El régimen cubano elevó este viernes el tono de su respuesta a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo que reclama sanciones contra Miguel Díaz-Canel y GAESA, además de pedir la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre Cuba y la Unión Europea.

Aunque La Habana reaccionó oficialmente pocas horas después de la votación mediante un comunicado emitido por su Embajada en Bélgica y ante la Unión Europea, no fue hasta la mañana de este viernes cuando el canciller Bruno Rodríguez Parrilla intervino personalmente para rechazar la iniciativa y acusar a sectores conservadores europeos de plegarse a la política de Estados Unidos contra la isla.

La secuencia de los acontecimientos resultó llamativa.

La primera respuesta del régimen quedó limitada a una nota diplomática difundida desde Bruselas, mientras las máximas autoridades cubanas guardaban silencio sobre una de las resoluciones más contundentes aprobadas por la Eurocámara contra Cuba en décadas.

Además, la polémica coincidió con la presentación ante la Asamblea Nacional de un paquete de 176 medidas económicas anunciado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, que monopolizó la atención de los medios oficiales.

La primera del régimen llegó desde Bruselas

La reacción inicial del régimen fue un comunicado publicado por la Embajada de Cuba en Bélgica y ante la Unión Europea bajo el título «Parlamento Europeo: de la soberbia a la indignidad».

El texto rechazó la resolución aprobada en Estrasburgo y la calificó como «otro ejercicio de manipulación política, doble rasero y subordinación a las agendas política más extremistas y hostiles de los Estados Unidos contra la isla».

La representación diplomática cubana acusó directamente a los grupos conservadores europeos de impulsar una campaña contra La Habana y sostuvo que la Eurocámara actúa alineada con los intereses de Washington.

Según el comunicado, «la indignidad del Parlamento Europeo, dominado por los grupos políticos de las derechas es de sobras conocida».

La nota también intentó desacreditar a los eurodiputados señalando que quienes se presentan como defensores de los derechos humanos son los mismos que, según la versión cubana, «han aprobado y celebrado con slogans racistas y xenófobos, la expulsión de las familias migrantes, incluyendo niñas y niños y han instituido un ICE europeo émulo del de Trump».

Uno de los principales argumentos de la respuesta cubana fue de carácter jurídico.

La embajada insistió en que el Parlamento Europeo carece de competencias para decidir sobre el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado entre Cuba y la Unión Europea.

«El ADPC no es un acuerdo de carácter comercial. Se trata de un acuerdo político, integral y bilateral que abarca los ámbitos de diálogo político y cooperación y ampara las relaciones entre Cuba y la Unión Europea y sus Estados Miembros, basadas en principios de igualdad soberana, reciprocidad y respeto mutuo», sostuvo el comunicado.

Por ello, agregó que «el Parlamento Europeo no tiene competencia alguna sobre este Acuerdo».

La nota también acusó a determinados sectores políticos europeos de actuar subordinados a Washington y afirmó que la resolución supone un respaldo a las políticas de presión económica contra la Isla.

«Resulta particularmente grave que sectores políticos europeos terminen subordinando los intereses soberanos de la Unión Europea a la agenda agresiva de Washington y a las campañas impulsadas por grupos extremistas anticubanos», afirmó.

El comunicado concluyó con un mensaje de agradecimiento a los aliados internacionales del régimen y aseguró que «Cuba no está sola» frente a los intentos de aislamiento promovidos por sus adversarios.

Bruno Rodríguez rompe el silencio y arremete contra la Eurocámara

Varias horas después de esa primera reacción diplomática, el canciller Bruno Rodríguez decidió intervenir personalmente en la controversia mediante una publicación en la red social X.

En un mensaje mucho más político y directo, el ministro de Relaciones Exteriores acusó a sectores conservadores europeos de asumir el discurso promovido por Estados Unidos para justificar las sanciones contra Cuba.

«Fuerzas políticas de derecha en el Parlamento Europeo prefieren sumarse a la mendaz narrativa estadounidense diseñada para justificar el cerco energético, la guerra económica extrema y la amenaza militar del gobierno de EEUU contra el pueblo de Cuba», escribió.

Rodríguez reprochó además a los eurodiputados no defender los intereses europeos frente a las medidas extraterritoriales impulsadas por Washington.

«No se atreven, siquiera, a invocar la soberanía, jurisdicción e intereses europeos frente a la injerencia y presión de EEUU contra sus compañías y ciudadanos», señaló.

El canciller afirmó que esa actitud contradice incluso la legislación comunitaria, citando específicamente el Reglamento (CE) 2271/96, aprobado para proteger a empresas y ciudadanos europeos frente a la aplicación extraterritorial de determinadas leyes de terceros países.

En otro de los fragmentos más duros de su mensaje, Rodríguez vinculó la postura de esos grupos políticos europeos con la situación en Oriente Medio.

«No nos sorprende. Hemos visto el silencio y la complicidad de esos mismos grupos frente al genocidio israelí en Gaza», afirmó.

Pese a las críticas, el jefe de la diplomacia cubana dejó claro que La Habana no renunciará al marco institucional que regula actualmente sus relaciones con Bruselas.

«Cuba seguirá apostando por la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea, mecanismo que permite abordar los temas de interés común y las diferencias, sobre bases de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo», concluyó.

La resolución que provocó la respuesta cubana

La resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo fue respaldada por 283 eurodiputados, mientras 199 votaron en contra y 85 se abstuvieron.

El texto constituye uno de los pronunciamientos más severos de la Eurocámara sobre la situación cubana en los últimos años. Entre otros aspectos, advierte que la Isla está «a punto de convertirse en un Estado fallido» y señala que el 89 % de las familias cubanas vive en situación de pobreza extrema.

La resolución cita además datos de la organización Prisoners Defenders, que contabilizaba 1.281 presos políticos en Cuba a finales de mayo de 2026, incluidos menores de edad.

Los eurodiputados instaron al Consejo de la Unión Europea a evaluar sanciones individuales contra Miguel Díaz-Canel y otros responsables del régimen, especialmente dirigentes vinculados a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que domina una parte significativa de la economía cubana.

Asimismo, el Parlamento Europeo volvió a pedir la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, el principal instrumento que regula actualmente las relaciones bilaterales.

La iniciativa llegó apenas dos semanas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionara directamente a Díaz-Canel por primera vez.

Antes de la votación, el eurodiputado español Hermann Tertsch, uno de los principales impulsores de la resolución, resumió el espíritu de la propuesta con una frase contundente:

«Se ha acabado el tiempo de las advertencias y amenazas. Hay que actuar».

La reacción cubana deja claro que el gobierno considera la resolución como una nueva ofensiva política impulsada desde Washington y respaldada por sectores conservadores europeos.

Sin embargo, el texto aprobado en Estrasburgo refleja un creciente deterioro de la percepción sobre la situación política, económica y de derechos humanos en la Isla dentro de las instituciones europeas, tradicionalmente más inclinadas al diálogo con La Habana que a las sanciones.