La familia de Luis Guillermo Céspedes Fonseca, un hombre de 37 años detenido por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Güines, en la provincia de Mayabeque, denuncia que murió bajo custodia del Estado cubano.

La denuncia fue difundida en redes sociales a petición de la familia por la activista Irma Lidia Broek, con crédito a Yois Ramos, hermana de la víctima, quien relató los hechos en primera persona.

Según el testimonio, los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de junio, en circunstancias que los familiares califican de «crimen deliberado» y que las autoridades se niegan a esclarecer.

Acorde al relato publicado por la activista, las autoridades contactaron a la familia para informarles que Luis Guillermo supuestamente se había «ahorcado con una colcha» dentro del calabozo. La familia rechaza esa versión de forma categórica.

«Mi hermano no se quitó la vida; a mi hermano lo golpearon hasta matarlo. Una fotografía anónima que nos llegó delata la violencia de su cuerpo, y hoy ni siquiera sabemos con certeza en qué lugar exacto del cementerio lo enterraron», denunció Ramos.

Las autoridades no solo negaron explicaciones: también prohibieron a los familiares ver el cuerpo y les impidieron tomar fotografías.

A eso se sumó una crueldad adicional: la familia reside en Contramaestre, municipio de Santiago de Cuba, y recibió apenas 24 horas para trasladarse hasta Güines, un trayecto que hace materialmente imposible llegar a tiempo. El cuerpo fue sepultado en soledad, sin que la madre pudiera despedirse de su hijo.

«Negaron a una madre desesperada el derecho humano y sagrado de darle el último adiós a su hijo», escribió la hermana del fallecido.

Desde el 11 de junio, las autoridades de Contramaestre guardan silencio absoluto sobre el caso. La familia exige una investigación real y transparente, y advierte que sus integrantes en Cuba corren peligro por alzar la voz.

El patrón que describe esta familia no es nuevo. Casos como el de Víctor Ángel Rodríguez Martí, muerto en la Segunda Unidad de la PNR de Santiago de Cuba en junio de 2025, o el de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, preso del 11J fallecido en el Combinado del Este el 30 de noviembre de 2024, presentan los mismos elementos: versión oficial de suicidio, denuncia familiar de golpiza, negativa a mostrar el cuerpo y silencio institucional.

En el caso de Guillén Esplugas, el secretario general de la OEA denunció públicamente la muerte y responsabilizó al Estado cubano por su custodia.

La organización de derechos humanos Cubalex registró al menos 30 muertes bajo custodia en Cuba durante el primer semestre de 2026, incluyendo cuatro presos políticos, y advierte que esa cifra es un subregistro dado el hermetismo del Estado.

Entre enero de 2022 y enero de 2024, la misma organización había documentado 56 muertes bajo custodia en Cuba, con causas que incluyen negación de atención médica, violencia institucional y suicidios cuyas circunstancias las familias cuestionan sistemáticamente.

«El hecho ocurrió el pasado 11 de junio, y desde entonces las autoridades de Contramaestre han hecho absoluto silencio. Exigimos una investigación real y transparente», concluyó Yois Ramos en su denuncia.