GAESA, el conglomerado militar que domina la economía cubana, mantiene fuera del alcance de la población USD 20,000 millones en activos, según denunció este lunes el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. El funcionario describió a la cúpula gobernante de la isla como una “cleptocracia” que gasta en un día más de lo que la mayoría de los cubanos gana en varios meses de trabajo. La acusación llega apenas nueve días antes de que Cuba presente, por 34ª vez, su resolución anual contra el embargo estadounidense ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según informó Radio Martí, emisora con sede en Miami. El conglomerado en el centro del poder económico “En el centro de esta cleptocracia se encuentra GAESA, un aparato militar que cuenta con USD 20,000 millones en activos ilícitos y que desvía dinero en efectivo hacia cuentas en el extranjero, mientras que el pueblo cubano sufre cortes de electricidad y pasa hambre”, escribió Segura en la red social X. GAESA es el Grupo de Administración Empresarial S.A., el emporio militar vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que controla sectores clave como el turismo, el comercio minorista y los servicios financieros de la isla. Washington sostiene que ese conglomerado concentra entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, aunque esa cifra corresponde a estimaciones del propio gobierno estadounidense. La administración Trump sostiene que la élite militar cubana, encabezada por GAESA, desvía miles de millones de dólares a cuentas en el extranjero mientras el pueblo padece apagones prolongados, escasez de alimentos y falta de medicinas. Segura atribuye esa desigualdad a un modelo que, según él, prioriza el enriquecimiento de unos pocos sobre las necesidades de la población. El subsecretario no es un crítico ocasional del conglomerado. Desde que asumió su cargo, ha reiterado advertencias a las empresas extranjeras que negocian con GAESA sobre posibles sanciones. En agosto había calificado al modelo cubano como una “cleptocracia controlada por los militares” que limita las oportunidades de los ciudadanos comunes. Esas advertencias ya tuvieron efecto. A principios de octubre, el grupo alimentario español Vima retiró su nombre y su señalización de la única tienda que operaba en La Habana, asociada a Cimex, una corporación integrada en el entramado de GAESA. El movimiento se suma a una lista creciente de empresas extranjeras que redujeron o abandonaron sus operaciones en la isla desde que Washington designó formalmente al conglomerado bajo una orden ejecutiva el 7 de mayo. El petróleo venezolano que no llegó a la red eléctrica Segura también apuntó contra una decisión concreta del régimen: la venta en el mercado mundial del petróleo subsidiado que Cuba recibía de Venezuela, en lugar de destinarlo a abastecer su propia red eléctrica. Esa denuncia se produce en medio de uno de los peores colapsos energéticos de la historia reciente de la isla. Según Radio Martí, los apagones alcanzan las 80 horas en algunas localidades, un fenómeno que arrastra consigo la interrupción del suministro de agua potable, la escasez de alimentos e insumos médicos y el deterioro de las condiciones sanitarias. El panorama se agravó en los últimos días. Un incendio en la central termoeléctrica Ernesto Guevara dejó fuera de servicio una de sus unidades y redujo la generación eléctrica nacional a apenas 740 megavatios, frente a una demanda de 2,260 megavatios. La avería se sumó a los problemas de la central Antonio Guiteras, la mayor planta del país, que acumuló más de una decena de fallas no programadas a lo largo de este año. El sistema eléctrico nacional sufrió además ocho colapsos totales en lo que va de 2026, el más reciente el 18 de septiembre, cuando el apagón se extendió por aproximadamente 32 horas en toda la isla. La disputa diplomática se traslada a la ONU No es la primera vez que la administración de Donald Trump señala al modelo económico cubano como un aparato incompetente, con altos niveles de corrupción e incapaz de resolver las necesidades básicas de la población. El régimen cubano, por su parte, atribuye su crisis al embargo estadounidense vigente desde la década de 1960. Cada año busca respaldo internacional en la ONU mediante una resolución de condena a las sanciones, que en 2025 fue aprobada por 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, luego de una intensa campaña de presión de Washington. En esta ocasión, el gobierno de Estados Unidos decidió responder con un evento organizado por su misión diplomática ante el organismo, bajo el título “Cuba Libre: la opresión que La Habana oculta”, programado para el 19 de octubre. El representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, condenó la iniciativa y la calificó de “una nueva maniobra política” de Estados Unidos para usar las instalaciones del organismo contra la isla. Según el diplomático, Washington busca “desviar la atención internacional” del impacto del bloqueo y las sanciones sobre la población. La votación de la nueva resolución cubana está prevista para los días 27 y 28 de octubre, en medio de un escenario donde el canciller Bruno Rodríguez Parrilla informó daños acumulados por USD 8,080 millones para el período de marzo de 2025 a febrero de 2026, la cifra más alta registrada hasta ahora.
