Las autoridades rusas expulsaron a 11cubanos hacia Uzbekistán entre marzo y septiembre de 2026, sin informarles que ese sería su destino ni entregarles documentos sobre el procedimiento. Los migrantes creían que regresarían a Cuba, pero aterrizaron en Taskent sin dinero, familiares, alojamiento ni una explicación sobre su salida de Rusia. Según información presentada por CubaNet. Los pasajes entre Moscú y la capital uzbeka costaban entre USD 164 y USD 207, mientras que las rutas disponibles hacia La Habana superaban los USD 1,000, según una búsqueda realizada el 12 de octubre por CubaNet. La diferencia coincidió con la suspensión, en febrero, de los vuelos comerciales directos entre Rusia y Cuba por falta de combustible en la Isla. La investigación de CubaNet reunió los testimonios de 11 personas que describieron una secuencia similar: una redada, meses de encierro en centros migratorios, el traslado al aeropuerto y un vuelo hacia un país de Asia Central que algunos ni siquiera conocían. Ninguno había consentido el destino ni sabía bajo qué figura jurídica había sido enviado. Una expulsión sin documentos ni destino conocido María Antonia Pérez Salazar, una cubana de 73 años, descendió de un avión en Taskent a poco más de las 6:00 del 1 de agosto de 2026. Vestía un vestido grueso de manga larga y botas de invierno, la ropa que había usado durante su detención en Moscú y que conservaba como sus prendas más presentables en pleno verano uzbeko. Llevaba una bolsa con ropa interior, tres camisetas, una bata para dormir, dos pantalones ligeros y un cepillo de dientes. No tenía teléfono, dinero ni información sobre el lugar donde estaba, y pensó que podía morir allí sin que su familia supiera qué había ocurrido. Su hija, Niosly Vidal, sabía que sería deportada, pero ambas suponían que el destino sería La Habana. Las autoridades rusas, en cambio, compraron un boleto a Uzbekistán y enviaron sola a María Antonia a más de 12.000 kilómetros de Cuba, mientras Niosly permanecía detenida en Rusia y sus tres hijos quedaron bajo custodia de servicios sociales. Durante sus primeros días, María Antonia recorrió una y otra vez la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Islam Karimov. Buscaba a alguien que hablara español, observaba los puestos de comida rápida, las máquinas expendedoras y una tienda que parecía vender tarjetas telefónicas, con la esperanza de conseguir ayuda o hallar una bebida abandonada. Las autoridades migratorias uzbekas le entregaban una comida diaria, aunque no estaba bajo su custodia. Los ciudadanos cubanos pueden ingresar sin visa al país por hasta 30 días, por lo que ella podía abandonar el aeropuerto, pero no tenía un lugar adonde ir ni recursos para sobrevivir fuera de la terminal. El baño se convirtió en el único sitio donde podía beber agua y asearse. Mojaba papel sanitario bajo el grifo para limpiarse, usaba jabón líquido en el cepillo de dientes y dormía en sillas acolchadas para viajeros, después de comprobar que las metálicas le impedían descansar. Al tercer día, escuchó un acento caribeño. Era un joven cubano deportado desde Rusia, quien la llevó a un hostal de Taskent frecuentado por migrantes de la Isla. Allí encontró un techo, pero no una salida para su situación. Yalina González Morales, de 29 años y natural de Mayabeque, vivió un proceso parecido. Fue escoltada por policías rusos, no pudo revisar el boleto ni conocer la ruta y descubrió que estaba en Uzbekistán solo después de aterrizar. Las 11 personas entrevistadas coincidieron en que no recibieron órdenes de deportación, comprobantes de traslado ni papeles que explicaran por qué habían sido enviadas a un tercer país. Tampoco firmaron documentos que autorizaran la salida, según sus testimonios. Mihra Rittmann, investigadora para Asia Central de Human Rights Watch, afirmó que la organización no había registrado antes expulsiones de cubanos desde Rusia hacia terceros países. La defensora rusa Svetlana Gannushkina, dedicada durante años a asistir a refugiados y migrantes, incluidos cubanos, tampoco conocía antecedentes similares. La separación de una familia en Moscú María Antonia había llegado a Rusia en 2023 junto a Niosly y sus tres nietos: Cristopher, Dylan y Milaydis, entonces de 13, 10 y nueve años. Vendieron electrodomésticos, ropa y juguetes para comprar los cinco boletos, impulsados por el deterioro de sus condiciones de vida en Cuba. En La Habana, María Antonia había trabajado como ingeniera civil durante casi cuatro décadas. Tras jubilarse, su pensión no le alcanzaba para sostenerse una semana y la vivienda familiar en el Cerro no ofrecía espacio suficiente para los cinco. La familia se instaló en un apartamento pequeño en las afueras de Moscú. María Antonia y Niosly limpiaban un mercado local durante largas jornadas, mientras Cristopher cuidaba de sus hermanos, les enseñaba a leer y escribir y preparaba arroz, huevos o los restos de la cena. Los niños no asistían a la escuela. Cuando llegaron, la legislación rusa exigía documentos traducidos y certificados que la familia no tenía; desde el 1 de abril de 2025, la normativa estableció además que los menores debían acreditar una estancia legal para matricularse. Los cubanos podían ingresar sin visado y permanecer hasta 90 días en Rusia, pero ese permiso no autorizaba el trabajo. Al vencer el plazo, quienes no regularizaban su situación quedaban en condición migratoria irregular y muchos sobrevivían mediante empleos informales. La familia temía especialmente las redadas tras el ataque contra la sala de conciertos Crocus City Hall, cometido en marzo de 2024 por ciudadanos tayikos y reivindicado por el Estado Islámico. La xenofobia y la discriminación contra extranjeros crecieron en Rusia, mientras la Duma Estatal aprobó en julio de ese año leyes para reforzar el control migratorio. Las opciones de regularización para María Antonia y su hija eran escasas: casarse con un ciudadano ruso o resultar seleccionadas dentro de las cuotas estatales asignadas a las distintas regiones de la Federación. La familia permaneció junta hasta una noche de marzo de 2026. Varios agentes irrumpieron en el apartamento mientras todos dormían. Los niños fueron retirados sin que su madre y su abuela pudieran despedirse con calma. “Se llevaron a los niños sin que pudiésemos casi despedirnos. Mi hija gritaba como una loca, los niños lloraban y yo me quedé congelada, sin atinar a nada”, recordó María Antonia. Madre e hija pasaron tres días en una estación de policía y luego fueron trasladadas al centro de deportación de Sájarovo. Cristopher, Dylan y Milaydis quedaron bajo custodia del Centro Familiar de Ayuda a la Familia y la Infancia Neposedy, en Zheleznodorozhni, Balashija, al este de Moscú. El Código de Familia ruso establece que el ingreso temporal de un menor en una institución mientras sus padres no pueden cuidarlo no extingue por sí mismo los derechos parentales. En otros casos, madres cubanas detenidas volvieron a reunirse con sus hijos antes de ser expulsadas, pero Niosly aún no sabe cuándo saldrá ni qué ocurrirá con los niños. Según CubaNet, María Antonia permaneció cinco meses en Sájarovo. Compartía una celda para seis mujeres con Niosly, dormían en una litera y solo podía bañarse una vez por semana; cuando el clima lo permitía, salía diez minutos diarios a tomar el sol. “Bajé mucho de peso. Nos daban comida tres veces al día, pero era poca y mala”, relató. La comida que más apreciaba eran los chícharos servidos una vez por semana con cuatro rodajas de pan, mientras las colchonetas eran tan delgadas que sentía las barras de hierro de la cama. La Embajada de Cuba en Moscú intervino para que madre e hija pudieran hablar con los menores diez minutos una vez por semana. “El consulado no intentó repatriarnos. Lo único que hicieron fue contactar a los rusos para que dejaran a los niños hablar con nosotras”, afirmó María Antonia en información presentada por CubaNet. El 31 de julio, las autoridades le anunciaron que solo ella sería deportada. La trasladaron hacia las 9:00 a. m. a una instalación policial, donde permaneció unas seis horas sin agua ni comida, antes de ser llevada esposada al aeropuerto. “Yo bajaba la cabeza por vergüenza. Me daba mucha pena que me miraran”, recordó sobre el traslado. Subió al avión sin saber que su destino era Uzbekistán. Las dudas legales y la supervivencia en Taskent Judith Sunderland, directora asociada sénior de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes de Human Rights Watch, consideró preocupante que los testimonios no revelaran un procedimiento que permitiera cuestionar la detención o la expulsión. Alcira Silva Hava, integrante de esa división, resumió: “No parece haber ningún procedimiento y ese es el problema”. La legislación rusa diferencia la deportación de la expulsión administrativa, que puede ser forzosa o ejecutarse mediante una salida independiente controlada. Sin embargo, la ausencia de documentos en manos de los cubanos impide determinar qué procedimiento se aplicó y bajo qué fundamento fueron enviados a Uzbekistán. Human Rights Watch sostuvo que Rusia incumplió garantías del derecho internacional al no proporcionar información comprensible sobre las expulsiones ni permitir que los migrantes impugnaran su detención y traslado. Las especialistas tampoco pudieron establecer si esos viajes se realizaron con conocimiento o autorización del Gobierno uzbeko. Moscú y Taskent mantienen desde 2008 un acuerdo de readmisión para devolver a Uzbekistán a ciudadanos de terceros países que hayan llegado a Rusia directamente desde territorio uzbeko. El acuerdo excluye a quienes entraron legalmente a Rusia sin visa por un tratado internacional, como los cubanos, y ninguno de los 11 casos documentados encaja en ese supuesto. Stavros Papageorgopoulos, asesor jurídico sénior del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados, explicó que el derecho internacional no obliga a enviar a toda persona en situación irregular únicamente a su país de origen. Sin embargo, antes de trasladarla a un tercer Estado deben informarle el procedimiento, brindarle asistencia jurídica, evaluar de manera individual los riesgos del destino y permitirle presentar razones contra la expulsión. Yoelsy del Toro, otro cubano detenido en Sarátov, logró fotografiar documentos antes de que se los retiraran. Las ocho páginas incluían una multa de 2,000 rublos por exceder su estancia permitida, una orden de expulsión forzosa, una decisión de internamiento y una prórroga judicial de detención por hasta 90 días. Los documentos indicaban que Del Toro no dominaba el ruso, pero también afirmaban que había reconocido plenamente su culpa y se había arrepentido. Él aseguró que nadie le explicó el contenido ni le asignó un intérprete, pese a que la última página contenía la firma de uno. Las resoluciones contemplaban un plazo de diez días para recurrir, pero Del Toro afirmó que no le explicaron esa posibilidad ni le informaron cómo pedir asilo. Junto a otros tres cubanos, permanece a la espera de una expulsión cuyo destino desconoce. “Ellos me dijeron en español que íbamos para Cuba, pero no sé si creerles”, escribió desde el centro de detención. Hasta febrero de 2026, los migrantes cubanos expulsados de Rusia llegaban a La Habana. El cambio de destino comenzó en marzo, después de que fueran suspendidos los vuelos comerciales directos entre ambos países. Orday Robaina, abogado cubano residente en Rusia, atribuyó la modificación a una combinación de factores: centros de detención sobrepoblados, boletos costosos para Cuba y escalas que dificultaban mantener bajo custodia a los migrantes. En esas condiciones, señaló, Uzbekistán apareció como una alternativa porque admite cubanos sin visa. Reporta CubaNet Yindra y su esposo, Ángel, fueron detenidos en Moscú en septiembre, tras salir de un supermercado. Según Yindra, policías les exigieron 5.000 euros para liberarlos; como no podían pagarlos, pasaron dos días en una estación sin recibir comida y luego les ofrecieron comprar un pasaje a Cuba o a Uzbekistán. La pareja eligió Taskent porque no tenía dinero para volver a la Isla. “Prefiero los apagones que estar tirada aquí. En este país no hay trabajo”, dijo Yindra, de 52 años, quien conserva apenas recursos para una semana más de alojamiento. Rosmery llegó a Uzbekistán en julio con su pareja tras abandonar un centro de detención ruso. Su hermano pagó el pasaje porque ella, con unos siete meses de embarazo, temía dar a luz encarcelada y ser separada de su hijo. En Taskent, Rosmery fue atendida de urgencia y tuvo su primera ecografía del embarazo. “En el centro de detención no me daban ni vitaminas, ni siquiera más comida”, recordó, antes de explicar que no puede afrontar una cesárea porque el hospital le pidió un método de pago. María Antonia vive en un hostal de habitaciones colectivas, donde un administrador uzbeko le permite quedarse sin cobrarle. Padece glaucoma e hipertensión, pero no puede comprar las gotas ni los medicamentos que necesita; tampoco tiene teléfono propio y depende de otros cubanos para comunicarse con su familia. Yorkis Vega, deportado desde Rusia tras ser detenido en una redada, comparte el hostal con otros cubanos. Consiguió un empleo de limpieza en un pueblo cercano, pero después de trabajar un día y medio no recibió pago. “Se aprovechan de que estamos sin permiso de trabajo y nos estafan”, explicó a CubaNet. Una noche en el hostal cuesta alrededor de USD 10. Yalina consiguió empleo en una fábrica y cubre sus gastos esenciales, pero Yorkis duerme en la calle o intenta descansar en el aeropuerto cuando no puede pagar, mientras María Antonia depende de la comida que otros huéspedes deciden compartir. En verano, Taskent puede alcanzar los 40 °C y María Antonia solo tiene sus botas de invierno y unas sandalias de baño. Evita salir del hostal porque teme una multa o una nueva deportación, al haber superado el plazo de estancia permitido. Algunos cubanos salen de Uzbekistán antes de cumplir los 30 días y vuelven a entrar por la frontera con Tayikistán, situada a unos 100 kilómetros de Taskent a través del paso Oybek-Fotejobod. Yorkis y Yindra han utilizado esa ruta, pero María Antonia no tiene dinero para realizar el trayecto. CubaNet también reporta que la Embajada de Cuba en Moscú, el Ministerio del Interior de Rusia, la Oficina de la Comisionada para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia y la Oficina de la Comisionada para los Derechos del Niño no respondieron las consultas sobre los traslados a Uzbekistán y la separación de la familia. “Yo no puedo regresar a Cuba sin ellos. Donde estén mi hija y mis nietos, allí tengo que estar yo”, dijo María Antonia.
