Gerardo Hernández Nordelo intentó desacreditar las advertencias del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mediante una supuesta contradicción: Cuba no podría ser al mismo tiempo un Estado fallido y una amenaza para la seguridad estadounidense.

El razonamiento parece ingenioso, pero es conceptualmente débil. Confunde la capacidad de un gobierno para controlar y reprimir a su población con su capacidad para cumplir las funciones esenciales de un Estado. También ignora que la fragilidad interna puede producir riesgos fuera de las fronteras.

Un Estado no deja de fracasar porque conserve policías, cárceles, servicios de inteligencia y un partido único. Tampoco deja de representar una amenaza porque su economía esté arruinada.

El concepto de Estado fallido es discutido y no existe una definición universal. Sin embargo, los principales marcos de análisis de la fragilidad estatal valoran factores como el deterioro económico, la pérdida de legitimidad, el éxodo de población, el colapso de los servicios públicos, las violaciones de derechos humanos y la actuación de élites cerradas y extractivas.

El Índice de Estados Frágiles del Fund for Peace, por ejemplo, examina precisamente el declive económico, la fuga de personas y capital humano, la legitimidad estatal, los servicios públicos, los derechos humanos y las presiones demográficas. No exige que un gobierno haya perdido todo el territorio para reconocer un proceso de fracaso institucional.

Cuba presenta muchas de esas características. El régimen conserva una elevada capacidad coercitiva, pero es cada vez menos capaz de garantizar electricidad estable, alimentación, medicamentos, transporte, vivienda o perspectivas económicas.

Apagones de hasta 20 horas diarias, escasez aguda de comida y medicinas, constantes caídas del sistema eléctrico nacional han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, que también subrayó en uno de sus últimos informes sobre Cuba la solicitud de ayuda al Programa Mundial de Alimentos para suministrar leche a niños pequeños.

Además, la ONG señaló que la población cubana se redujo un 10 % entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, principalmente por la emigración.

Ese panorama no describe la ausencia de gobierno. Describe algo distinto: un gobierno que ha preservado los instrumentos para mandar, pero ha fracasado en su obligación de servir.

La aparente paradoja cubana se resuelve al distinguir entre capacidad coercitiva y capacidad institucional.

Freedom House califica a Cuba como un país “no libre” y describe un sistema de partido único que prohíbe el pluralismo político, reprime el disenso, controla los medios y restringe gravemente las libertades civiles.

Su informe sobre libertad en internet recoge bloqueos de medios independientes, encarcelamientos por publicaciones digitales y nuevas medidas para vigilar contenidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha documentado la ausencia de instituciones democráticas, la subordinación de los poderes públicos y patrones de persecución, criminalización y hostigamiento contra activistas, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Por tanto, el régimen no es débil en todos los ámbitos. Es fuerte allí donde necesita vigilar, castigar y conservar el poder, pero extraordinariamente ineficiente cuando debe producir alimentos, administrar infraestructuras, proteger derechos o crear condiciones para que la población pueda desarrollar una vida digna.

Esa combinación no contradice la idea de fracaso estatal. La refuerza.

Los Estados frágiles pueden representar riesgos internacionales por múltiples vías: éxodos masivos, tráfico de personas, expansión de economías ilícitas, crisis humanitarias, conflictos regionales o utilización de su territorio por potencias extranjeras.

En el caso cubano, el efecto exterior más visible es la emigración. La salida de cientos de miles de personas no es solo una tragedia demográfica provocada por el desgobierno: ejerce presión sobre los sistemas migratorios de otros países, alimenta redes de tráfico humano y traslada al exterior parte del costo de la crisis creada por La Habana.

Existe además una dimensión de seguridad e inteligencia. El informe del Departamento de Estado titulado «Cuba: la capital del comunismo en el siglo XXI» presenta al régimen como un actor que durante décadas combinó espionaje, infiltración política, propaganda y cooperación con adversarios de Estados Unidos.

El documento cita casos comprobados judicialmente, como los de Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha, para sostener que la pobreza material de Cuba nunca eliminó la capacidad operativa de sus servicios de inteligencia.

El informe es un documento gubernamental con una finalidad política, no una investigación académica independiente. Sin embargo, su argumento central resulta difícil de descartar: un régimen empobrecido puede conservar redes de inteligencia, vínculos ideológicos, capacidad de influencia y alianzas con potencias que buscan proyectarse cerca del territorio estadounidense.

Ser pobre no equivale a ser inofensivo.

Hernández Nordelo plantea una disyuntiva falsa porque trata “Estado fallido” y “amenaza” como categorías incompatibles. No lo son.

Cuba puede fracasar en la provisión de bienestar, derechos, servicios públicos y oportunidades, mientras conserva instrumentos para reprimir internamente y causar efectos desestabilizadores en el exterior.

Puede perder población, sufrir apagones nacionales y depender de ayuda humanitaria, al mismo tiempo que mantiene un aparato de inteligencia experimentado y ofrece valor geopolítico a aliados de Washington.

La cuestión decisiva no es si el régimen controla el país. Lo controla. La cuestión es para qué utiliza ese control.

Después de más de seis décadas, el poder cubano ha demostrado mayor capacidad para perpetuarse que para gobernar eficazmente. Ese es precisamente el núcleo de su fracaso y una de las razones por las que sus consecuencias ya no terminan en las costas de la isla.