La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó a José David Cabello -hermano del ministro del Interior y figura clave del chavismo, Diosdado Cabello– como presidente de Petroquímica de Venezuela (Pequiven), la principal empresa estatal del sector petroquímico del país, en un movimiento que consolida aún más el control de la familia Cabello sobre los recursos estratégicos venezolanos.

El anuncio lo hizo Rodríguez a través de su cuenta oficial en X, donde escribió: «He designado como nuevo presidente de Pequiven a José David Cabello, quien asume la responsabilidad de seguir fortaleciendo esta empresa estratégica para el desarrollo petroquímico, industrial y productivo de nuestro país».

El nombramiento pone fin a 18 años de José David Cabello al frente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), cargo que ocupó desde febrero de 2008 bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Lo que Rodríguez presenta como una simple rotación de cuadros es, en realidad, una nueva pieza en el tablero de poder familiar del chavismo: con este nombramiento, el clan Cabello controla simultáneamente el Ministerio del Interior (Diosdado), el Ministerio de Turismo (Daniella, hija de Diosdado, designada en febrero) y ahora la empresa petroquímica estatal.

El perfil de José David Cabello no es precisamente el de un tecnócrata: en mayo de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por corrupción, extorsión y lavado de dinero a través del propio Seniat, señalando que compartía ganancias ilícitas con su hermano Diosdado. Canadá también lo sancionó por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Que un funcionario con sanciones vigentes de la OFAC asuma el control de Pequiven genera serias interrogantes sobre la viabilidad de las negociaciones que el gobierno interino de Rodríguez mantiene con empresas como Chevron, ExxonMobil y Shell para abrir el sector energético venezolano al capital extranjero, en el marco de su colaboración con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El movimiento se produce en un contexto político y humanitario extraordinario.

Rodríguez lleva seis meses como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y Venezuela atraviesa una catástrofe sísmica sin precedentes: los terremotos del 24 de junio dejaron más de 3,535 muertos y 16,740 heridos según cifras oficiales, con decenas de miles de personas sin vivienda.

En la misma jornada del martes, Rodríguez anunció otros cambios en el gabinete económico: designó a Calixto Ortega Sánchez -hasta entonces vicepresidente económico y representante venezolano ante el Fondo Monetario Internacional- como presidente del Banco de Venezuela, y nombró a Alejandro Puglia al frente del Centro Internacional de Inversión Productiva.

Para cubrir el puesto que deja José David Cabello en el Seniat, Rodríguez designó a Román Maniglia, hasta entonces presidente del Banco de Venezuela, a quien encargó «el fortalecimiento de la recaudación, la disciplina fiscal y el desarrollo económico».

Estos cambios se suman a los del domingo 5 de julio, cuando Rodríguez designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte en sustitución de Jacqueline Faría, a quien encomendó la recuperación de viviendas e infraestructura dañadas por los sismos.

El patrón es claro: mientras Venezuela enfrenta su peor catástrofe sísmica en más de un siglo, Rodríguez sigue reordenando el poder económico y estratégico del Estado en favor del círculo de confianza del chavismo, con la familia Cabello como principal beneficiaria.