El Gobierno de Pedro Sánchez confirmó oficialmente ante el Congreso de los Diputados de España que mantiene contratos con Grupo PALCO, una empresa estatal cubana vinculada al conglomerado militar GAESA, para suministrar personal de apoyo al Consulado General de España en La Habana.

Los acuerdos adjudicados a la entidad, relacionados con el funcionamiento de las representaciones diplomáticas españolas durante la avalancha de solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos, suman más de 1,6 millones de euros, según los registros de contratación pública.

En una respuesta parlamentaria fechada el 23 de septiembre de 2026, el ejecutivo español reconoció la relación contractual con PALCO y defendió su legalidad, argumentando que la contratación se realizó conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

La respuesta fue remitida a raíz de una pregunta escrita presentada por diputados del Partido Popular el 10 de julio, después de que la prensa española revelara los contratos millonarios adjudicados a la empresa cubana y las condiciones económicas bajo las cuales suministraba trabajadores a las representaciones diplomáticas.

El Gobierno de Sánchez justificó la operación señalando que la legislación cubana obliga a las embajadas y consulados extranjeros a contratar personal local a través de empresas estatales, sin posibilidad de establecer relaciones laborales directas con esos trabajadores.

«La obligatoriedad de contratar a través de una empresa estatal cubana para poder disponer de personal local, ya sean ciudadanos cubanos o extranjeros residentes, se encuentra recogida en la normativa cubana», explicó el ejecutivo.

Según la respuesta parlamentaria, cualquier contratación de personal local que realice el Consulado General de España en La Habana debe canalizarse mediante una empresa estatal, en este caso PALCO. El Gobierno precisó que este mecanismo se utiliza desde 2017 y que no existe otra modalidad de contratación permitida por las autoridades cubanas.

Más de 1,6 millones de euros en contratos con PALCO

Los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público detallan tres contratos adjudicados a Grupo PALCO por un importe conjunto superior a 1,6 millones de euros.

El principal, identificado con el expediente 2024SWs00114, fue adjudicado por la Subsecretaría de Asuntos Exteriores el 5 de marzo de 2025 por 1.131.295,68 euros, para el suministro de personal de oficina y doméstico al Consulado General de España en La Habana.

En el procedimiento se presentó un único licitador, la propia empresa estatal cubana, y el contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2028.

A este acuerdo se suman otros dos: uno por 242.743 euros para el suministro de personal a la Embajada de España y otro por 228.000 euros para el alquiler de un inmueble destinado al personal.

La contratación permitió incorporar alrededor de 87 auxiliares de oficina al consulado español para atender el elevado volumen de solicitudes de nacionalidad generado por la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos.

Hasta julio de 2026, Cuba había registrado más de 350.000 solicitudes de nacionalidad española, una cifra que convirtió a la sede consular de La Habana en uno de los principales centros de tramitación de este procedimiento.

España pagaba más por los trabajadores de lo que estos recibían

Uno de los aspectos más controvertidos de los contratos es la diferencia entre las cantidades abonadas por España a PALCO y los salarios que finalmente recibían los empleados cubanos.

El Gobierno español pagaba a la empresa estatal entre 205 y 210 euros mensuales por trabajador, mientras que los empleados percibían entre 133 y 135 euros.

La diferencia, de aproximadamente 70 a 77 euros mensuales por persona, quedaba en manos de PALCO, que actuaba como intermediaria obligatoria entre las autoridades españolas y los trabajadores cubanos.

Este mecanismo de contratación permite al Estado cubano controlar el acceso al empleo en las representaciones diplomáticas extranjeras y obtener ingresos mediante la intermediación laboral.

La confirmación oficial de los contratos con PALCO deja documentada una relación contractual que ya había sido revelada por la prensa española en julio. Aunque el Gobierno de Sánchez defiende su legalidad y sostiene que la legislación cubana lo obliga a recurrir a una empresa estatal, el mecanismo supone que parte de los recursos destinados por España a contratar trabajadores termina en manos de una entidad del régimen cubano, en lugar de llegar íntegramente a los empleados que prestan el servicio.

PALCO está subordinada al Consejo de Ministros de Cuba y ha sido vinculada al entramado empresarial de GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que concentra importantes sectores de la economía de la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionó a GAESA el 1 de mayo de 2026 mediante una orden ejecutiva en la que describió al conglomerado como «el corazón del sistema comunista cleptocrático» cubano.

La vinculación empresarial de PALCO con ese entramado añade un elemento de controversia a los contratos, al tratarse de recursos públicos españoles destinados a una entidad del aparato económico estatal cubano.

El Gobierno niega que trabajadores de PALCO decidan sobre las nacionalidades

Ante las dudas planteadas sobre la participación de trabajadores contratados mediante PALCO en la tramitación de los expedientes, el ejecutivo español aseguró que estos empleados desempeñan únicamente labores administrativas, técnicas y auxiliares bajo la supervisión de funcionarios españoles.

«En ningún caso ejerce funciones reservadas a funcionarios públicos españoles ni participa en la adopción de decisiones sobre expedientes de registro civil, pasaportes o visados», afirmó el Gobierno en su respuesta al Congreso.

El ejecutivo insistió en que todas las decisiones relacionadas con el ejercicio de potestades públicas permanecen reservadas al personal funcionario español competente.

También aseguró que el acceso de los trabajadores a documentos y sistemas informáticos está limitado a las necesidades del servicio y sometido a mecanismos de autorización, supervisión y trazabilidad, así como a obligaciones de confidencialidad y protección de datos.

Sin embargo, estas explicaciones no han eliminado las críticas sobre la intervención de una empresa estatal cubana en el funcionamiento de las oficinas diplomáticas españolas.

La Ley de Nietos, en medio de una controversia política en España

Los contratos con PALCO se enmarcan en una polémica más amplia sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y sus posibles consecuencias electorales.

El Partido Popular y Vox han cuestionado el procedimiento de incorporación de nuevos ciudadanos españoles al censo exterior y han acusado al Gobierno de Sánchez de utilizar la Ley de Nietos para ampliar su base electoral.

Sectores de la oposición han llegado a estimar que las nuevas inscripciones podrían tener repercusiones en hasta 20 escaños, aunque se trata de una proyección política y no de un resultado electoral comprobado.

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el 8 de septiembre los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la ley, en el contexto de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026.

Este 12 de octubre, el Tribunal Supremo de España rechazó el recurso de la Abogacía del Estado y mantuvo la suspensión cautelar del voto para determinados nacionalizados mediante la Ley de Nietos en las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión podría afectar a 163.020 electores, aunque no implica la pérdida de la nacionalidad española ni permite determinar cuántos de los afectados son cubanos.

A la controversia se suman las preocupaciones sobre la verificación de los documentos expedidos en Cuba, país que no forma parte del Convenio de La Haya sobre la Apostilla.

Hasta julio de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores español había tramitado casi 1,3 millones de solicitudes de nacionalidad y concedido la ciudadanía a más de 357.000 personas mediante este procedimiento.