El Gobierno de Cuba aprobó este miércoles el Decreto 178, que establece por primera vez un marco jurídico específico para la creación y funcionamiento de cooperativas de viviendas en el país.

La normativa permitirá que grupos de ciudadanos se asocien voluntariamente para construir, rehabilitar y conservar inmuebles, mediante entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, en medio de la profunda crisis habitacional que atraviesa la isla.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 2026, en las páginas 136 a 155, y lleva la firma del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.

La norma define la cooperativa de viviendas como «una asociación de personas, en lo adelante socios, que se unen voluntariamente para resolver de manera conjunta sus necesidades habitacionales y realizar intervenciones urbanísticas y arquitectónicas, de obra nueva, rehabilitación y conservación».

Según el texto del decreto, estas entidades poseen personalidad jurídica y patrimonio propio, con el que responden a obligaciones fiscales, crediticias, laborales, medioambientales, contractuales, higiénico-sanitarias y urbanísticas.

Los socios pueden aportar dinero, bienes tangibles e intangibles y derechos patrimoniales, que pasan a integrar un régimen colectivo destinado a la construcción o rehabilitación de viviendas.

Una vez concluidas las obras, los miembros tienen dos opciones: disolver la cooperativa y acogerse al régimen de Propiedad Horizontal, o mantener la sociedad y desarrollar actividades económicas, sociales y culturales adicionales, como jardinería, instalación de equipos o estacionamiento de vehículos.

El Decreto 178 se rige por tres principios rectores: voluntariedad en la incorporación y permanencia de los socios; cooperación y ayuda mutuas entre todos los miembros; y decisión colectiva con igualdad de derechos.

La norma fue dictada en cumplimiento de la Disposición Final Primera de la Ley 187 «De la Vivienda», aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2026, que encargó al Consejo de Ministros elaborar este reglamento e incorporó la cooperativa como una nueva forma de gestión habitacional.

La Gaceta No. 86 publicó ese mismo día un paquete integral de seis normas sobre vivienda: además del Decreto 178, incluyó la propia Ley 187, el Decreto 176 (Reglamento General de la Ley de la Vivienda), el Decreto 177 (Reglamento de Propiedad Horizontal) y dos resoluciones del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo sobre certificaciones catastrales y valor catastral de bienes inmuebles.

El nuevo marco normativo llega en un contexto de crisis habitacional estructural en Cuba: el déficit oficial superaba las 805,000 viviendas en julio de 2025, con estimaciones de 2026 que lo elevan a cerca de 929,000 unidades.

El 35% del parque habitacional del país —aproximadamente 1,450,000 viviendas— se encontraba en estado regular o malo, mientras que el plan estatal de construcción apenas alcanzó el 22% de su meta en 2025, con solo 2,382 unidades concluidas de las 10,795 previstas.