El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla responsabilizó este miércoles al gobierno de Estados Unidos por el colapso total del Sistema Electroenergético Nacional ocurrido el martes, cuando la isla quedó sin electricidad tras la salida de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín.

Según el canciller, publicando en su cuenta de la red social X, la caída del sistema «se produce en un contexto de máxima asfixia a nuestra economía y a nuestro sector electroenergético por parte del gobierno de EE.UU.».

Rodríguez Parrilla apuntó directamente al secretario de Estado Marco Rubio, afirmando que a los gobernantes estadounidenses «no les importa el sufrimiento de miles de familias, los cientos de hospitales sin fluido eléctrico, la pérdida de alimentos por falta de refrigeración».

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, coincidió con esa lectura ante la prensa, al señalar que la interrupción —la tercera en los últimos ocho días— «obedece, en lo fundamental, a un sistema eléctrico severamente afectado por el bloqueo y, en particular, por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, dirigida a prohibir la entrada de petróleo a Cuba».

Levy añadió que en el país «persiste una ausencia total de combustible» y que no se cuenta con acceso a piezas de repuesto para las plantas termoeléctricas ni para las unidades de Energás.

La agencia estatal Prensa Latina informó que el sistema fue restablecido este miércoles a las 07:00 horas locales, según anunció la Unión Eléctrica de Cuba.

El colapso del martes fue el quinto apagón total del año y el décimo en los últimos 24 meses, en un contexto donde los cortes diarios promedian entre veinte y veinticuatro horas en muchas zonas del país.

En el momento del derrumbe, el sistema operaba con apenas 1,155 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW, un déficit de entre 1,990 y 2,020 MW.

El punto de inflexión más reciente de la crisis fue el 29 de enero de 2026, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que impuso aranceles secundarios a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, reduciendo las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90%.

El 1 de mayo de 2026, una segunda orden ejecutiva sancionó directamente a CUPET, la petrolera estatal cubana, bloqueando sus bienes y exponiendo a sanciones a empresas extranjeras que operen con ella.

El impacto humanitario es severo: más de 100,000 pacientes —incluidos 11,000 niños— esperan cirugías postergadas, mientras que 2,888 personas que dependen de hemodiálisis cuentan con suministros para apenas tres días.

El régimen cubano ha rechazado sistemáticamente cualquier responsabilidad propia en la crisis, atribuyendo el colapso íntegramente a las sanciones estadounidenses, sin reconocer el deterioro estructural de un parque termoeléctrico construido en la era soviética y sin mantenimiento adecuado durante décadas, ni el impacto de 67 años de gestión económica centralizada.

El récord histórico de déficit energético se registró apenas cinco días antes del último apagón: el 10 de julio el sistema alcanzó un faltante de 2,341 MW, con solo 935 MW disponibles, afectando al 73% de la población.