El Tribunal Supremo de Florida rechazó este miércoles el último recurso presentado por los abogados de Dennis Michael Sochor, de 74 años, despejando el camino para que sea ejecutado el próximo martes 14 de julio en la Prisión Estatal de Florida, en Starke, informó CBS Miami.

Sochor fue condenado a muerte por el asesinato de Patricia Gifford, una joven de 18 años a la que estranguló tras conocerla durante la celebración de la Nochevieja de 1981 en el bar Banana Boat, en el condado de Broward. La sentencia fue impuesta el 2 de noviembre de 1987 y quedó firme en 1993, por lo que el reo ha permanecido más de tres décadas en el corredor de la muerte.

La orden de ejecución fue firmada por el gobernador Ron DeSantis el pasado 11 de junio. Se trata de la undécima orden que emite este año y, de concretarse, la muerte de Sochor se convertirá en la décima ejecución realizada en Florida en 2026, en medio de una política de aplicación intensiva de la pena capital impulsada por el mandatario republicano.

El estado ya había marcado un precedente en 2025, cuando ejecutó a 19 reclusos, la cifra más alta registrada en la era moderna de Florida. Ese total representó cerca del 40 % de todas las ejecuciones realizadas en Estados Unidos durante ese año y superó ampliamente el anterior récord estatal de ocho ejecuciones, alcanzado en 2014.

Defensa cuestionó la inyección letal

La defensa de Sochor sostuvo que el protocolo de inyección letal utilizado por Florida, basado en una combinación de tres fármacos, viola la Octava y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Los abogados argumentaron que la dosis de etomidato, empleado como sedante, no garantiza que el condenado permanezca inconsciente durante la ejecución y que, combinado con los otros medicamentos, puede provocar un edema pulmonar agudo que ocasionaría una intensa sensación de asfixia.

Como alternativa, solicitaron que se autorizara la ejecución mediante pelotón de fusilamiento, al considerar que ese método provocaría la pérdida del conocimiento «en un plazo de tres a cinco segundos».

Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó esos argumentos al señalar que las autopsias citadas por la defensa, correspondientes a ejecuciones realizadas entre 2017 y 2026, «han estado disponibles desde que se realizó la primera en 2017» y que el protocolo de inyección letal no ha experimentado cambios sustanciales durante ese período.

Los magistrados también desecharon la acusación de que la Fiscalía ocultó una carta enviada en 2022 por un detective de la Oficina del Sheriff del condado de Broward al hermano de Sochor, Gary.

Según el fallo, la misiva únicamente solicitaba información que pudiera conducir a la recuperación del cuerpo de Patricia Gifford, cuyos restos nunca fueron encontrados.

La defensa sostiene desde hace años que la condena se apoyó en gran medida en el testimonio de Gary Sochor, quien habría recibido inmunidad procesal a cambio de declarar contra su hermano. En una moción presentada en 2016, el condenado alegó además que la Fiscalía ocultó información según la cual Gary habría confesado a un amigo que también participó en el crimen.

Otra ejecución vuelve a quedar en marcha

En una decisión separada emitida el mismo miércoles, el Tribunal Supremo levantó además la suspensión que mantenía paralizada la ejecución de James Aren Duckett, de 68 años, exoficial de policía condenado por la violación y el asesinato de una niña de 11 años en 1987.

Duckett había obtenido una suspensión temporal en marzo para permitir la realización de nuevas pruebas de ADN. Sin embargo, la Fiscalía General de Florida concluyó que esos análisis no aportaron evidencia que pudiera exonerarlo.

Aunque la orden de ejecución de Duckett ya expiró, una portavoz del gobernador DeSantis evitó confirmar cuándo podría firmarse una nueva y se limitó a responder: «Manténganse informados».

Actualmente, 246 personas permanecen en el corredor de la muerte en Florida, uno de los estados con mayor número de condenados a la pena capital en Estados Unidos.