La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz de la Presidencia de Colombia (Uiafp) presentó este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el mandatario electo, Abelardo De la Espriella.
La demanda alude a presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, derivadas de declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño, último comandante en jefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz.
El contenido de la denuncia sostiene que este tipo de expresiones, emitidas en un contexto de persistente violencia contra los exguerrilleros, pueden contribuir a la estigmatización, incrementar los riesgos para la vida e integridad de estas personas y afectar las garantías de seguridad y no repetición previstas en el pacto firmado en 2016.
La querella refiere asimismo la ocurrencia de manifestaciones de violencia política y de género, en cuyo caso se encuentra Pilar Rueda, quien se desempeña como asesora de Despacho del director y coordinadora del equipo de género en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El pasado domingo, el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció que eliminará la (Uiafp), cuya misión es coordinar el cumplimiento del pacto suscrito entre el Gobierno y la extinta guerrilla FARC-EP.
En una alocución difundida en sus redes sociales, comunicó que también desaparecerá la figura del comisionado para la Paz porque, según mencionó, “no habrá más procesos de falsa paz en su Gobierno”.
Añadió además que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, “merece estar preso de por vida” y que trabajará en función de ello.
También habló sobre la JEP, el tribunal de justicia transicional creado tras el pacto de 2016, al que calificó como una institución que da “refugio” a Pilar Rueda, la esposa del excandidato presidencial y hoy senador de oposición, Iván Cepeda.
En un comunicado difundido previamente, la Uiafp recordó que Acuerdo Final no es un compromiso de un gobierno de turno; sino que constituye una política de Estado con estabilidad y seguridad jurídica reforzada mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-630 de 2017.
Remarcó asimismo la entidad que tal cuestión «significa que las autoridades públicas no pueden desconocer estos compromisos ni adoptar decisiones que vacíen de contenido su cumplimiento».
«Como lo reiteró la Corte en la Sentencia C-036 de 2025, el Acuerdo Final obliga al Estado colombiano bajo el principio constitucional de buena fe a impulsar y garantizar su implementación», enfatizó.
Fundación Robert A. Paneque
