Un jurado federal de Miami falló este lunes a favor de Expedia Group en una demanda interpuesta por dos cubanoamericanos que acusaban a la empresa de haber «traficado» con propiedades confiscadas por el régimen cubano, según informó The New York Times.

Los demandantes, Mario Echevarría, de 91 años, y Maricela Mata, de 66, sostenían que la compañía facilitó reservas en cinco hoteles levantados sobre terrenos que pertenecieron a sus familias antes de la revolución de 1959, en violación del Título III de la Ley Helms-Burton.

La prueba que no pudo demostrarse

El jurado concluyó que ninguno de los dos demandantes logró acreditar de manera suficiente la titularidad sobre los terrenos en disputa, lo que impidió que el tribunal entrara a analizar si Expedia había actuado de forma ilegal.

Echevarría afirmaba que su familia era propietaria de Cayo Coco antes de las confiscaciones, pero no pudo documentarlo.

El abogado de Expedia, David Shank, lo dejó claro ante el jurado con una pregunta retórica: «¿De quién es? No tengo ni idea. Eso lo deciden ustedes».

Mata presentó documentos para demostrar que el terreno sobre el que se construyó el Hotel San Carlos de Cienfuegos —levantado en 1928— pertenecía a su abuelo Antonio.

La defensa argumentó que esos papeles constituían un registro mercantil y no un título de propiedad.

Los argumentos de Expedia

La defensa sostuvo que la empresa desconocía que los hoteles estuvieran construidos sobre terrenos reclamados por las familias y que sus operaciones se desarrollaron al amparo de las licencias de viaje emitidas durante la administración de Barack Obama.

Expedia dejó de operar en Cuba en 2025, tras la reversión de esas políticas por parte de la administración Trump.

Un portavoz de la compañía expresó su satisfacción: «Estamos satisfechos con la decisión del jurado, que afirma la postura que hemos mantenido todo el tiempo».

El abogado de los demandantes, Andrés Rivero, respondió con dureza: «Estos acusados usaron estas propiedades en alianza con los socios comunistas cubanos».

Segunda victoria consecutiva bajo la Helms-Burton

Este fallo representa el segundo triunfo legal de Expedia en casos vinculados a Cuba.

El primero llegó en julio de 2025, cuando un jurado federal en Delaware falló a favor de la empresa en el caso conocido como Sánchez Hill, en el que los demandantes reclamaban más de 1,700 millones de dólares.

El historial judicial tiene más capítulos: en abril de 2025, un jurado de Miami había concedido a Echevarría casi 30 millones de dólares en el primer juicio con jurado celebrado bajo la Ley Helms-Burton.

Sin embargo, el juez Federico Moreno anuló ese veredicto meses después al considerar que Expedia había detenido las reservas dentro del plazo legal. Ese caso permanece en apelación.

Los obstáculos estructurales de estas demandas

Paolo Spadoni, economista de la Universidad de Augusta, en Georgia, y especialista en turismo cubano, señaló al Times que «la victoria de Expedia resalta los obstáculos considerables a los que los cubanoamericanos siguen enfrentándose al presentar reclamaciones que involucran bienes expropiados hace décadas».

El principal escollo, según Spadoni, es demostrar «que poseen derechos de propiedad legalmente reconocibles sobre los bienes en cuestión».

John Kavulich, del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, advirtió que estos reveses no deben desanimar a quienes aspiran a reclamar bajo la Helms-Burton.

Kavulich citó victorias recientes como el fallo del Tribunal Supremo a favor de Havana Docks Corporation contra cuatro grandes navieras por el uso de terminales portuarias de La Habana confiscadas en 1960, y la posterior decisión que abrió la vía para que ExxonMobil demande a entidades estatales cubanas por más de 1,000 millones de dólares en activos expropiados.

Las reclamaciones certificadas en Estados Unidos por confiscaciones cubanas ascienden a al menos 5,913 casos, valorados en unos 1,900 millones de dólares originales y estimados en más de 9,000 millones con los intereses acumulados, una cifra que ilustra la magnitud del despojo perpetrado por el régimen durante décadas.