Un juez federal de Miami ordenó este martes al régimen de Nicolás Maduro pagar 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que fueron encarcelados y torturados en Venezuela antes de ser liberados en un canje de prisioneros en diciembre de 2023, según informó AP News.

Los tres demandantes son Jerrel Kenemore, Edgar José Marval y Jason Saad, quienes permanecieron casi dos años en cautiverio bajo condiciones descritas en la demanda como «indescriptiblemente duras».

El régimen venezolano los utilizó como rehenes de facto tras la captura y extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab —testaferro del gobierno de Maduro— en 2021, con la intención de usarlos en un futuro canje diplomático.

Las denuncias de tortura incluyen fracturas de espalda por golpes, choques eléctricos en los genitales, tortura psicológica y robo de ahorros en el caso de Marval, mientras que Kenemore y Saad reportaron golpizas sistemáticas y tratos degradantes durante toda su detención.

Los tres fueron liberados el 20 de diciembre de 2023 como parte de un acuerdo entre la administración Biden y Caracas, en el que Washington entregó a Saab a cambio de diez ciudadanos estadounidenses, seis de ellos designados oficialmente como «detenidos injustamente» por el Departamento de Estado.

La demanda fue presentada el 4 de enero de 2026 en la Corte del Distrito Sur de Florida bajo la Ley Antiterrorista, que permite a ciudadanos estadounidenses buscar la incautación de bienes de grupos terroristas extranjeros en jurisdicción estadounidense.

Este fallo sigue el precedente establecido en enero de 2023, cuando el juez Federico A. Moreno condenó a Maduro y al Cartel de los Soles a pagar 153 millones de dólares al abogado venezolano Carlos Marrón y su familia por 878 días de detención y tortura, convirtiendo los tribunales federales de Miami en el principal escenario judicial para las demandas contra el régimen venezolano.

El caso de Saab tuvo un giro dramático: el empresario, cuya liberación fue el precio del canje de 2023, fue arrestado nuevamente en Venezuela en febrero de 2026 en una operación conjunta del SEBIN y el FBI, y entregado a Estados Unidos el 17 de mayo de 2026, donde enfrenta cargos de lavado de dinero y conspiración con una pena máxima de 20 años.

En paralelo, Washington ha intensificado la presión sobre Caracas: en agosto de 2025, Estados Unidos duplicó la recompensa por información sobre Maduro de 25 a 50 millones de dólares, acusándolo de liderar el Cartel de los Soles.

La indemnización de 314 millones de dólares representa uno de los mayores fallos judiciales otorgados a víctimas de la represión del régimen venezolano en tribunales estadounidenses, aunque su cobro efectivo dependerá de la capacidad de incautar activos venezolanos bajo jurisdicción de Estados Unidos.