Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, escuchó el jueves el testimonio de un sobreviviente de las misiones médicas cubanas y renovó el llamado de Washington a los países participantes para que pongan fin a esos convenios.

En una publicación en su cuenta oficial de X, Segura describió las denominadas brigadas médicas del régimen como un «programa de trata de personas» que «coacciona y maltrata a los trabajadores cubanos para obtener ingresos con los que financiar la represión estatal».

El funcionario instó a los gobiernos que mantienen estos acuerdos a «contratar a estos trabajadores de forma ética y dejar de financiar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen, poniendo fin a estos acuerdos explotadores».

El testimonio fue escuchado en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde Segura mantuvo una intensa agenda de reuniones bilaterales durante la semana.

La declaración se produce en medio de una ofensiva diplomática sostenida de Washington contra las misiones médicas cubanas. En agosto, el Departamento de Estado envió al Congreso el informe «Coerced-and-Trafficked-Labor of Cuban Medical Professionals», que documentó entre 15,000 y 18,000 profesionales cubanos de la salud desplegados en 51 países, una cifra notablemente inferior a los 24,000 que operaban en más de 58 países a comienzos de 2025.

El doumento describió un patrón sistemático de trabajo forzoso, vigilancia, retención salarial, confiscación de documentos y restricciones de movimiento.

Los datos de organizaciones independientes refuerzan la denuncia del Departamento de Estado. Un expediente de Prisoners Defenders basado en 1,402 testimonios reveló que el 89,79 % de los encuestados afirmó haber sido obligado a participar en la misión bajo circunstancias coercitivas, con jornadas de hasta 71,89 horas semanales.

El mismo expediente señaló que el 60,84 % de los participantes fue forzado a inflar artificialmente estadísticas de atención médica, y que en países como Botsuana el régimen cubano recibía 3,500 euros mensuales por cada especialista, mientras el profesional percibía apenas 1,000 dólares.

En Brasil, 3,500 médicos cubanos que trabajaron bajo el programa Mais Médicos entre 2013 y 2018 demandaron a la Organización Panamericana de la Salud por 129 millones de dólares, alegando que Cuba recibió más de 2,300 millones de dólares mientras ellos obtuvieron menos del 10 % de esos ingresos.

La presión de Washington ha acelerado la salida de varios países del programa. Honduras, Guatemala, Jamaica y Guyana cancelaron o no renovaron sus convenios en los primeros meses de 2026, retirando en conjunto a más de 1,000 profesionales cubanos de la salud.

Belice debe decidir antes de que termine septiembre el futuro de 92 profesionales cubanos de la salud que operan en el país, mientras Uruguay estudia un mecanismo de pago directo a los médicos para no romper formalmente su acuerdo con Cuba, aunque EE.UU. advirtió que podría perder asistencia internacional si mantiene el esquema actual.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó en abril a los países del continente retirarse del programa, citando indicios graves de trabajo forzoso, tráfico de personas y esclavitud moderna.

La doctora Raícesa Mora, quien denunció públicamente las condiciones del programa, lo calificó como «trata de profesionales médicos cubanos» y afirmó que los trabajadores son «explotados, chantajeados y coaccionados».