La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este martes a la administración del presidente Donald Trump continuar, al menos temporalmente, con las deportaciones rápidas de inmigrantes a países distintos de los suyos, mientras los magistrados examinan la legalidad de una política que ya ha afectado a miles de personas, incluidos ciudadanos cubanos.

De acuerdo con la agencia Associated Press, La decisión suspende por ahora los efectos de fallos de tribunales inferiores que exigían ofrecer a los inmigrantes una oportunidad efectiva de objetar antes de ser enviados a una nación con la que no tienen vínculos.

La Corte Suprema también aceptó examinar el fondo del caso, Department of Homeland Security et al. v. D.V.D. et al., y programó los argumentos para diciembre. Por tanto, el pronunciamiento de este martes no determina definitivamente que la política sea legal, sino que permite al gobierno mantenerla mientras continúa el litigio.

La disputa llegó nuevamente al máximo tribunal después de que la administración Trump solicitara la semana pasada una intervención de emergencia. El gobierno aseguró que las restricciones impuestas por tribunales inferiores habían obligado a cancelar un vuelo de deportación que transportaría a unas 70 personas hacia tres países.

Entre las cuestiones que deberán resolver los magistrados está si los tribunales tenían autoridad para intervenir en las reclamaciones de los migrantes y si las directrices utilizadas por el gobierno para las deportaciones a terceros países cumplen con la legislación federal, el debido proceso y las protecciones relacionadas con la Convención contra la Tortura.

Una política que ya ha alcanzado a cubanos

La decisión tiene especial relevancia para los inmigrantes cubanos. La administración Trump había acudido a la Corte Suprema después de que el Primer Circuito de Apelaciones cuestionara el procedimiento utilizado para estas expulsiones, al considerar necesario que los migrantes recibieran aviso previo y una oportunidad significativa de impugnar el país de destino.

Los cubanos ya figuran entre las personas enviadas por Estados Unidos a naciones con las que no tenían vínculos previos.

En julio de 2025, la Corte Suprema permitió el traslado a Sudán del Sur de un grupo de inmigrantes entre los que se encontraban dos ciudadanos cubanos.

Otros cubanos fueron enviados posteriormente a países africanos como Esuatini. Uno de ellos, Juan Carlos Font Agüero, relató desde el Centro Correccional de Máxima Seguridad de Matsapha que llevaba meses detenido sin cargos ni fecha de liberación después de haber sido deportado desde Estados Unidos en noviembre de 2025.

Más recientemente, cuatro cubanos estuvieron entre los primeros inmigrantes deportados por Estados Unidos a Guyana bajo un acuerdo que permite al país sudamericano recibir nacionales de terceros Estados. Los seis integrantes de aquel grupo —cuatro cubanos y dos afganos— llegaron el 4 de septiembre y, según los registros citados entonces, ninguno tenía antecedentes penales.

La política también ha generado decisiones judiciales contrarias al gobierno. Este mes, una jueza federal de Colorado ordenó devolver a Estados Unidos al hondureño Bryan Omar Sánchez, deportado a la República Centroafricana pese a mantener una solicitud de asilo pendiente y contar con protección bajo la Convención contra la Tortura.

Según datos citados por Associated Press, la política de terceros países ha sido utilizada para realizar alrededor de 25,000 deportaciones a más de dos docenas de países, aunque la mayoría de esas expulsiones tuvo como destino México.

La batalla judicial, sin embargo, está lejos de terminar. Con la decisión de este martes, la administración Trump podrá continuar por ahora con las expulsiones a terceros países, mientras la Corte Suprema se prepara para escuchar en diciembre los argumentos sobre la legalidad del procedimiento.