Faltan pocas horas para que venza el arancel global de 10 % con los que el Gobierno de EE.UU. pretendió frenar el veto que le impusiera el pasado febrero la Corte Suprema a la administración Trump para ejecutar una agresiva política de alcance global. No obstante, Washington ya ha anunciado un nuevo tarifazo contra 60 países, que pretende ampararse en una supuesta competencia desleal derivada de la existencia de trabajo realizado bajo condiciones de esclavitud.
«Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales», alegó el pasado 2 de julio el representante comercial del país norteamericano, Jamieson Greer.
Esta jornada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Greer ofrecería próximamente precisiones sobre el alcance de la medida. «No quiero adelantarme a los acontecimientos, así que les diré que estén atentos para más detalles», dijo a los periodistas.
América Latina en la mira
En la lista presentada a inicios del mes en curso figuran socios preferentes de EE.UU. en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. La mayoría de esos países se expone a que sus mercancías sean gravadas con un impuesto adicional de 12,5 % bajo el argumento de que «no han logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente la prohibición de exportar bienes producidos con trabajo forzoso».
Sin embargo, está contemplada una excepción parcial para México y Ecuador, pues las autoridades estadounidenses afirman que si bien se han comprometido con la erradicación de ese flagelo, «no han logrado hacerla cumplir de manera efectiva». En caso de concertarse, el arancel sería de 10 %.
Capítulo aparte merece Brasil, que ha sido golpeado con un nuevo ‘tarifazo’ de 25 %, dirigido a buena parte de su oferta exportadora. La determinación ha sido abiertamente rechazada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien consideró que su homólogo estadounidense, Donald Trump, debería «aprender a hacer la guerra con otra arma, que es el arma de la palabra». De seguidas, su gestión anunció la pronta implementación de medidas recíprocas así como un plan de apoyo a las empresas locales afectadas por la más reciente tarifa.
Canadá y la UE
La propuesta de Greer contempla un arancel adicional de 10 % para las mercancías canadienses. Empero, esta misma semana, Trump firmó una orden para «imponer aranceles adicionales del 50 % a ciertos productos canadienses –automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos– en respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses». La decisión fue criticada por Ottawa, desde donde se denunció que violenta lo consagrado en el T-MEC.
La situación para la Unión Europea (UE) es en apariencia similar: tarifa adicional genérica de 10 %. En agosto de 2025, Washington y Bruselas acordaron que EE.UU. le impondría un arancel de 15 % a la mayor parte de los productos procedentes del bloque. No obstante, fuentes diplomáticas dijeron este jueves a Politico que en la Dirección General de Comercio de la UE trabajan para poner en marcha eventuales contramedidas, si la parte estadounidense incumple lo pactado.
En cualquier caso, aunque la Casa Blanca defiende la necesidad de imponer aranceles para reanimar su aparato industrial, hay quien estima que esa política podría traducirse en más inflación. Una de esas personas es la senadora Elizabeth Warren, quien aprovechó la comparecencia de Greer ante el Congreso, celebrada en la víspera, para interpelarlo sobre ese tema. El funcionario sostuvo que ocurría todo lo contrario: «Senadora, no. La inflación subyacente cayó al 2,6 % interanual. Mucho mejor que en enero de 2025», afirmó.
