Una constante en la política exterior de Estados Unidos es la intervención en los asuntos internos de otras naciones.
América Latina y el Caribe han sido objeto de esta práctica desleal y contraria al derecho internacional.
Desde la proclamación en 1823 de la conocida Doctrina Monroe, se autoproclamó Washington guardián del hemisferio occidental. Se sucederían en la región intervenciones militares, golpes de estado y presiones de todo tipo, entre ellas económicas.
Ya sea de forma abierta o encubierta han actuado los diversos gobiernos estadounidenses contra otros países, para imponer sus intereses geopolíticos.
La actual administración estadounidense, presidida por Donald Trump, ha hecho más notorio este patrón de larga data, buscando imponer sus designios y puntos de vista a otros pueblos.
Un claro y reciente ejemplo ha sido su intromisión en el proceso electoral en Colombia, que el próximo día 21, en segunda vuelta, escogerá al sucesor de Gustavo Petro en la presidencia de la nación suramericana.
Abiertamente el actual inquilino de la Casa Blanca expresó su respaldo total y completo al candidato ultraderechista Abelardo De La Espriella, quien se medirá en las urnas con el aspirante de izquierda Iván Cepeda.
Trump afirmó que el resultado de los comicios será «muy importante para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos». Un claro mensaje político.
Sus palabras han generado rechazo no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos. Legisladores estadounidenses de la Cámara de Representantes señalaron en un comunicado a la administración de Trump de interferir en el proceso electoral que vive la nación suramericana.
Ya Trump se había pronunciado con anterioridad sobre otros comicios en la región. Ese recordarán fue el caso de Honduras, al expresar días antes de la contienda del pasado 30 de noviembre su respaldo al entonces candidato por el derechista Partido Nacional, Nasry Asfura, hoy presidente de la nación centroamericana.
Trump pasa por alto y viola, convenientemente, principios del derecho internacional que estipulan que los procesos eleccionarios son un asunto interno de cada Estado, en el que ningún otro país puede inmiscuirse.
