El gobierno de Cuba publicó el 12 de octubre de 2026 el Decreto-Ley 135/2026 “De Petróleo y Gas” y su reglamento (Decreto 184/2026), que entran en vigor el 19 de octubre. La norma deroga la Ley de Minerales Combustibles de 1938 y la Ley 635 de 1959, flexibiliza las modalidades contractuales y abre formalmente la participación de inversionistas extranjeros y de actores económicos privados nacionales (Mipymes y cooperativas) en la exploración y explotación de hidrocarburos.

La actualización llega después de casi nueve décadas sin una revisión integral del marco legal de los minerales combustibles y en medio de una de las peores crisis energéticas de la isla después del fin de los envíos de crudo subsidiados por el chavismo. También tiene lugar mientras Washington incrementa sus sanciones a la estatal Unión Cuba Petróleo y otras empresas conexas, todas bajo la égida del conglomerado empresarial-militar GAESA, tornando ilegal y sancionable cualquier relación comercial con ellas.

Según el texto del Decreto-Ley, los yacimientos de petróleo y gas natural “son de propiedad socialista de todo el pueblo” y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Las principales modalidades de participación serán los contratos de producción compartida (vigencia de hasta 40 años, prorrogables por 10 más), las concesiones petroleras (hasta 30 años, prorrogables por 10) y los contratos de servicios petroleros. Las concesiones se adjudicarán, preferentemente, mediante licitaciones públicas abiertas.

El reglamento fija límites máximos de recuperación de costos en los contratos de producción compartida: 65 % de la producción bruta en tierra y aguas poco profundas, y hasta 75 % en aguas profundas.

Para las concesiones se establecen cánones de superficie y regalías escalonadas. También se introducen salvaguardas contra la evasión fiscal y la transferencia de utilidades mediante precios de transferencia o gastos simulados.

Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, dijo que la nueva norma busca “ratificar y ampliar la apertura a la inversión extranjera con seguridad jurídica”.

¿Un marco jurídico confiable? Hablan los expertos

Desde comienzos de los años 90, Cuba abrió la exploración y explotación de hidrocarburos a capital extranjero mediante contratos de riesgo y de producción compartida. El socio más relevante fue la canadiense Sherritt International, que inició operaciones en 1992 y se concentró en la rehabilitación de alrededor de un centenar de pozos en los campos de Varadero, Boca de Jaruco, Periféricos y Pina.

La compañía impulsó la perforación horizontal y altamente desviada desde tierra para alcanzar depósitos marinos de la Franja Petrolera Norte y, hacia 2013, producía aproximadamente 20 mil barriles diarios en sus tres campos. Esa producción cayó de forma marcada a partir de 2017, cuando expiró el contrato de Varadero Oeste.

Jorge Piñón, investigador senior del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, filial de Austin, ha criticado de manera reiterada el modelo monopolístico en el que Cuba Petróleo (CUPET) y la corporación comercial CIMEX —ambas bajo GAESA y actualmente sancionadas por EEUU—, controlan prácticamente toda la cadena de valor petrolera, desde la exploración y el suministro hasta la logística, las refinerías y la red de servicentros.

En un análisis enviado a Diario de Cuba, publicado en abril de 2026, Piñón insistía en que atraer capital real exige un marco creíble, transparencia y seguridad jurídica. Las sanciones estadounidenses, subrayó entonces, limitan el acceso a tecnología y capital de Estados Unidos, especialmente en técnicas de recuperación mejorada (inyección de gas, agua, vapor o químicos).

El mismo especialista sostuvo que “para que Cuba tenga un segmento de distribución y comercialización de combustibles abierto, independiente y eficiente, necesita reestructurar su actual modelo monopolístico de la cadena de valor petrolera”.

El experto propuso eliminar progresivamente las operaciones de refinación de crudo y convertir los emplazamientos existentes —la Ñico López de La Habana, la de Cienfuegos y la de Santiago de Cuba, todas con más de 60 años y carentes de unidades modernas de conversión— en terminales de transporte común de acceso abierto. “Esta transición modernizaría el sistema de suministro de combustible del país, reduciría los impactos medioambientales y permitiría un mercado competitivo de combustibles aguas abajo”, escribió.

Piñón ha defendido, además, la privatización de los activos petroleros en las fases posteriores a la extracción —la cadena de comercialización de CUPET y CIMEX— dentro de un eventual modelo económico más abierto y descentralizado, en el que el papel del Estado se reduzca principalmente al de regulador. En sus palabras, solo bajo esas condiciones las compañías internacionales podrían operar con mayor libertad y abastecerse de combustibles de cualquier origen.

En declaraciones a Martí Noticias sobre la nueva legislación de hidrocarburos, Emilio Morales, economista cubano y presidente de The Havana Consulting Group, consideró que la economía de la isla está quebrada y su sistema bancario también.

Según Morales, la captura de Nicolás Maduro y las órdenes ejecutivas de Estados Unidos que elevan aranceles a quienes suministren petróleo al régimen han puesto el abastecimiento energético bajo control estadounidense. “El régimen se siente asfixiado: sus principales socios se han retirado y ya no recibe créditos de aliados políticos. En este contexto, el nuevo decreto parece más un gesto conciliatorio hacia la administración Trump que un intento genuino de atraer otros inversionistas”, estimó.

El también miembro del laboratorio de ideas “Cuba Siglo 21” señaló que La Habana está sola y entiende que su supervivencia pasa por pactar con Washington. Abrir las reservas petroleras sería, en su opinión, un anzuelo para evitar una intervención que hoy parece la única opción real sobre la mesa.

Por su parte, Antonio de la Cruz, experto venezolano en energía y petróleo y director ejecutivo de Inter American Trends, también consultado por Martí Noticias, interpretó la apertura como una disputa por el control de la energía que sostiene al régimen, más allá de la confrontación ideológica. Apuntó que tras casi siete décadas de usar el enfrentamiento con Estados Unidos como base de su legitimidad, La Habana enfrenta la paradoja de necesitar al adversario que sirvió para justificar su poder.

Para De la Cruz se trata de una apertura económica diseñada para evitar una apertura política. El expertó destacó la coincidencia con la estrategia de Washington: mientras Cuba busca capital, la administración Trump endurece restricciones y persigue evasiones, pero autoriza combustible al sector privado, lo que podría otorgarle más influencia que cortar el suministro por completo.

Señaló asimismo el precedente venezolano, donde la salida de Maduro ha impulsado la apertura petrolera y autorizaciones estadounidenses mientras la reconstrucción democrática permanece incompleta.

Cuba, a juicio de De la Cruz, podría seguir una trayectoria similar de “tutela energética”: empresas estadounidenses rehabilitando instalaciones y suministrando combustibles bajo licencias de Washington, con La Habana conservando sus instituciones, pero dependiendo cada vez más de decisiones externas. Advirtió, no obstante, que estabilizar una economía autoritaria puede fortalecer el poder que se pretende transformar, pues la electricidad no genera democracia, ni los contratos liberan presos o garantizan elecciones.

La producción: realidad y perspectivas

Cuba produce actualmente alrededor de 40 mil barriles diarios de crudo extrapesado y alto en azufre, principalmente en la Franja Petrolera Norte, cifra que cubre solo cerca de un tercio de su demanda interna, estimada entre 100 mil y 125 mil barriles diarios.

Piñón, quien fuera jefe de operaciones de British Petroleum Plc en América Latina, ha advertido que la producción nacional alcanzó su pico hacia 2003, con unos 3,68 millones de toneladas métricas, y ha caído desde entonces. En 2023 la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) reportó alrededor de 2,31 millones de toneladas, un descenso del 37% respecto al máximo. “Los yacimientos cubanos ya se encuentran dentro del rango de vida útil de 20-30 años, cuando su rendimiento declina naturalmente”, señaló Piñón a Diario de Cuba en marzo de 2024.

El investigador ha estimado que Cuba podría aumentar la producción entre un 17 y un 20% en las aguas someras de la Franja Petrolera Norte mediante tecnologías de recuperación mejorada. “La dificultad radica no solamente en su alto costo, sino también en que la mayor parte de esas tecnologías está en manos de empresas de servicios petroleros de Estados Unidos, impedidas de operar en Cuba por las sanciones”, advirtió el experto.

El crudo nacional se destina en gran medida a las centrales termoeléctricas. Según los expertos, alrededor del 85 % de la generación en esas plantas depende de ese petróleo, caracterizado por su alta viscosidad y contenido de azufre, lo que lo hace altamente corrosivo y acelera el desgaste de las unidades que, en su mayoría, tienen más de 40 años de operación y han recibido escasa inversión de capital.

Aguas profundas y pozos secos

A principios de la década de 2010, Piñón se mostró optimista sobre el potencial de las aguas profundas de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México. En 2012, calculó que una exploración exitosa podría derivar en una producción de entre 200 mil y 300 mil barriles diarios.

El gobierno cubano impulsó la exploración en esa zona, que se extiende de 112.000 km² dividida en 59 bloques, donde las estimaciones bajo el fondo marino oscilaban entre 4.600 y 9.000 millones de barriles según el Servicio Geológico de EE.UU. y hasta 20.000 millones según CUPET.

La campaña principal se realizó en 2012 con la plataforma Scarabeo 9, construida con menos del 10 % de componentes estadounidenses para eludir el embargo. La española Repsol, en consorcio con Statoil y ONGC Videsh, perforó al noroeste de La Habana y el pozo resultó seco. Petronas/PC Gulf de Malasia y la rusa Gazprom Neft perforaron el bloque Catoche 1X frente a Pinar del Río, donde detectaron un sistema petrolero activo, pero sin cantidades comerciales.

PDVSA de Venezuela perforó el Cabo de San Antonio 1X, también sin hallazgos viables. Los tres pozos de aguas profundas fracasaron comercialmente y la plataforma abandonó Cuba a finales de 2012. El interés extranjero cayó por la geología compleja, los altos costes, las restricciones del embargo y la existencia de mejores opciones en otros países. Desde entonces la exploración en aguas profundas cubanas ha permanecido prácticamente estancada

Sobre hallazgos posteriores en el Bloque 9 por parte de la australiana Melbana Energy, Piñón ha sido más cauteloso: “Cada barril de petróleo nacional producido es buena noticia, pero el verdadero potencial está todavía por determinar. Es muy temprano para cantar victoria”. Melbana anunció después que no había recuperado un volumen significativo de crudo en el pozo Amistad-2.

En plena crisis, fin de los subsidios

La dependencia de importaciones ha sido crítica. Venezuela, México y, de forma ocasional, Rusia, han cubierto el déficit. Sin importarle los apagones en la isla GAESA engrosaba sus arcas desviando y revendiendo en mercados asiáticos, entre 2024 y 2025, hasta el 60 % del crudo y productos refinados enviados a la isla por Caracas (40 mil de los 70 mil barriles diarios). Los especialistas habían advertido reiteradamente sobre la fragilidad del sistema. En enero de 2026, en Actualidad Radio de Miami, después de la captura de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, Piñón sentenció que “el esquema de petróleo subsidiado hacia Cuba se ha agotado”.

Pero la crisis energética cubana no se debe solo a falta de combustible, ni comenzó con la Orden Ejecutiva 14380 emitida por Trump sobre Cuba el 29 de enero. El citado especialista ha insistido en que el problema energético cubano es estructural. Las plantas generadoras son obsoletas y renovar el sistema requeriría una inversión mínima de 8.000 millones de dólares; el almacenamiento es limitado (perdieron capacidad tras el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas) y el monopolio estatal de la cadena de valor, ejercido por CUPET y CIMEX, restringe la eficiencia.

En la actualidad, los largos apagones en la isla obedecen en gran medida a las constantes averías cada mes de unidades de las termoeléctricas o de las salidas totales de servicio de las CTE. En lo que va de 2026, Cuba ha sufrido ocho apagones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Suministros autorizados, prohibidos y flota oscura

La nueva legislación cubana se enmarca en ese contexto de crisis, búsqueda de capital y designaciones estadounidenses que solo permiten el suministro de carburantes al sector privado y a otros en Cuba por razones humanitarias.

Washington intensificó las sanciones al sector petrolero en junio de 2026, incluyendo a CUPET en la lista de entidades especialmente designadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería (OFAC). La medida no solo congela bienes e intereses de CUPET en EE.UU. y prohíbe transacciones de estadounidenses con ella, sino que puede imponer sanciones secundarias a entidades extranjeras por hacer negocios con la empresa. Cualquier salvedad dependería de la emisión de una licencia general o específica de la OFAC.

Entre julio y septiembre, el cerco se estrechó con sanciones a siete empresas que apoyan la actividad de CUPET: ENETEC S.A.; COREYDAN S.A.; CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL PETROLEO S.A. (CEINPET); EMPRESA DE ENERGIA S.A. (ENERSA); EINARBO S.A.; EMPRESA IMPORTADORA DE ABASTECIMIENTO PARA EL PETROLEO (ABAPET); y COMERCIAL CUPET S.A.

Paralelamente, en 2026 las exportaciones de combustibles de EEUU a Cuba (autorizadas principalmente al sector privado) crecieron con fuerza: 231,7 millones de dólares de enero a agosto, y solo en el octavo mes del año 74,8 millones según el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba. En julio, se exportaron 3,2 millones de barriles (récord mensual). EEUU se convirtió en el principal proveedor tras el corte de flujos venezolanos y mexicanos.

Piñón comentó a BBC Mundo que es muy difícil fiscalizar en el terreno que el combustible se quede exclusivamente en manos privadas. «No tengo duda de que en todas esas transacciones el gobierno cubano está directa o indirectamente involucrado», porque toda la infraestructura de almacenamiento y distribución del combustible pertenece al Estado.

A la vez, Washington interceptó envíos no autorizados. A principios de septiembre se incautaron 90 cargamentos de biodiésel (más de 2,8 millones de dólares / unos 615.000 galones) en Port Everglades, Florida (71) y Houston, Texas (19), con destino a la sancionada ENETEC S.A.

El 5 de septiembre, la Guardia Costera abordó en el Caribe el buque Grace (unos 91 m de eslora), que usaba tácticas de “flota oscura” y transportaba combustible hacia Cuba. Fue escoltado a México, donde se confirmó el cargamento.

La nueva legislación cubana sobre los hidrocarburos, al tiempo que flexibiliza contratos y abre espacio a privados nacionales y extranjeros, reafirma el control estatal “socialista de todo el pueblo” sobre el recurso y mantiene la prioridad del suministro interno.

Queda por ver si ese marco condicionado será suficiente para atraer el capital y la tecnología que, según los expertos, resultarían indispensables para elevar la producción y modernizar la cadena de valor.