El sindicato español Manos Limpias denunció a nueve cónsules de España destinados en Cuba, México, Argentina y Venezuela por presuntas irregularidades en la concesión de nacionalidades mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, y solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que investigue posibles delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.

En un comunicado oficial, la organización, dirigida por Miguel Bernad Remón, explicó que el escrito señala a los responsables consulares de La Habana, en Cuba; Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba y Rosario, en Argentina; Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en México; y Caracas, en Venezuela.

La denuncia sostiene que numerosos expedientes de nacionalidad española habrían sido aprobados mediante simples fotocopias, sin las comprobaciones necesarias para verificar la autenticidad de los documentos y el cumplimiento de los requisitos legales.

También cuestiona la aceptación de documentación relativa a emigraciones anteriores al 18 de julio de 1936, fecha a partir de la cual una instrucción administrativa de 2022 establece una presunción de exilio para determinados solicitantes.

Según Manos Limpias, estas actuaciones podrían constituir delitos contemplados en los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal español.

El sindicato solicita que los nueve consulados entreguen a la Fiscalía todos los expedientes de nacionalidad aprobados al amparo de la ley de nietos y de la instrucción administrativa cuestionada.

La organización pretende que se determine qué documentos se presentaron, cómo fueron verificados y qué funcionarios autorizaron las concesiones.

Cuestionan una instrucción que amplió el acceso a la nacionalidad española

Uno de los principales argumentos de la denuncia se dirige contra la instrucción aprobada el 25 de octubre de 2022 por Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

La disposición desarrolló la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y estableció, entre otros aspectos, que se presumiera la condición de exiliados de los españoles que abandonaron su país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Sin embargo, esta presunción no elimina la obligación de acreditar documentalmente la salida de España durante ese período, tal como establece la propia instrucción.

Manos Limpias considera que esta interpretación permitió ampliar el acceso a la nacionalidad más allá de lo previsto en la ley y cuestiona que los funcionarios consulares concedieran ciudadanías sin comprobar suficientemente los requisitos.

No obstante, la propia instrucción publicada en el Boletín Oficial del Estado contempla distintos supuestos para acceder a la nacionalidad española por descendencia. Por tanto, la existencia de documentos familiares anteriores a 1936 no demuestra, por sí sola, que una concesión haya sido irregular.

El periódico español The Objective, que adelantó el contenido de la denuncia el martes, señaló que el sindicato también cuestiona la tramitación masiva de expedientes en oficinas consulares que se habrían visto desbordadas por la cantidad de solicitudes.

La denuncia no acredita por sí misma la comisión de delitos, y hasta el momento no se ha confirmado públicamente la apertura de diligencias penales contra los funcionarios señalados.

¿Qué puede ocurrir con los cubanos que solicitaron la nacionalidad española?

La inclusión del Consulado General de España en La Habana afecta directamente al ámbito de tramitación de miles de descendientes de españoles en Cuba que han recurrido a la Ley de Memoria Democrática para obtener la ciudadanía.

Sin embargo, la denuncia no supone la anulación automática de las nacionalidades ya concedidas ni establece una suspensión general de los expedientes pendientes.

Tampoco se ha anunciado que los cubanos nacionalizados mediante esta legislación deban repetir sus trámites o presentar nuevamente sus documentos como consecuencia de la denuncia.

Según las instrucciones vigentes del Consulado de España en La Habana, el plazo para solicitar citas al amparo de la Ley de Memoria Democrática finalizó el 22 de octubre de 2025.

No obstante, quienes solicitaron cita dentro del plazo y recibieron un justificante válido podrán obtener sus credenciales para elegir fecha y presentar la documentación presencialmente, conforme al procedimiento establecido.

La denuncia coincide con las restricciones al voto de nacionalizados españoles

La denuncia se produce después de que el Tribunal Supremo español mantuviera una medida cautelar que afecta al derecho al voto de 163,020 ciudadanos nacionalizados mediante la ley de nietos, inscritos en el censo electoral de residentes en el extranjero.

La resolución, relacionada con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, contempla excepciones para quienes acrediten documentalmente que cumplen los requisitos exigidos por la ley.

Este miércoles 14 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores español advirtió que la aplicación de las medidas cautelares podría generar situaciones «paradójicas», como la de ciudadanos españoles que votaron en elecciones anteriores y que ahora probablemente no puedan hacerlo.

Según informó la agencia EFE, el departamento que dirige José Manuel Albares aseguró que cumple la decisión judicial con la «máxima diligencia», aunque reconoció las dificultades que supone para numerosas oficinas consulares.

La restricción electoral es una medida judicial distinta de la denuncia presentada por Manos Limpias y no implica, por sí misma, la pérdida de la nacionalidad española de los ciudadanos afectados.