Frei Betto
Tomado de la web del Comité Carioca de Solidaridad con Cuba
En junio hice mi tercer viaje a Cuba este año. Dos de ellos al servicio de la FAO, para asesorar el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional del país. Debido al bloqueo impuesto por Trump, la Isla del Caribe sufre una criminal asfixia energética, ya que depende del petróleo importado. Ningún país se atreve a romper el bloqueo por temor a sufrir represalias de Estados Unidos, ni siquiera China. En marzo, Rusia hizo llegar un petrolero con 740 mil barriles. Días después, un segundo petrolero ruso fue obligado a desviarse hacia Brasil al cruzar las aguas de Haití.
La población cubana vive en una situación de guerra. Debido a los frecuentes y prolongados apagones, muchas familias cocinan con carbón o con leña recogida en los patios traseros. Son muy pocos los vehículos que circulan por las calles y prácticamente no existe transporte público. Los hospitales y otros centros vitales para la vida del país funcionan gracias a paneles fotovoltaicos, insuficientes para atender la enorme demanda.
Por falta de combustible para los camiones, la basura se acumula en las calles de las ciudades y, en La Habana, una gran cantidad de medicamentos destinados a las ciudades del interior permanece almacenada.
En busca de salidas para la crisis, en la tercera semana de junio Cuba aprobó el paquete de reformas económicas más amplio desde el triunfo de la Revolución, en 1959. Con 176 medidas agrupadas en 23 ejes, la iniciativa, respaldada por el expresidente Raúl Castro, pretende hacer frente a la crisis más severa que vive el país desde el llamado «Período Especial» (1990-1995). Sin embargo, al flexibilizar el modelo centralizado, el gobierno de Miguel Díaz-Canel reabre un debate crucial: ¿estas reformas fortalecen el proyecto socialista o representan un retroceso?
La decisión de aplicar una «terapia de choque» caribeña fue impulsada por un escenario extremo: el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, la interrupción del suministro de combustible y la caída de los ingresos procedentes del turismo. El fracaso de la reforma monetaria y la ineficiencia estatal provocaron apagones de hasta veinte horas diarias y una escasez generalizada. El gobierno reconoce que la «brecha entre ingresos y precios es insostenible» y que la necesidad de cambios urgentes se ha vuelto inaplazable.
Las reformas promueven una descentralización radical:
- Fin de los monopolios estatales: el comercio exterior y la producción dejarán de ser exclusividad del Estado, con la apertura a importaciones y exportaciones directas.
- Privatización y capital privado: las empresas estatales podrán convertirse en empresas con accionariado, y se autoriza el funcionamiento de bancos privados. El sector privado, que ya representa el 15 % del PIB, dispondrá de un espacio ampliado, incluyendo la inversión inmobiliaria.
- Inversión extranjera y diáspora: los inversionistas ya no necesitarán socios estatales y los cubanos residentes en el exterior podrán invertir en el país.
- Empresas mixtas: se legaliza la asociación entre el Estado y el sector privado en diversos sectores, excepto en salud, educación y defensa.
- Reestructuración del Estado: el número de ministerios se reducirá de 27 a 20 para aumentar la eficiencia.
Las medidas incluyen también la municipalización de la economía: los municipios pasarán a ser independientes del poder central para crear empresas, importar y exportar, y aprobar inversiones de cubanos residentes en el exterior.
La narrativa oficial, expresada por el primer ministro Manuel Marrero, asegura que las transformaciones «no constituyen un desvío del proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica inherente de su desarrollo». La lógica es pragmática: para salvar el socialismo es necesario adoptar nuevos instrumentos económicos acordes con la realidad actual.
Desde esa perspectiva, la apertura es una herramienta para fortalecer el proyecto socialista y no para abandonarlo. El reconocimiento del mercado como un «instrumento para la asignación eficiente de recursos» se considera una evolución y no una capitulación. Además, la promesa de protección social busca mitigar los efectos de las reformas sobre los sectores más vulnerables y preservar el núcleo de justicia social del proyecto revolucionario. El presidente Díaz-Canel insiste en que «Cuba cambia para seguir siendo libre» y para «vivir mejor», presentando las reformas como un acto de soberanía.
Para algunos críticos, las medidas representan un alejamiento significativo de los principios socialistas. La privatización de sectores clave, la autorización de bancos privados y el desarrollo inmobiliario privado son vistos como la introducción de relaciones capitalistas en el corazón del proyecto socialista. El economista cubano Daniel Torralbas las califica como la «reforma económica más profunda en 70 años», lo que, para muchos, equivale a un cambio de sistema.
Existe el temor de que estos cambios conduzcan a una concentración de la renta y a un aumento de la desigualdad, algo que ya se ha observado con la dolarización parcial. Algunos analistas destacan que la vida mejora únicamente para quienes tienen acceso al dólar, creando una fractura social que contradice el ideal igualitario del socialismo. Además, el historial de aperturas seguidas de retrocesos alimenta la desconfianza.
El éxito o el fracaso de estas medidas respecto al proyecto socialista dependerá de su implementación y de factores externos, como el fin de la asfixia energética impuesta por Estados Unidos. El gobierno cubano apuesta a que la eficiencia económica generada por la apertura será capaz de financiar y preservar las conquistas sociales de la Revolución. Sin embargo, el riesgo de que las fuerzas del mercado desvirtúen el carácter igualitario del Estado es real.
En última instancia, Cuba adopta medidas audaces, propias del capitalismo, para salvar el socialismo, siguiendo el ejemplo de China y Vietnam. Que ello represente un perfeccionamiento o un retroceso dependerá del resultado práctico: de si una mayor eficiencia económica se traducirá en bienestar para la mayoría de la población sin sacrificar los pilares de la justicia social o si, por el contrario, abrirá una grieta irreparable en el proyecto revolucionario iniciado en 1959. El tiempo y la capacidad del gobierno revolucionario para gestionar esta transición dirán si estas reformas serán el inicio de un nuevo capítulo del socialismo cubano o el anuncio de su ocaso.
Un hecho resulta evidente: a pesar de las múltiples dificultades actuales, la resiliencia del pueblo cubano es incuestionable. Es como si los cubanos, que ya han enfrentado tantas amenazas del imperialismo y tantas crisis a lo largo de 67 años de Revolución, estuvieran convencidos de que no serán derrotados. Como me dijo un amigo en La Habana: «No tenemos electricidad, pero nos sobra energía».
Frei Betto es escritor, autor de la novela El vuelo de la locomotora (Rocco), entre otros libros. Librería virtual: freibetto.org.
Fundación Robert A. Paneque
