El régimen cubano, que durante décadas defendió el monopolio estatal de la banca como una conquista del socialismo, ahora quiere convertir al sector financiero en motor de su transformación económica. Pero detrás de ese cambio emerge una pregunta incómoda: ¿quién tiene en Cuba el dinero necesario para crear bancos privados?

El gobernante designado Miguel Díaz-Canel volvió sobre el asunto durante una reciente reunión con directivos y trabajadores bancarios, reseñada por Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

La ministra-presidenta del Banco Central, Juana Lilia Delgado Portal, identificó entre las prioridades la apertura y capitalización del sistema financiero, el crédito, las operaciones cambiarias y las remesas.

Díaz-Canel insistió en recuperar la confianza de los clientes y fortalecer la banca, pero también reclamó reforzar la dirección política e ideológica del sector. Incluso evocó al Che Guevara y la construcción del «hombre nuevo».

El Partido Comunista reivindica así su ortodoxia ideológica mientras abre las puertas a bancos privados, negocios financieros y nuevas formas de acumulación de capital.

La contradicción resulta más significativa cuando se examina quiénes podrían beneficiarse de esas oportunidades.

¿Quiénes serán los nuevos banqueros de Cuba?

En junio de 2026, el régimen anunció 176 medidas económicas que incluyen la autorización de bancos y otras instituciones financieras privadas, además de fórmulas para permitir la participación de inversionistas particulares en empresas estatales.

La apertura no implica una privatización general de los bancos existentes, pero introduce oportunidades empresariales hasta ahora reservadas al Estado.

En teoría, podrán participar empresarios cubanos e inversionistas extranjeros. En la práctica, crear un banco exige importantes recursos financieros, acceso a divisas, experiencia y relaciones internacionales.

En un país donde la mayoría de la población apenas consigue cubrir sus necesidades básicas, el número de empresarios capaces de reunir esas condiciones es necesariamente reducido.

Mientras tanto, una parte considerable de los recursos económicos nacionales permanece concentrada en estructuras estatales y militares, especialmente en el conglomerado GAESA, que durante décadas ha controlado importantes negocios turísticos, comerciales y financieros.

Una investigación de El Nuevo Herald, basada en documentos internos filtrados, atribuyó a GAESA unos 18.000 millones de dólares en activos corrientes en marzo de 2024. Aunque la interpretación de esas cifras ha sido cuestionada por posibles problemas de conversión monetaria, la investigación volvió a poner sobre la mesa la opacidad del conglomerado militar y la falta de auditorías públicas independientes.

La concentración de recursos plantea un problema evidente: los empresarios independientes difícilmente parten en igualdad de condiciones frente a quienes ya controlan capitales, infraestructura y relaciones comerciales.

El riesgo de una «piñata» a la rusa

El economista Emilio Morales, de Cuba Siglo 21, lleva años advirtiendo sobre una posible transformación de la élite gobernante en una nueva clase de grandes propietarios privados.

En su estudio sobre GAESA de enero de 2023, Morales describió la concentración del poder económico en torno al conglomerado militar y la familia Castro.

Posteriormente, en el informe «El emprendimiento en Cuba asfixiado por GAESA», planteó que las mipymes podrían facilitar una futura transferencia de empresas y activos estatales hacia personas vinculadas al poder.

La hipótesis recuerda lo sucedido en Rusia tras la disolución de la Unión Soviética, cuando empresarios y antiguos integrantes del aparato soviético adquirieron importantes activos públicos mediante privatizaciones que favorecieron la aparición de poderosos oligarcas.

Existe, sin embargo, una diferencia fundamental: en Cuba, ese eventual proceso estaría desarrollándose sin que el Partido Comunista haya perdido el poder.

La élite gobernante podría transformar parte de su control sobre la economía en propiedad privada, conservando las instituciones políticas y administrativas que determinan quién puede hacer negocios.

Las reformas actuales ofrecen motivos para examinar ese riesgo.

En octubre, el economista Pedro Monreal advirtió sobre la transferencia de activos estatales al control privado, a partir de convocatorias de CIMEX para arrendar establecimientos y realizar negocios con empresarios particulares.

Monreal cuestionó la transparencia de los procedimientos y señaló el peligro de que funcionarios, familiares o empresas relacionadas obtengan ventajas en la adjudicación de oportunidades comerciales.

Por su parte, en un informe publicado el 3 de noviembre, Morales sostuvo que GAESA utiliza intermediarios y empresas privadas en el negocio del combustible mientras conserva el control de infraestructura y mecanismos financieros esenciales.

Estos estudios no demuestran que toda la actividad privada cubana esté subordinada al régimen. Existen empresarios independientes y la apertura económica podría ofrecerles oportunidades reales. Pero también muestran los riesgos de una privatización selectiva, donde las conexiones políticas pueden resultar más importantes que la competencia empresarial.

Capitalismo económico bajo control comunista

La apertura financiera introduce una dimensión especialmente delicada en ese proceso. Ya se han autorizado operadores privados de servicios cambiarios y entidades de capital extranjero, mientras el Banco Central conserva la facultad de conceder licencias y supervisar su funcionamiento.

La identidad de los beneficiarios finales, el origen de los capitales y los posibles vínculos con dirigentes políticos o militares resultan esenciales para conocer quién está aprovechando las reformas.

Sin embargo, la falta de transparencia del sistema cubano dificulta acceder a esa información. Las mismas instituciones que autorizan los negocios controlan buena parte de los datos necesarios para investigar a sus propietarios.

La opacidad no demuestra que existan testaferros ni transferencias irregulares de patrimonio público, pero crea condiciones favorables para ocultar posibles conflictos de intereses.

El problema tampoco se reduce a los bancos. Las nuevas licencias, los arrendamientos de instalaciones estatales y las asociaciones empresariales pueden permitir que determinados grupos acumulen beneficios y control económico sin necesidad de adquirir formalmente todas las propiedades.

En ese escenario, la apertura podría contribuir a recuperar actividades productivas y, simultáneamente, consolidar una élite empresarial dependiente del poder político.

La paradoja aparece reflejada en el discurso de Díaz-Canel: mientras promueve instrumentos financieros propios de una economía de mercado, insiste en que la banca debe continuar sometida a los principios ideológicos del Partido, para «construir el socialismo a la cubana».

El régimen admite cada vez más mecanismos capitalistas para gestionar la economía, pero no contempla una apertura equivalente del sistema político.

De ahí la importancia de conocer quiénes serán los propietarios de los nuevos bancos, qué capitales administrarán y cómo conseguirán sus autorizaciones.

La experiencia rusa demuestra que privatizar no significa necesariamente democratizar ni distribuir la riqueza. Y las investigaciones sobre GAESA plantean la posibilidad de que en Cuba esté desarrollándose una transformación aún más singular: que una parte de quienes ya controlan la economía nacional termine convirtiéndose en su propietaria privada, sin renunciar al poder político que hizo posible esa concentración.