para almacenar carburantes en condiciones que distan mucho de las normas mínimas de seguridad.
Desde el Cuerpo de Bomberos de Cuba recientes declaraciones reconocen que muchos solicitan los permisos cuando ya tienen el combustible almacenado, invirtiendo el orden lógico de la seguridad. “Los permisos se están solicitando cuando se tienen los carburantes”, advirtió, y añadió que quienes no se ajusten a lo dispuesto pueden ser multados, puestos a disposición de los tribunales o incluso decomisados.
La advertencia no es retórica. Es una constatación de que la improvisación y la negligencia están ganando terreno en un ámbito donde un error puede costar vidas.
El Cuerpo de Bomberos ha sido insistente y pedagógico. Sus recomendaciones son claras y no admiten interpretaciones. Es preciso contar con autorización para almacenamiento, transportación y comercialización; evitar almacenar combustible en viviendas o locales no autorizados; utilizar contenedores metálicos homologados y mantenerlos bien cerrados.
Por otro lado, hay que garantizar ventilación adecuada y alejar los depósitos de fuentes de calor o chispas eléctricas; no fumar ni realizar trabajos que generen chispas cerca de los almacenes; disponer de extintores y cumplir las normas de seguridad durante el trasiego. Cada una de estas medidas responde a un riesgo concreto y comprobado. Ignorarlas no es un acto de audacia; es un acto de temeridad.
El peligro, sin embargo, no se limita a la integridad física de quienes manipulan el combustible. Las consecuencias económicas de un incendio o una explosión son devastadoras en un contexto de crisis profunda. En marzo de 2025, dos trabajadores de la refinería Ñico López fueron enjuiciados por un derrame masivo de combustible que provocó la pérdida de 280 000 litros de gasolina tipo B-90, con un costo estimado en más de cinco millones de pesos cubanos. La cifra, en un país que enfrenta una contracción económica severa, es una muestra de lo que está en juego.
Pero el impacto va más allá de los números. Un incendio en una comunidad puede destruir viviendas, dejar familias sin techo y generar un trauma colectivo que perdura durante años. La salud mental de una población ya golpeada por la escasez se resquebraja aún más cuando el fuego arrasa con lo poco que se tiene.
Especialistas de la Agencia de Protección contra Incendios (APCI) advierten que muchos pretenden almacenar grandes cantidades de combustible en tanques plásticos sin cumplir con las normas, como el muro de contención, que para ese volumen resulta prácticamente imposible de construir.
“Se perdería todo el combustible en caso de incendio”, explican, y recomiendan enfáticamente el uso de depósitos metálicos, en los cuales sería más probable salvar mayor cantidad de producto. Es una advertencia que debería ser letra viva en cada comunidad, en cada local, en cada rincón donde alguien decide almacenar combustible sin medir las consecuencias.
La solución no es prohibir ni estigmatizar a quienes buscan alternativas ante la escasez. La solución es ordenar, educar y fiscalizar.
El Gobierno cubano ha autorizado la importación de combustible por parte del sector privado, y esa decisión responde a una necesidad real. Pero la autorización conlleva deberes.
La certificación de los lugares de almacenamiento por parte del Cuerpo de Bomberos no es un trámite burocrático; es una garantía de seguridad para toda la comunidad. Quienes comercializan combustible deben acudir a los bomberos antes de adquirir el producto, no después. Deben permitir la visita técnica, seguir las medidas indicadas y obtener la certificación.
Esa es la única forma de que la actividad sea sostenible y no se convierta en una fuente de tragedias evitables.
El control popular también juega un papel fundamental. La denuncia comunitaria ante violaciones de las normas de seguridad no es un acto de delación, sino un ejercicio de responsabilidad colectiva.
Si un vecino sabe que en la casa de al lado se almacenan cientos de litros de gasolina en condiciones inseguras, tiene el deber de alertar a las autoridades. El silencio cómplice puede ser tan peligroso como la negligencia misma. La seguridad no es un asunto privado; es un bien común que se construye entre todos.
El debate está abierto. La necesidad de alternativas ante el bloqueo es indiscutible, pero la seguridad no puede ser la variable de ajuste. La vida de las personas está por encima de cualquier urgencia económica.
Quien almacena combustible sin cumplir las normas no solo se pone en riesgo a sí mismo; pone en riesgo a su familia, a sus vecinos y a toda una comunidad. La historia reciente de Cuba está llena de ejemplos de cómo la improvisación y la falta de previsión han costado vidas.
No podemos permitir que se repitan. La responsabilidad es de todos, y el momento de actuar es ahora.
