El Gobierno de Cuba publicó este miércoles un decreto que busca actualizar las reglas sobre el acceso, la producción y la gestión de viviendas en el país, con especial atención a los jóvenes y las personas en situación de vulnerabilidad, en medio de una prolongada crisis habitacional.

El Decreto 176, «Reglamento General de la Ley de la Vivienda», publicada por el Consejo de Ministros desarrolla los mecanismos concretos para aplicar la Ley 187 aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2026.

El decreto, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el 4 de septiembre de 2026, quedó publicado en la Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 2026, en las páginas 46 a 117.

La propia Ley 187 había encargado al Consejo de Ministros dictar este reglamento para complementar sus disposiciones en materia de hábitat, producción y acceso a la vivienda.

El texto del decreto justifica la norma señalando que «resulta necesario actualizar el ordenamiento jurídico acorde con la nueva realidad», con especial atención a «la protección desde las políticas públicas a las personas en situación de vulnerabilidad y a los jóvenes».

El Decreto 176 regula 16 materias específicas, entre ellas:

• El Programa Nacional de Desarrollo Habitacional y el precio de las viviendas que construye y asigna el Estado.
• La microbrigada como forma de gestión.
• La entrega de solares yermos estatales en concepto de derecho perpetuo de superficie.
• Las intervenciones arquitectónicas por esfuerzo propio.
• La transmisión de viviendas e inmuebles estatales a personas naturales y jurídicas.
• Los derechos derivados de actos administrativos de asignación por compraventa, arrendamiento y usufructo.
• Las permutas y los métodos alternos de solución de conflictos.
• La delegación de funciones.

En cuanto a la gestión del programa habitacional, el reglamento establece que su dirección recae en el Ministerio de la Construcción con la participación de las direcciones de la Vivienda en cada provincia y municipio.

El director de la Vivienda Municipal actúa como inversionista directo del Consejo de la Administración Municipal y «supervisa el adecuado desarrollo del proceso constructivo en cada una de sus fases y responde por los resultados de la inversión, incluida la calidad y el plazo de garantía», según el Artículo 4.3 del decreto.

Para la recepción de obras terminadas, la norma exige que cada vivienda garantice habitabilidad, resiliencia climática y eficiencia energética, e incluya soluciones de acueducto, alcantarillado, drenaje, electricidad, áreas verdes, instalaciones hidrosanitarias y accesos vehiculares y peatonales.

La Gaceta No. 86 Ordinaria agrupa en total seis normas vinculadas al nuevo marco jurídico habitacional: la Ley 187, el Decreto 176, el Decreto 177 sobre Propiedad Horizontal, el Decreto 178 sobre Cooperativas de Viviendas, y dos resoluciones del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo sobre certificaciones y valoración catastral.

Este paquete normativo llega en un momento de grave deterioro del parque habitacional cubano: el déficit supera las 900,000 viviendas, cerca del 35% de las 4,1 millones de unidades existentes se encuentra en estado regular o malo, y en La Habana se derrumban aproximadamente 1,000 edificaciones por año.

La Ley 187, que el Decreto 176 viene a reglamentar, sustituyó la Ley No. 65 «Ley General de la Vivienda» de 1988, vigente durante casi cuatro décadas, e incorporó criterios de resiliencia climática, reconocimiento de cooperativas de vivienda y nuevas reglas de propiedad horizontal.