La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en los bloqueos de carreteras que paralizaron Bolivia durante más de siete semanas entre mayo y junio de 2026, según informó la agencia EFE.

El fiscal de materia Brayan Alfredo Melgar Ledezma firmó la orden, que acusa a Morales de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La denuncia fue presentada a principios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, representado por su presidente Stello Cochamanidis Garces, y posteriormente respaldada por el Ministerio de Gobierno, encabezado por Marco Antonio Oviedo Huerta.

La orden también alcanza al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien ya se encuentra en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada a los mismos hechos.

Los bloqueos, impulsados por campesinos y sectores afines a Morales con la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz como «única demanda», llegaron a registrar 84 puntos activos en siete de los nueve departamentos del país.

Las consecuencias fueron devastadoras: al menos 16 personas fallecidas —13 de ellas por no poder recibir atención médica oportuna al quedar cortadas las vías— y pérdidas económicas que superaron los 3,000 millones de dólares.

Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados. Sin embargo, el 24 de mayo publicó en la red social X que el mandatario tenía solo «dos caminos»: «militarizar» el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.

Tras alcanzar acuerdos con varios sectores, el presidente Paz decretó el 20 de junio un estado de excepción por 90 días, aprobado al día siguiente por la Asamblea Legislativa, que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército para despejar las carreteras. Para el 23 de junio todos los bloqueos habían sido levantados.

Esta nueva orden se suma a otra ya vigente desde octubre de 2024, dictada por la Fiscalía de Tarija por trata agravada de personas, vinculada a una presunta relación con una menor de 15 años en 2015 con quien habría tenido una hija al año siguiente.

En mayo de 2026, al no presentarse al inicio del juicio oral en Tarija, un tribunal declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de aprehensión inmediata.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por centenares de seguidores que han montado una vigilia permanente para impedir la ejecución de las órdenes judiciales. La Policía, por su parte, sostiene que «espera el momento adecuado» para ejecutarlas.