Una viceministra del régimen cubano calificó este jueves el embargo estadounidense de «genocidio» durante una entrevista concedida en Montevideo, pero la respuesta de muchos cubanos invirtió el argumento: la responsabilidad de la crisis humanitaria que padece la isla recae sobre el propio gobierno que habita el Palacio de la Revolución.

Déborah Rivas Saavedra, viceministra del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), declaró al periódico uruguayo El Popular que «hay un genocidio contra Cuba, eso no tiene otro nombre», mientras participaba en un encuentro internacional en la capital uruguaya.

La funcionaria también describió un cuadro de escasez extrema que atribuyó íntegramente a las sanciones de Washington: «No podemos operar a los niños, los niños con cáncer no reciben medicamentos, hay alimentos que se están echando a perder porque no pueden llegar al país».

Sin embargo, los cubanos respondieron en redes sociales que el principal genocidio que viven los cubanos viene de Palacio, en referencia a la sede del régimen de La Habana. 

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió en mayo que Cuba no tenía reservas de fuel oil ni diésel, una situación que analistas y el secretario de Estado Marco Rubio han vinculado principalmente al colapso del suministro venezolano y a las fallas estructurales acumuladas durante décadas de gestión estatal, no solo al embargo.

El término «genocidio» se ha convertido en el eje central del discurso oficial cubano durante 2026. El canciller Bruno Rodríguez calificó en julio el nuevo paquete de sanciones de EE.UU. como «manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida», y el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró ese mismo mes que Cuba es víctima de «un genocidio fríamente calculado».

Pero la desconfianza ciudadana al discurso oficialista y a las transformaciones anunciadas por el gobierno es amplia: muchos cubanos recuerdan que lo que hoy se presenta como solución estuvo prohibido durante décadas por el mismo sistema que ahora lo impulsa.

Mientras el régimen multiplica sus apariciones internacionales para responsabilizar al embargo de cada carencia, la pregunta que circula dentro de la isla apunta en otra dirección: ¿quién lleva 67 años administrando la economía que hoy no puede garantizar medicamentos para niños con cáncer?