El 16 de octubre de 1953, en una pequeña sala del Hospital Civil de Santiago de Cuba, un joven abogado juzgado por el asalto al cuartel Moncada cerró su alegato con una frase que la dictadura convertiría después en dogma: «Condenadme, no importa. La historia me absolverá».

Setenta y tres años después, el presidente del Gobierno de España subió este viernes a la tribuna del Congreso para advertir a quienes iban a votar contra sus decretos de vivienda que «la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan». Los decretos cayeron. Y Pedro Sánchez, como aquel Fidel, apeló a un tribunal imaginario para no aceptar el veredicto del único tribunal real que tiene un gobernante en democracia: el Parlamento.

La coincidencia no es solo retórica. Es también de programa.

Lo que Fidel prometió en el Moncada

Pocos recuerdan que en aquel mismo alegato Castro ya tenía su receta para la vivienda: un gobierno revolucionario, dijo, resolvería el problema rebajando a la mitad los alquileres. Y cumplió. En marzo de 1959, la Ley 135 rebajó las rentas entre un 30 y un 50 %. En octubre de 1960 llegó la Ley de Reforma Urbana: se prohibió alquilar, los propietarios fueron despojados de sus inmuebles y los inquilinos pasaron a pagarle al Estado. Durante medio siglo, comprar o vender una casa entre particulares estuvo prohibido en Cuba; el régimen no volvió a permitirlo hasta 2011.

Sobre el papel, era el sueño de cualquier activista de la vivienda: alquileres por los suelos, ningún desahucio, el casero eliminado de la ecuación. El pueblo aplaudió. Durante unos años, pareció que funcionaba.

Lo que quedó: ruinas

Pero cuando nadie es dueño, nadie repara. Cuando no se puede alquilar, nadie construye para alquilar. Y cuando el Estado se queda con todo, descubre enseguida que tampoco tiene con qué mantenerlo.

El resultado está a la vista de cualquiera que camine por Centro Habana. El propio régimen reconoce un déficit de más de 800.000 viviendas. Según cifras oficiales, en La Habana se desploman alrededor de mil edificaciones al año, muchas con familias dentro. Tres y cuatro generaciones se hacinan bajo el mismo techo, en barbacoas improvisadas, porque mudarse es imposible. Y la gran solución de la dictadura en 2026 ha sido convertir contenedores marítimos en casas.

Ese es el legado del Moncada en materia de vivienda. En Cuba no hay desahucios, es verdad. Tampoco hay casas.

España, 2026

No, España no es Cuba, ni Pedro Sánchez es Fidel Castro. España es una democracia con jueces independientes, prensa libre y un Congreso que hoy le ha dicho que no al Gobierno. Precisamente por eso conviene mirar el camino antes de recorrerlo, porque las ideas tienen consecuencias y los desastres no se anuncian: se legislan, decreto a decreto.

Para los comunistas, el problema de la vivienda no es que falten casas, sino que existan propietarios.

¿Qué traían los decretos derrotados? La suspensión de desahucios hasta 2030. La prohibición de comprar vivienda a los llamados «fondos buitre» hasta 2028, sin definir siquiera qué es un fondo buitre. La prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Límites a la actualización de las rentas. Es decir, más cargas, más riesgo y menos derechos para quien pone una vivienda en el mercado. Para construir, poco más que reordenar el parque público y rebajar el IVA.

Y detrás de los decretos, la calle. El Sindicato de Inquilinas, que lleva días acampado en la Puerta del Sol, ha llamado hoy mismo a una huelga general que «pare el país». Sus reivindicaciones: contratos indefinidos, bajada de los alquileres, expropiación de los «fondos buitre» y el fin de todos los desahucios. Léanlo despacio y pónganlo al lado de las leyes de 1959 y 1960. Es la misma música. Solo cambia la orquesta.

Los comunistas en el Consejo de Ministros

No es una exageración hablar de comunistas en el Gobierno. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, milita en el Partido Comunista de España desde 1986. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, viene de Izquierda Unida. Hace apenas una semana, ambas compartían cartel con otro ministro de Sumar en la fiesta anual del PCE en Rivas, donde Cuba figuraba en el programa de debates. No como advertencia, por supuesto.

Para ellos, el problema de la vivienda no es que falten casas, sino que existan propietarios. La solución nunca es construir más, sino repartir lo que otros construyeron. Es la misma lógica que llevó a Cuba a donde está.

Sánchez y su tribunal de la historia

Sánchez probablemente no cree en nada de esto. Tampoco le hace falta. Le basta con que le sirva. Un presidente sin presupuestos, sin mayoría y con la legislatura agonizando ha encontrado en la vivienda el relato perfecto: de un lado, el pueblo; del otro, los especuladores, los caseros, los fondos y los partidos que supuestamente los protegen. Es el manual populista de siempre: no resolver el problema, sino señalar a un culpable. Y si conviene, convocar elecciones con ese culpable en el cartel.

El problema es que los propietarios no son una abstracción. Son, en su inmensa mayoría, familias con uno o dos pisos que complementan una pensión o un sueldo. Cuando se les trata como enemigos, hacen lo único racional: retiran su vivienda del mercado. Y entonces hay menos pisos, más caros, y más gente en la calle. Exactamente lo contrario de lo que se prometía.

El veredicto

Fidel pidió a la historia que lo absolviera. La historia ya dictó sentencia, y está escrita en los escombros de Centro Habana, en los balcones que se desploman sobre la calle y en las familias que esperan, generación tras generación, una casa que nunca llega.

A quienes hoy prometen alquileres a mitad de precio, desahucios abolidos y propiedad bajo sospecha, la historia no tendrá que esperar setenta años para juzgarlos. Les basta con mirar a Cuba. Ese juicio ya se celebró, y los cubanos llevamos más de seis décadas cumpliendo la condena.