Cuba extiende por un año el plazo para legalizar viviendas construidas sin autorización

El Consejo de Ministros de Cuba extendió por un año adicional el proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales que carecen de estatus legal o fueron edificados sin cumplir las formalidades requeridas.
La norma, adoptada el 17 de junio de 2026 y firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, entra en vigor a través del Acuerdo 10378 publicado este martes en la Gaceta Oficial No. 70 Ordinaria de 2026.
Esta constituye la segunda prórroga de un proceso que arrancó en 2019 con el Acuerdo 8574.
La justificación oficial recogida en el texto del acuerdo apunta directamente a la crisis energética: «las diversas medidas implementadas en el país relacionadas con el ahorro energético han obstaculizado el acceso de la población a los trámites establecidos», dejando «pendientes un número significativo de casos por ordenar y legalizar».
Cuba acumula desde 2025 una de las peores crisis eléctricas de su historia, con apagones masivos y al menos seis colapsos nacionales del sistema eléctrico registrados en lo que va de 2026.
Las medidas de ahorro energético —reducción de jornadas administrativas, teletrabajo en la administración pública y clases a distancia— limitaron la capacidad de los ciudadanos para realizar gestiones presenciales, lo que dejó sin resolver una cantidad considerable de solicitudes de legalización.
El proceso tiene su origen en el Acuerdo 8574 del Consejo de Ministros, del 12 de marzo de 2019, que estableció un plazo inicial de seis años para regularizar inmuebles que, cumpliendo las regulaciones territoriales y urbanísticas, pudieran transferirse en concepto de propiedad a las personas naturales que los ocupan.
En 2025, el Acuerdo 10108 extendió ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 y simplificó el trámite al eliminar la obligación de que las Direcciones Municipales de la Vivienda realizaran el levantamiento en planta del inmueble, reduciendo el proceso en unos 15 días.
El Acuerdo 10378 establece que los términos, condiciones y obligaciones fijados en esas dos normas anteriores «son aplicables a los casos que se reciban a partir de la puesta en vigor del presente Acuerdo», es decir, desde este martes.
La prórroga se enmarca en un período de intensa actividad legislativa en materia de vivienda: en 2026 Cuba también aprobó una nueva Ley de Vivienda que refuerza el control estatal, limita la propiedad a dos viviendas por persona y permite al Estado recuperar inmuebles abandonados.
El texto íntegro del Acuerdo 10378 ocupa las páginas dos y tres de la Gaceta Oficial No. 70 Ordinaria de 2026, única norma publicada en ese número, con el identificador GOC-2026-474-O70.
Preguntas frecuentes sobre la prórroga de la legalización de viviendas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se ha prorrogado el proceso de legalización de viviendas en Cuba?
La prórroga del proceso de legalización de viviendas en Cuba se debe principalmente a la crisis energética, que ha obstaculizado el acceso de la población a los trámites establecidos, dejando un número significativo de casos pendientes de ordenar y legalizar.
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¿Cuál es el contexto de la crisis energética en Cuba?
Cuba acumula desde 2025 una de las peores crisis eléctricas de su historia, con apagones masivos y al menos seis colapsos nacionales del sistema eléctrico registrados en 2026. Las medidas de ahorro energético han limitado la capacidad de los ciudadanos para realizar gestiones presenciales, lo que ha afectado directamente el proceso de legalización de viviendas.
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¿Qué cambios introduce la nueva Ley de Vivienda en Cuba?
La nueva Ley de Vivienda en Cuba refuerza el control estatal sobre las propiedades, limita la propiedad a dos viviendas por persona y permite al Estado recuperar inmuebles abandonados. Además, introduce restricciones para la venta de viviendas subsidiadas y crea juntas de administración en edificios multifamiliares.
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¿Qué impacto tiene el límite de dos viviendas por persona en Cuba?
El límite de dos viviendas por persona, más una de descanso o veraneo, ha sido ratificado en el nuevo proyecto de Ley de Vivienda. Este límite busca controlar la propiedad inmobiliaria y evitar la acumulación de inmuebles, pero no resuelve el déficit habitacional que enfrenta el país.
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