El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, sostuvo este lunes una reunión con Samuel Parker, subsecretario adjunto para Financiamiento de Amenazas y Sanciones del Departamento de Estado, para reforzar la coordinación con las autoridades panameñas y advertir sobre los riesgos de facilitar operaciones financieras vinculadas al régimen cubano.

Tras el encuentro, Cabrera lanzó un mensaje dirigido a bancos y empresas de la región.

«Los bancos y las empresas extranjeras deben estar conscientes de los riesgos que implica facilitar la evasión de sanciones», escribió el diplomático en su cuenta de X.

Cabrera añadió que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, «la seguridad económica es seguridad nacional» y explicó que las nuevas sanciones buscan «cortar los flujos ilícitos de dinero que ayudan a financiar la represión del régimen».

La visita de Parker forma parte de la estrategia con la que Washington ha incrementado la presión sobre el Gobierno cubano durante 2026, combinando nuevas sanciones económicas con gestiones diplomáticas dirigidas a países considerados estratégicos para el sistema financiero regional.

Panamá, un punto clave en la estrategia de Washington

La reunión adquiere especial relevancia porque Panamá ha sido históricamente una jurisdicción utilizada por empresas vinculadas al aparato económico y militar cubano para desarrollar operaciones internacionales.

Entre los casos más conocidos figuran FINCIMEX (Financiera Cimex S.A.), establecida en Panamá desde 1984, y Kave Coffee S.A., operadora de la marca Cubita, ambas incorporadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a su lista de entidades sancionadas en noviembre de 2020.

La administración Trump considera que impedir el uso de terceros países para eludir las sanciones es un componente esencial de su política hacia Cuba.

Sanciones con alcance internacional

El principal instrumento de esa estrategia es la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las restricciones contra entidades controladas por el conglomerado militar GAESA e incorporó la posibilidad de aplicar sanciones secundarias.

Bajo ese mecanismo, bancos, empresas o personas extranjeras que realicen determinadas transacciones con entidades bloqueadas pueden quedar expuestos a restricciones por parte de Estados Unidos, incluido el acceso al sistema financiero estadounidense.

El plazo fijado por Washington para que compañías extranjeras cesaran operaciones con GAESA venció el 5 de junio, tras lo cual la administración estadounidense ha intensificado sus contactos con gobiernos y socios internacionales para advertir sobre las consecuencias de mantener relaciones comerciales con entidades sancionadas.

En ese contexto, el 23 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que «cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma», después de anunciar nuevas medidas contra el Banco Financiero Internacional (BFI) y RAFIN S.A.

En los últimos meses, varias empresas extranjeras han anunciado cambios en sus operaciones relacionadas con Cuba, mientras otras revisan sus vínculos comerciales con entidades incluidas en la lista de sanciones estadounidenses.

La reunión celebrada este lunes en Ciudad de Panamá representa un nuevo paso en la estrategia diplomática de Washington para reforzar el cumplimiento de esas medidas desde uno de los principales centros financieros y logísticos de América Latina.