Durante casi dos años, José Carlos Pérez Acanda trabajó detrás de una computadora en el Consejo Electoral Municipal de Mantua (CEM), en Pinar del Río. Como especialista informático, su función consistía en consolidar la información que llegaba desde las circunscripciones y remitirla al nivel provincial mediante el sistema oficial del Consejo Electoral. Ese puesto técnico lo llevó a cuestionar el funcionamiento del sistema electoral cubano, una decisión que le costó su empleo, lo dejó en la calle y provocó que agentes de la Seguridad del Estado amenazaran a su familia.

«A mí me gustaba que las cosas se hicieran correctamente. Cuando empezaron a inventar cifras de participación y a modificar los criterios que expresaban los ciudadanos, eso empezó a crear en mí un rechazo hacia todo lo que estaba viendo», recuerda en entrevista telefónica con ADN Cuba.

Su testimonio describe un mecanismo que, según sostiene, iba mucho más allá del acto de votar: la selección de candidatos, el procesamiento de las actas, la consolidación de estadísticas y la ausencia de controles independientes formaban parte de un engranaje donde el Partido Comunista y la Seguridad del Estado ejercían una influencia permanente.

Un sistema donde todo pasaba primero por una hoja de cálculo

Pérez Acanda operaba varios programas montados sobre una intranet estatal —uno de ellos, XISCOP, basado en software libre— y volcaba primero los datos en Excel.

Pérez Acanda explica que la manipulación de la información ocurría en varias etapas antes de que los datos llegaran al sistema nacional. Cada reunión de circunscripción o proceso de votación generaba un acta cuyo borrador se redactaba la misma noche. Un funcionario del Partido Comunista o del Consejo Electoral quedaba a cargo de su custodia y, al día siguiente, un vehículo del propio Consejo, de una empresa estatal o del Partido trasladaba a los responsables de la reunión hasta el Consejo Electoral Municipal con el documento.

Según su testimonio, las alteraciones comenzaban desde la elaboración del borrador del acta. Mientras este se redactaba, se recibían llamadas con orientaciones y se introducían cambios en la información, ya fuera aumentando las cifras de asistencia o modificando los planteamientos expresados por los ciudadanos durante la reunión.

Una vez en el Consejo Electoral Municipal, las cifras y los contenidos ya alterados eran incorporados al sistema informático. Pérez Acanda asegura que, en numerosas ocasiones, agentes de la Seguridad del Estado supervisaban el proceso mientras él ingresaba la información en la computadora, después de que esta hubiera sido modificada por funcionarios del Consejo Electoral y antes de ser transmitida a la base de datos nacional.

Durante la consulta popular del Código de las Familias, realizada antes del referendo de 2022, asegura haber presenciado alteraciones sistemáticas de los registros de asistencia cuando las reuniones no alcanzaban el nivel de participación esperado.

«Si en una zona había cien electores y asistían treinta o cuarenta personas, nos decían que pusiéramos sesenta y tres. Lo importante era pasar del sesenta por ciento», afirma.

Pérez Acanda afirma haber expuesto los esfuerzos del régimen por falsificar los informes de votación, e incluso denunció el sistema como fraudulento en presencia de líderes municipales y un oficial de Seguridad del Estado, a quien acusó de ser cómplice del proceso.

Esa misma tarde, el agente de la Seguridad del Estado se presentó en su casa para amenazar a su familia, y cuando regresó al trabajo se vio obligado a dimitir.

También sostiene que opiniones expresadas por ciudadanos durante las reuniones eran reformuladas antes de incorporarse a las estadísticas oficiales, transformando rechazos explícitos en simples propuestas de modificación del texto sometido a consulta.

La consulta popular del Código de las Familias, celebrada entre febrero y abril de 2022 y sometida posteriormente a referéndum en septiembre de ese año, precisamente estuvo rodeada de cuestionamientos a nivel internacional sobre las garantías del proceso. Human Rights Watch advirtió antes del referéndum que existían «motivos serios para dudar» de que la consulta reflejara plenamente la voluntad de los votantes, debido al control que ejerce el régimen cubano sobre las instituciones, las severas restricciones a la libertad de expresión y la inexistencia de mecanismos independientes de supervisión electoral.

Posteriormente, en el marco del Examen Periódico Universal de Cuba, diversos mecanismos y actores de Naciones Unidas continuaron señalando la legitimidad del proceso.

«Aunque en muchas ocasiones nadie asistía a las reuniones, recuerdo muy pocos casos en que estas se suspendieran por falta de participantes. Incluso cuando la asistencia era nula o mínima, se inventaban tanto el número de asistentes como el contenido de la reunión. Sin embargo, las mayores manipulaciones ocurrían en las zonas más alejadas, donde era necesario gestionar un vehículo y combustible para recoger a la persona que custodiaba el acta y trasladarla al Consejo Electoral Municipal.

Allí, la presidenta repetía siempre la misma frase: ‘No podemos ser nosotros los que pongamos el bobo’. Allí se ponía de acuerdo con la secretaria y con el funcionario de la Seguridad del Estado o del Partido que había llevado el acta para inflar las cifras de asistencia e incorporar comentarios atribuidos a personas que nunca habían estado presentes en la reunión.»

La selección de candidatos también pasaba por filtros políticos

Uno de los episodios que más marcó al exfuncionario ocurrió, según relata, durante un proceso para cubrir plazas vacantes de delegados del Poder Popular en Mantua.

Una mujer, propietaria de un pequeño kiosco de alimentos y propuesta por sus vecinos para integrar la boleta electoral, desapareció del proceso antes de que la candidatura fuera oficializada.

Pérez Acanda asegura haber presenciado una reunión en la que participaron autoridades municipales, entre ellos la entonces presidenta del Poder Popular de Mantua, Noemís Sotuyo Ventura, y Alina García, directora del Consejo Electoral, además de dirigentes del Partido Comunista y funcionarios de la Seguridad del Estado.

«Dijeron que esa persona no podía estar en ese listado y que había que buscar la forma de poner a alguien del Partido o de la Juventud, porque la dueña del kiosco no servía», recuerda.

Cuando finalmente llegaron las elecciones, afirma, el nombre de la candidata ya no figuraba entre los aspirantes. Según su experiencia, existía un período entre la nominación vecinal y la oficialización de las candidaturas que permitía revisar políticamente los nombres propuestos e impedir el avance de personas consideradas inconvenientes.

«En algunas ocasiones presionaban directamente al candidato para que retirara su nombre; en otras, buscaban repetir la nominación o encontrar otra forma de sacarlo del proceso», afirmó.

Sin auditorías ni supervisión independiente

Más allá de los casos concretos, el ex especialista sostiene que el principal problema del sistema era estructural. Afirma que las cifras dependían de procesos manuales, fácilmente manipulables por los propios funcionarios encargados de custodiar las actas, quienes también podían modificarlas antes de su elaboración definitiva. Según explica, todo el proceso carecía de mecanismos de observación independiente, lo que permitía alterar la información sin controles efectivos. Añade que las planillas físicas nunca se auditaban posteriormente y que tampoco existían controles externos para verificar que los datos enviados coincidieran con los documentos originales.

«Si alguien cambiaba una cifra antes de importarla al sistema, después lo que quedaba era eso», relata a ADN Cuba.

Incluso recuerda haber visto en el Consejo Electoral cajas amontonadas con actas de procesos anteriores, correspondientes a distintos años y circunscripciones. Cuando preguntó si esos documentos debían incorporarse al sistema para preservarlos o cotejarlos con los datos reportados por el padrón nacional, asegura que le respondieron que los dejara donde estaban, porque las cifras ya se habían enviado y no había nada que verificar.

Para Pérez Acanda, la ausencia de auditorías independientes constituye una de las principales debilidades del sistema, ya que impide detectar posibles irregularidades, como la duplicación de votos. Señala que durante el referendo del Código de Familias se permitió sufragar fuera del municipio de residencia presentando el documento de identidad, pero esos registros no se contrastan posteriormente contra las listas de origen.

«Nunca se revisaban esas actas ni se introducían en una computadora. Entonces no había forma de saber si un nombre aparecía repetido o si una persona había votado dos veces», dijo.

Ese patrón encuentra un antecedente reconocido por la propia autoridad electoral. Tras el referendo constitucional de febrero de 2019, la entonces presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, informó que el padrón preliminar, inicialmente fijado en 9.298.277 electores, fue corregido a 8.705.723. La revisión eliminó 594.580 registros duplicados de personas que habían votado fuera de su área de residencia y 3.445 correspondientes a fallecidos. Como el número de votos emitidos se mantuvo en 7.848.343, la participación oficial pasó del 84,41 % anunciado inicialmente al 90,15 % en los resultados definitivos.

Un patrón documentado por organizaciones independientes

Nuestro equipo de investigación intentó verificar de manera independiente las denuncias formuladas por el exfuncionario, hoy residente en Estados Unidos. Para ello, envió solicitudes de comentarios a la presidenta del Consejo Electoral Municipal de Mantua y a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

No obstante, los patrones descritos en su testimonio coinciden con denuncias documentadas durante años por organizaciones como Observadores de Derechos Electorales, Comisión Cubana de Defensa Electoral, Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, Cubalex y Justicia 11J, que han documentado la ausencia de garantías para la observación electoral independiente y el uso de mecanismos de coerción durante los procesos electorales cubanos.

En un informe remitido al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas por Cubalex y Justicia 11J, organizaciones sostienen que la violencia electoral en Cuba se desarrolla dentro de un sistema donde el Partido Comunista ejerce un control absoluto sobre las instituciones del Estado. Según el documento, esa violencia no se limita a detenciones arbitrarias, sino que incluye vigilancia, restricciones de movimiento, censura, cortes selectivos de internet, hostigamiento contra observadores y periodistas independientes, así como mecanismos destinados a impedir cualquier supervisión autónoma del proceso electoral.

Las conclusiones coinciden con hechos documentados durante las elecciones municipales de noviembre de 2022, como uno de los tantos ejemplos que hoy se podrían denunciar en la isla. En aquella jornada, Cubalex registró al menos 26 acciones represivas en siete provincias, entre ellas reclusiones domiciliarias, detenciones arbitrarias, amenazas contra familiares de presos políticos, cortes selectivos de internet y la expulsión de ciudadanos que intentaban realizar observación electoral independiente.

Reconstruir la democracia desde abajo

Las denuncias sobre manipulación de candidatos, procesamiento de datos y ausencia de controles independientes plantean una pregunta inevitable: ¿cómo podría reconstruirse un sistema electoral democrático después de más de seis décadas de partido único y de poder de un régimen como el castrismo?

Para el abogado y especialista argentino en derecho electoral Alejandro Tullio, una eventual transición cubana -lo que hoy considera como un «laboratorio único»- debería comenzar por el fortalecimiento de las instituciones locales antes de intentar reorganizar el poder nacional.

En entrevista con ADN Cuba, Tullio sostiene que el país necesitaría una transición prolongada, basada en la elección de autoridades municipales y en la creación gradual de organizaciones políticas capaces de reconstruir la cultura democrática desde la base.

«Yo comenzaría por elegir autoridades municipales. Apostaría por la libertad de elección desde lo local. Primero reconstruiría, casi a la manera ateniense, la democracia desde abajo», explica.

A su juicio, intentar instaurar inmediatamente un nuevo gobierno central sin haber reconstruido previamente las instituciones locales -y dejando en claro que todo está muy desarmado- podría reproducir nuevas formas de arbitrariedad.

«Hay que reconstruir dos cosas que hoy no existen o no funcionan: las instituciones y una economía libre. La libertad implica una responsabilidad enorme. No aparece de un día para otro; también necesita reconstruirse», concluye.

En más de seis décadas de poder del régimen, Cuba no ha conocido una elección con competencia entre partidos políticos. Desde la institucionalización del sistema del Poder Popular en 1976, todos los diputados de la Asamblea Nacional han sido elegidos a partir de candidaturas únicas confeccionadas por comisiones oficiales, sin campañas electorales competitivas ni observación independiente.

En paralelo, el Parlamento ha respaldado durante décadas prácticamente por unanimidad las principales iniciativas impulsadas por la cúpula gobernante, mientras los resultados electorales han reflejado sistemáticamente elevados niveles de participación y de respaldo oficial, en un modelo que organizaciones de derechos humanos y expertos consideran incompatible con los estándares internacionales de una elección libre y competitiva.

La historia de José Carlos Pérez Acanda es la de un funcionario que decidió contar lo que, según afirma, ocurrió detrás de las cifras oficiales. Contrastada con informes independientes y con el análisis de expertos, su experiencia abre una ventana sobre un aspecto poco visible del maltrecho sistema electoral cubano: que la disputa por la transparencia puede comenzar mucho antes de que el primer ciudadano emita su voto.

Pérez Acanda pasó tres meses buscando trabajo, pero fue rechazado en todas partes, dejándolo sin opciones para ganarse la vida. Después de que agentes del régimen lo amenazaran nuevamente y se hiciera evidente que estaban vigilando sus conversaciones privadas con familiares y amigos, huyó de Cuba por temor a su seguridad personal.

[Este trabajo fue publicado como parte de una colaboración entre Martí Noticias y ADN Cuba]