El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el 10 de julio el desembolso de casi 3 millones de dólares en compensaciones a personal afectado por el síndrome de La Habana, en lo que representa los primeros pagos efectuados bajo la Ley HAVANA desde su promulgación en 2021, bajo cualquier administración presidencial.

«Damos prioridad a la atención del personal afectado y desembolsamos casi tres millones de dólares en compensaciones en el que supone el primer pago de la Ley de La Habana realizado», señaló el Departamento de Defensa en un comunicado oficial.

Una ley que tardó cinco años en traducirse en pagos

La Ley HAVANA -siglas en inglés de Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks Act– fue aprobada por unanimidad bipartidista en el Congreso, con 427 votos a favor y ninguno en contra, y firmada por el entonces presidente Joe Biden el 8 de octubre de 2021.

A pesar de llevar cinco años vigente, no se habían concretado los pagos hasta ahora.

La norma establece dos niveles de compensación según la severidad de las lesiones:

– el nivel Base, equivalente al 75% del salario anual del Nivel III del Escalafón Ejecutivo.

– el nivel Base Plus, equivalente al 100% de ese mismo salario.

Informes de 2022 indicaban que los pagos individuales oscilarían entre 100,000 y 200,000 dólares por persona, dependiendo del grado de afectación.

Un misterio médico que comenzó en Cuba en 2016

El síndrome fue reportado públicamente por primera vez en 2016, cuando diplomáticos estadounidenses en Cuba comenzaron a experimentar síntomas inexplicables: severos dolores de cabeza, sangrados nasales, percepción de sonidos agudos, mareos y daño cognitivo.

Los casos se extendieron luego a Bogotá, Viena, Berlín, Moscú, Pekín y la propia Washington D.C.

Se estima que más de 200 diplomáticos en 70 países han reportado síntomas similares, y más de 300 personas -incluyendo niños- han recibido tratamiento médico.

En 2017, la administración Trump retiró a más de la mitad del personal no esencial de la embajada en La Habana y expulsó a dos diplomáticos cubanos de Washington.

La causa, sin resolver y con señales hacia Rusia

Las evaluaciones de inteligencia sobre el origen del síndrome han sido contradictorias.

Una evaluación de principios de 2025 concluyó que era «muy improbable» que un adversario extranjero estuviera detrás de los incidentes, sin ofrecer una explicación alternativa.

Sin embargo, un informe del Congreso de diciembre de 2024 contradijo esa conclusión, señalando que un actor externo podría estar detrás de algunos casos- y criticando a la CIA por obstaculizar la investigación.

En marzo de 2026, nuevos reportes de inteligencia apuntaron a Rusia -específicamente a la Unidad 29155 del GRU- como responsable, vinculando los ataques a un arma de microondas miniaturizada que agentes del Departamento de Seguridad Nacional habrían adquirido en 2024 a una red criminal rusa.

Un nuevo nombre que revela más de lo que oculta

Junto al anuncio de los pagos, el Departamento de Defensa formalizó el renombramiento de su equipo interno: el hasta ahora llamado Equipo Transversal de Incidentes de Salud Anómala pasó a denominarse Equipo Transversal de Efectos Biológicos por Energía Dirigida, bajo la supervisión de la Oficina del Subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería.

El cambio de nombre no es menor: el propio Departamento confirmó que posee armas de energía dirigida y que está ampliando su uso.

«De hecho, el Departamento de Guerra posee armas de energía dirigida. Sí, estamos aumentando su escala», publicó la oficina del Subsecretario en la red social X el 23 de enero de 2026.

El Departamento también reafirmó su compromiso con los afectados, según recogió France 24: «El Departamento seguirá poniendo énfasis en la transparencia y la integridad científica para lograr resultados validados, mejorar la atención a las personas afectadas y adaptarse a un entorno operativo dinámico».

El Secretario de Estado Marco Rubio había advertido en febrero de 2025 que sobre el síndrome de La Habana «todavía hay mucho trabajo en curso», una frase que cobra nuevo peso tras los primeros pagos concretos a las víctimas después de casi una década de espera.