Civiles que entraron sin autorización a la unidad militar de Melones, en Holguín, encontraron cuerpos en estado de descomposición dentro de los túneles donde ocurrió la explosión del 7 de enero de 2025, pese a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) sostuvieron durante más de un año que las condiciones del lugar impedían acceder para recuperar los restos de los 13 militares fallecidos.

El hallazgo ocurrió hace aproximadamente un mes y fue revelado este jueves por una investigación del medio independiente elTOQUE, que recogió testimonios de familiares de las víctimas y fuentes de la comunidad.

La información reabre las dudas sobre la actuación de las autoridades tras una de las tragedias militares más graves ocurridas en Cuba en los últimos años y, sobre todo, sobre por qué los familiares continúan sin recibir los restos de sus hijos.

La explosión y posterior incendio en el almacén de material de guerra dejaron 13 militares muertos, entre ellos cuatro oficiales y suboficiales y nueve jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio.

Las autoridades cubanas tardaron nueve días en declararlos oficialmente fallecidos, alegando entonces que la «complejidad extrema» del terreno, la acumulación de gases, las altas temperaturas y el peligro de nuevos derrumbes hacían imposible continuar las operaciones.

Los cuerpos nunca fueron entregados a sus familias.

Entraron buscando armas y encontraron cuerpos

Daliha González Almaguer, hermana de Frank Antonio Hidalgo Almaguer, un recluta de 19 años fallecido en la explosión, confirmó a la periodista de elTOQUE Marleidy Muñoz, que un grupo de civiles consiguió acceder al área restringida en busca de armas y otros materiales que habían quedado abandonados.

Lo que encontraron dentro de los túneles volvió a poner en cuestión la explicación mantenida por las autoridades.

«Unos muchachos entraron a la zona en que ocurrió el incendio a buscar armas, polvorines, y otras cosas que quedaron tras la explosión, y encontraron cuerpos en estado de descomposición», relató González Almaguer.

Según explicó, su familia conoció inicialmente lo sucedido a través de personas de la comunidad. Después de exigir respuestas, representantes de las FAR acudieron a su vivienda y reconocieron que se habían encontrado restos humanos.

«Vinieron a nuestra casa personas de las FAR y confirmaron que fueron hallados algunos cuerpos, pero no tenemos constancia aún de que uno de ellos sea el de Frank Antonio. Solo visitaron a dos o tres familias de las víctimas (…) desde entonces, hace más de un mes, no han informado nada más», denunció.

La familia sigue, por tanto, en la misma incertidumbre que comenzó en enero de 2025: sabe que fueron encontrados cuerpos, pero desconoce si entre ellos están los restos de Frank Antonio.

Gretel María Franco, madre de Leinier Jorge Sánchez Franco, otro de los reclutas fallecidos, de apenas 18 años, recibió una comunicación similar de representantes de las FAR hace más de un mes.

Desde entonces, asegura que tampoco ha obtenido nuevas explicaciones.

«Hay varios comentarios en la calle de que los encontraron a todos y también que al quinto día de la búsqueda se derrumbó una pared y la suspendieron. Pero no han sido capaces de informar nada», declaró a elTOQUE.

La madre cuestionó directamente la contradicción entre lo que las autoridades dijeron después de la explosión y lo que ahora habría quedado demostrado con la entrada de los civiles.

El hallazgo plantea una pregunta especialmente dolorosa para las familias: si un grupo de civiles pudo entrar en los túneles y encontrar los cuerpos, ¿por qué durante más de un año las autoridades militares sostuvieron que no podían recuperarlos?

Hasta ahora, las FAR no han ofrecido públicamente una explicación.

Detenidos los jóvenes que encontraron los restos

Los civiles que entraron en la instalación militar fueron detenidos y permanecen encarcelados, según familiares de las víctimas y fuentes comunitarias consultadas por elTOQUE.

De acuerdo con la investigación, la Policía se ha limitado a comunicar que el caso permanece bajo investigación, sin ofrecer información sobre los posibles cargos contra los detenidos ni dónde se encuentran recluidos.

La entrada sin autorización a una instalación militar y la presunta búsqueda de armas constituyen elementos distintos del hallazgo de los restos. Sin embargo, fue precisamente esa incursión la que habría permitido conocer que dentro de los túneles permanecían restos humanos que podrían corresponder a algunas de las víctimas.

«Nunca entraron a buscarlos»

La desconfianza de las familias hacia la versión oficial no comenzó con este descubrimiento.

González Almaguer aseguró que desde los primeros días posteriores a la explosión recibieron informaciones contradictorias sobre cuándo comenzarían las labores para recuperar los cadáveres.

«Primero nos dijeron que después de 72 horas, que antes era imposible. Después que a los cuatro días iban a entrar para recuperar los cuerpos. Todo mentira. Nunca entraron a buscarlos», denunció.

Su familia también se negó a permitir que las autoridades utilizaran la fotografía de Frank Antonio en comunicados oficiales y en el homenaje póstumo organizado tras la tragedia.

Otros familiares habían denunciado públicamente desde 2025 la falta de respuestas.

Julio César Guerrero Batista, padre del recluta José Carlos Guerrero García, cuestionó desde enero de 2025 que se hubieran realizado todas las búsquedas e investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

«¡Quiero el cuerpo de mi hijo! ¡Quiero respuestas y justicia!», reclamó entonces.

Más de un año y medio después, esa exigencia continúa sin respuesta.

elTOQUE contactó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias para solicitar su versión sobre el hallazgo de los cuerpos y la detención de los civiles que accedieron a los túneles, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de publicar su investigación.

Tampoco se ha informado públicamente de pruebas de identificación de los restos ni de su entrega a las familias.

El nuevo hallazgo devuelve así a los familiares al punto que llevan reclamando desde enero de 2025. Ya no se trata únicamente de conocer qué provocó la explosión o por qué nueve reclutas del Servicio Militar Obligatorio terminaron atrapados en un almacén de material de guerra. Ahora también exigen saber por qué unos civiles pudieron llegar hasta unos cuerpos que las FAR dijeron durante más de un año que no podían recuperar.