Por Mark Friedman, miembro de la Asociación Internacional de Maquinistas
El 22 de julio de 2026, en Atlanta, tres jueces federales del Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito escucharon los argumentos orales en la apelación contra la condena de 2024 —considerada inconstitucional— por conspiración impuesta a los «Uhuru 3», miembros o simpatizantes del Partido Socialista del Pueblo Africano (APSP, por sus siglas en inglés), una organización internacional. Más de 80 partidarios de los Uhuru 3 abarrotaron la sala del tribunal en Atlanta.
El caso comenzó cuando equipos SWAT y el FBI realizaron una redada en la vivienda de Omali Yeshitela y su pareja; saquearon el lugar y se incautaron de computadoras y miles de páginas de documentos sobre la historia de la organización y sus actividades.
En 2024, un jurado de Tampa absolvió al presidente del APSP, Omali Yeshitela, y a dos simpatizantes blancos —Penny Hess y Jesse Nevel— de la acusación de actuar como agentes de Rusia; sin embargo, de manera contradictoria, los condenó por un cargo secundario y falso de conspiración por «no registrarse como agentes de una nación extranjera» bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
No obstante, políticamente, la causa de la acusación radicaba en que habían expresado opiniones contrarias al apoyo de EE. UU. a Ucrania y críticas al trato que EE. UU. ha dado a la población negra durante décadas.
Durante el juicio de 2024, el equipo legal de los Uhuru 3 convenció al jurado de que las opiniones expresadas por Yeshitela eran propias y no dictadas por el gobierno ruso, presentando pruebas impresas y en video del activismo de Yeshitela a lo largo de décadas.
El Departamento de Justicia había argumentado que los Uhuru 3 se dedicaban a difundir desinformación, «incluso si la información es veraz, pero hace que el gobierno quede mal». Asimismo, alegó que Yeshitela había viajado dos veces a Rusia para asistir a conferencias y había aceptado una donación de 5.000 dólares, distribuida a lo largo de varios años, por parte de una ONG rusa.
La apelación contra la condena de los Uhuru 3 por el cargo menor de conspiración se presentó el 16 de junio de 2025. En ella se argumentaba que debía revocarse el fallo del tribunal inferior, el cual sostenía que el discurso político legítimo pierde la protección de la Primera Enmienda cuando se alega que quien lo emite es un agente ruso.
Esta campaña de resistencia en defensa de la libertad de expresión ha recabado apoyo nacional e internacional de defensores de la Primera Enmienda y activistas por la justicia social de todo el espectro político, incluyendo el National Lawyers Guild, el Civil Liberties Defense Center, la National Conference of Black Lawyers, el Center for Political Innovation, el U.S. Peace Council, el Dr. Cornel West, Jimmy Dore, Max Blumenthal, el Dr. Gerald Horne e inclusoTucker Carlson. Se enviaron al juez cartas de apoyo de personas de 56 países y 48 estados. Los acusados fueron condenados a tres años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y restricciones de viaje.
En su moción de desestimación, los abogados de los «Uhuru 3» argumentaron: «El gobierno está utilizando aquí una ley penal federal para procesar a miembros de un grupo activista por su discurso político y su activismo en oposición a la política exterior de EE. UU. Al hacerlo, este procesamiento ataca el núcleo mismo de la Primera Enmienda».
«Este es el primer caso en el que el gobierno ha utilizado la ley que penaliza a los agentes extranjeros no registrados (18 USC §951) para atacar discursos políticos o disidentes. En resumen, si son condenados, se revertirán más de ocho décadas de precedentes de la Corte Suprema que prohíben al gobierno atacar el discurso político disidente y la disidencia», declaró el abogado principal, Leonard Goodman.
Un procesamiento que no es «neutral respecto al contenido»
La audiencia de alegatos orales duró menos de treinta minutos. El abogado de los Uhuru 3, Goodman, comenzó diciendo: «Este es un caso inédito. Es la primera vez que se utiliza la Sección 951 para atacar directamente el discurso. La acusación formal no alega que ninguno de estos acusados conspirara para cometer espionaje o destruir propiedades. Más bien, la acusación imputa una conspiración para difundir discurso político prorruso, descrito en el escrito de acusación como ‘propaganda y desinformación’ rusa».
El juez presidente Pryor intervino: «Esta acusación parece implicar necesariamente el discurso, pero la verdadera pregunta es: ¿es el delito —es decir, la falta de registro al actuar como agente de un gobierno extranjero— neutral respecto al contenido? A mí me parece que sí. Puede que las actividades de expresión en nombre de ese Estado extranjero sirvan como prueba de que usted es un agente que no se ha registrado». Al hablar con los periodistas cuando los miembros del grupo «Uhuru 3» y sus partidarios salían del tribunal federal de Atlanta, el presidente Omali declaró: «La fiscalía no tenía una explicación razonable de por qué enfrentábamos cargos de conspiración cuando el jurado nos había declarado inocentes del cargo principal».
Y añadió: «Nadie en este país tiene un vínculo mayor con la lucha por la libertad de expresión que la población negra. Cuando se aprobó la Carta de Derechos en 1791, las personas de origen africano eran consideradas propiedad; no teníamos derechos. No se daba por sentado que aquello fuerapara nosotros… Cuando vienen a por nosotros por cuestiones de libertad de expresión —libertad que nunca tuvimos—, no solo vienen a por nosotros: vienen a por ustedes. Vienen a por todos».
En la sesión informativa posterior
Angela Reaney, hablando en una reunión informativa con sus seguidores, dijo: «Debemos resistir la idea de que tenemos que acatar las normas… el APSP tiene la valentía de decir lo que quiere y eso no se puede criminalizar. Si perdemos hoy, simplemente significa que tendremos la oportunidad de lograr un mayor impacto en la Corte Suprema».
El abogado Mutaqee Akbar, defensor legal de Jesse Nevel (miembro del grupo «Uhuru 3»), añadió: «Esto ocurre solo cuando uno se pronuncia en contra de aquello sobre lo que el gobierno dice que no debemos hablar. El hecho de que esto sea injusto solo significa que debemos seguir luchando. La lucha continúa».
En un mitin celebrado la víspera de las audiencias judiciales, Omali Yeshitela declaró: «Nos mantenemos firmes del lado de los oprimidos, sin pedir disculpas… nos atacaron por impulsar la lucha contra el colonialismo». Hizo referencia a un reciente documento de 100 páginas del gobierno de EE. UU. en el que se alegaba que Cuba albergaba una red terrorista internacional —en la que habrían participado figuras como Robert F. Williams y Assata Shakur— y se afirmaba que «los cubanos son el problema; el socialismo es el problema».
Goodman señaló: «Esta es una batalla en defensa de la Primera Enmienda que ataca la libertad de expresión; se alega una conspiración para difundir propaganda rusa. El gobierno no procedió mediante una notificación de la FARA [Ley de Registro de Agentes Extranjeros], sino desplegando equiposSWAT. No existen pruebas de que los acusados actuaran bajo la dirección o el control de Rusia».
Diversas organizaciones y personalidades destacadas expresaron su solidaridad. Entre ellas figuraban la Conferencia Nacional de Abogados Negros (National Conference of Black Lawyers), estudiantes de facultadesde Derecho locales, veteranos activistas del Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC) del movimiento por los derechos civiles, así como grupos de liberación negra y organizaciones comunitarias.
Brenda López, en representación de los comités «US Hands Off Cuba» (EE. UU., ¡Manos fuera de Cuba!), reconoció el apoyo histórico del APSP a Cuba, así como su participación en el liderazgo de la campaña «Hands Off Cuba» y en delegaciones a la isla. «Cuba representa una amenaza; ellos brindan solidaridad al movimiento negro de aquí y a las luchas internacionales. ¿Quién estuvo allí para defender a Angola de la invasión del apartheid sudafricano y lograr la liberación de Mandela? Fue Cuba. Nuestros movimientos están interconectados: si van a por uno de nosotros, van a por todos. El macartismo está resurgiendo. Las organizaciones y activistas solidarios con Cuba deben sumarse a esta defensa, porque el gobierno utilizará el mismo argumento: que actuamos como agentes de Cuba simplemente por decir la verdad sobre su revolución». ¡Manos fuerade Uhuru! ¡Manos fuera de Cuba! Cuba sí, bloqueo no”.
