Más de 800 mil embarcaciones han pasado por el Canal de Panamá desde la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, OEA, hasta la fecha. Ocurrió en Punta del Este, Uruguay. El dictador Fidel Castro, ya en 1960, manifestaba que «con la OEA y sin la OEA, ganaremos la pelea». 

Aún no había nacido yo, cuando Carlos Puebla estrenó su canción «La OEA es cosa de risa». «¿Cómo no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea…» Decía el genuflexo propagandista de la dictadura comunista.

Raúl Castro y Díaz-Canel han mantenido la misma política y pronunciamientos críticos hacia la OEA. Sus aliados sandinistas y chavistas los han imitado. Toda organización, todo foro, donde se defienda la libertad, la democracia y los derechos humanos, resultan demasiados incómodos para las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Si algo ha cambiado desde la salida de Cuba de la OEA a la fecha, es que en aquellos años, el régimen de Fidel Castro iba en ascenso, se consolidaba con el apoyo del imperio soviético, y hoy la dictadura bajo el mando de su hermano Raúl y familia, colapsa a pasos acelerados y tiene cada vez menos amigos.

Acaba de finalizar la 56 Asamblea General de la OEA, en Panamá, y la falta de libertad, de democracia y las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua estuvieron en el centro de la discusión.

El pronunciamiento principal fue el del secretario general Albert Ramdin. En la apertura, el 22 de junio, afirmó que la OEA debe ampliar el espacio democrático donde es inexistente o insuficiente, y mencionó expresamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dos días después, la Secretaría General pidió restaurar sistemas plenamente democráticos en los tres países, expresó preocupación por los presos políticos y reclamó su liberación urgente e incondicional. 

En esa inauguración, el presidente panameño José Raúl Mulino deploró el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, expresó la esperanza de que Cuba alcance una democracia plena y pidió una transición rápida en Venezuela, con elecciones libres y observadas. El 23 de junio, durante el diálogo entre Estados miembros y observadores permanentes, la Unión Europea exigió a Caracas la excarcelación incondicional de todos los presos políticos; denunció el deterioro nicaragüense, incluida la muerte bajo custodia de Brooklyn Rivera, y pidió a Cuba respetar los derechos de sus ciudadanos y atender su crisis humanitaria.

En la primera plenaria, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau pidió a la OEA resultados y no solo declaraciones. Calificó a Cuba de Estado fallido y autoritario, recordó la ausencia de elecciones libres durante décadas y exigió cero tolerancia frente a los totalitarismos de Cuba y Nicaragua. El canciller costarricense Manuel Tovar denunció la represión nicaragüense y reclamó esclarecer la muerte de Rivera. En la tercera plenaria, el 24 de junio, delegaciones volvieron a solicitar la libertad de los presos políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La cobertura panameña e internacional reflejó la relevancia de estos reclamos y la distancia entre lenguaje diplomático y hechos. La Prensa y La Estrella de Panamá detallaron las intervenciones de Mulino, Landau y la Unión Europea; EFE difundió el llamado de la Secretaría General; y El País señaló que los textos evitaron declarar ilegítimos a los regímenes. Esa cautela confirma que el problema no es la escasez de diagnósticos, sino la falta de acciones concretas.

Defensores de los derechos humanos de los tres países bajo dictaduras en el continente participamos en actividades de incidencia dentro del marco de la Asamblea. Nuestra presencia generó una campaña de descalificación de colectivos afines al régimen cubano. La plataforma de Misiones de Cubaminrex y Prensa Latina difundieron pronunciamientos de organizaciones aliadas que nos calificaron de “mercenarios” y denunciaron una supuesta maniobra anticubana.

La respuesta continental no puede detenerse en comunicados. Los Estados democráticos deben condenar con claridad la represión, exigir libertades políticas y elecciones auténticas, y aplicar sanciones individuales, verificables y coordinadas contra quienes ordenan encarcelamientos y torturas contra opositores pacíficos y ciudadanos que expresan su descontento. 

El régimen comunista cubano merece atención particular por su prolongada proyección regional. Primero, ligada al apoyo a insurgencias armadas y después a redes y alianzas políticas antidemocracia con influencia en América Latina. Enfrentar esa peligrosa influencia es indispensable para proteger la libertad, la democracia, la economía de mercado y la seguridad continental.

La OEA y todos los gobiernos del continente verdaderamente comprometidos con la democracia y los derechos humanos, deben hacerle entender al régimen cubano y a los de Venezuela y Nicaragua, que “con la OEA o sin la OEA, perderán la pelea” muy pronto. ¡Es hora ya de que ganen nuestros pueblos!