Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, explicó al Parlamento que la Ley traza las líneas para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental, en función del desarrollo agrario como base de la soberanía alimentaria.
El titular de la Agricultura expresó que para esta Ley se revisaron los procesos de reforma agraria de América Latina y el Caribe y los marcos legales sobre uso y posesión de la tierra como: Código Agrario de España, Ley Agraria de México, Fuero Privativo Agrario del Perú, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de Venezuela, la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de Bolivia, Estatuto de la Jurisdicción Agraria de Colombia, Código Procesal Agrario de Costa Rica, Código Agrario de Panamá, la Ley de Administración de Tierras de China y la Ley de Tierras de Vietnam.
También realizaron consultas con la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Sociedad Cubana de Derecho Agrario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que propiciaron dictámenes sobre los contenidos técnicos y jurídicos de la propuesta y revisión de tres tesis de pregrado, 77 tesis de especialidades y maestrías y seis doctorales en la materia.
Pérez Brito refirió que entre las principales cuestiones novedosas se establece los principios rectores de la propiedad, uso de la tierra y se actualizan los conceptos relacionados con esos temas, reconocen expresamente los derechos de los campesinos y otros productores agropecuarios y forestales.
Establece el derecho de la agricultura en pequeña y mediana escala como parte de los sistemas alimentarios locales, reconocen la realización de los productos turísticos de naturaleza, de aventura rural, ecoturismo y agroturismo como acciones complementarias a la producción, transformación y comercialización de alimentos para diversificar los ingresos.
El ministro de la Agricultura señaló que se autoriza la entrega de tierras por concepto de derecho real de usufructo a personas naturales y jurídicas hasta la cantidad solicitada en la proyección de trabajo en correspondencia con la línea de producción a desarrollar.
La nueva Ley de tierra, agropecuaria y forestal determina que la empresa estatal u otra entidad que administra la tierra como propiedad socialista de todo el pueblo o las cooperativas de producción acuerdan con los solicitantes la entrega y extensión de forma total o parcial y directa.
