El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de medidas punitivas contra funcionarios y entidades del Gobierno cubano, en línea con la escalada de asedio y castigo colectivo que Washington mantiene contra La Habana en las últimas semanas. La ofensiva incluye sanciones individuales y corporativas, bajo la Orden Ejecutiva del pasado 1 de mayo.
Las restricciones individuales alcanzan a tres directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su presidente Fernando González Llort, la vicepresidenta primera Noemí Ramona Rabaza Fernández y la directora de América del Norte, Leima Martínez Freire, quienes fueron incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). La medida se fundamenta, según el Departamento liderado por Marco Rubio, en el informe «Cuba: La capital del comunismo en el siglo XXI», publicado el 20 de julio.
El paquete sancionador también impacta de lleno en los sectores metalúrgico y minero del archipiélago. Fueron designadas la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, dedicada a la extracción de níquel y cobalto; la importadora y comercializadora de metales MetalCuba; el grupo empresarial Geominero Salinero (Geominsal); y la comercializadora Acinox Comercial, todas ellas vinculadas al comercio de insumos industriales pesados.
A estas se suman acciones punitivas contra el Ministerio de Construcción de Cuba y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (ACOREC, S.A.), que suministra trabajadores cubanos a entidades extranjeras en el país. El Departamento de Estado extendió además las sanciones a otras empresas del comercio exterior, como Coratur S.A., la central de abastecimiento Transimport y la comercializadora Consumimport, dedicadas a la importación y exportación de vehículos, equipos pesados y materiales de construcción.
Como consecuencia de estas designaciones, queda prohibido a cualquier persona o empresa estadounidense mantener transacciones comerciales o financieras con los sancionados, y se ordena el bloqueo de todos los activos que pudieran tener en territorio de EE.UU. La medida incluye además una advertencia explícita a entidades no estadounidenses que mantengan vínculos con las empresas y funcionarios ahora incluidos en la lista negra.
El nuevo paquete punitivo profundiza el cerco económico contra Cuba y se suma a las recientes acciones de la administración estadounidense, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo que afecta todos los sectores de la vida nacional. Estas designaciones refuerzan la presión exterior sobre el comercio, la minería y los vínculos internacionales de la mayor de las Antillas.
(Con información de Cubadebate)
