Ya está disponible en digital desde la Gaceta cubana la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma que busca, sobre todo, fomentar una verdadera economía del conocimiento.
Entrará en vigor en sesenta días y para lograr su cometido tiene una meta clarísima: conectar de una vez por todas la estrategia de desarrollo del país con lo que se investiga en las aulas y laboratorios.
Aprobada por el Parlamento el pasado mes de diciembre, esta ley es un instrumento para priorizar la aplicación práctica de lo que se investiga, y a su vez, resolver problemas concretos de la nación. Esa es en esencia la razón de ser de este ejercicio de construcción colectiva de la comunidad científica cubana, según precisa el doctor Armando Rodríguez Batista, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
El reto es grande: busca romper el molde tradicional donde la universidad investiga y la empresa no sabe cómo aplicar esos resultados. Habla de interacciones constantes, de quitar las trabas burocráticas para que el conocimiento salga de la academia y se convierta en más producción y servicios.
Incluso abre la puerta al sector no estatal. Las empresas privadas, cooperativas y trabajadores autónomos se incorporan formalmente al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto amplía la base participativa y reconoce que el talento y la innovación también están fuera de las instituciones estatales.
Para el asunto siempre pendiente de cómo y dónde obtener fuentes de financiamiento a la ciencia, la norma propone dar respuestas al crear mecanismos como el capital semilla y el financiamiento de riesgo para empresas de base tecnológica. Además, se permitirá constituir compañías basadas en patentes y marcas, lo que abre un abanico de posibilidades para monetizar el conocimiento.
La ley establece incentivos fiscales para quienes se reconozcan como innovadores. Suma nuevas categorías como las empresas de alta tecnología y las de incubación, dándoles un marco legal que antes no tenían.
Todo un andamiaje de nuevas figuras llega para dinamizar el sistema: los Parques Científico Tecnológicos, las fundaciones de Ciencia y Tecnología, las empresas de interfaz en las universidades…
A nivel de Gobierno, se crea el Consejo Nacional de Ciencia e Innovación como un espacio de discusión de políticas al máximo nivel. También se señala la consolidación del Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación, lo que debería obligar a los directivos a tomar decisiones basadas en datos y no en corazonadas. Esto último habría que verlo en acción, porque no es la primera vez que se habla al respecto.
La normativa reconoce que la clave de su éxito está precisamente en el potencial humano, motor de toda transformación social y científica, ahí está el mayor desafío. La formación, permanencia y estimulación de los profesionales del sector es una prioridad declarada. Hay que evitar que el talento se vaya y garantizar que las nuevas generaciones encuentren un espacio digno para desarrollarse y aportar al país.
Para redactar la ley, los expertos revisaron legislaciones de otras regiones, como México, Argentina, Brasil y España. La idea era aprender de los aciertos y errores de otros países y adaptar las mejores prácticas a la realidad cubana.
De esta forma, Cuba se alinea con tendencias globales y también se adoptan figuras como las alianzas público-privadas, que son comunes en naciones que han logrado transitar con éxito hacia una economía del conocimiento.
Se reconoce el papel protagónico de la Academia de Ciencias de Cuba como institución independiente, atendida directamente por el Consejo de Ministros, con su correspondiente respaldo jurídico y político para seguir dictando pautas, evaluar la ciencia nacional y velar por la ética y la vocación de servicio de nuestros científicos.
La ley promueve, asimismo, la inserción internacional de la ciencia cubana. Un ejemplo reciente es la convocatoria conjunta entre el Citma y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China para investigar en Inteligencia Artificial y Medicina Natural y Tradicional.
El paquete normativo se amplió a sí mismo con el Decreto-Ley 139 de la Academia de Ciencias, junto a los Decretos 154 y 155 que reglamentan la ley y la actividad de innovación. Con todo este andamiaje, se busca que la ciencia deje de ser un adorno o un mero vocablo en el discurso de futuro de esta nación y se convierta en ese imprescindible motor del desarrollo que tanto necesita el país.

